Desde hoy Nicaragua ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos. Cumplido el plazo de dos años desde que la dictadura de Daniel Ortega denunció la Carta de la OEA, el país queda oficialmente fuera del organismo.
El 19 de noviembre de 2021, la dictadura anunció su decisión de retirarse de la OEA por sus “reiteradas acciones injerencistas”. Días antes la Asamblea General de la OEA desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de ese año en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron con sus principales contendientes en prisión.
La semana pasada, el Consejo Permanente de la OEA advirtió que, pese a su salida, el Estado de Nicaragua continúa obligado a respetar y proteger los derechos humanos contenidos en convenciones internacionales que ha ratificado.
IMPLICACIONES ECONÓMICAS
El politólogo Manuel Orozco de Diálogo Interamericano ha explicado que la salida de Nicaragua de la OEA afecta de forma negativa a su reputación internacional.
“Nicaragua sepultó su credibilidad totalmente con el anuncio (de la salida)”, ha dicho. La segunda implicación es económica, ya que podría desembocar en menos préstamos por parte de entidades internacionales.
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“Implicaría que la comunidad internacional va a repensar el apoyo a un régimen dictatorial en términos de financiamiento externo” según Orozco. “Entonces, eso tiene implicaciones en la relación con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano Integración Económica”.
Otras organizaciones internacionales y no gubernamentales también podrían dejar de trabajar con Nicaragua.
MÁS SANCIONES
Estados Unidos y sus socios han anticipado que continuarán evaluando todas las herramientas para instar a Nicaragua a “cumplir sus obligaciones”
En entrevista con la Voz de América, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, aseguró que Estados Unidos junto a una coalición de países de la OEA siguen evaluando cómo pueden “trabajar para presionar a Nicaragua a que cese la represión y restituya la democracia”.
Esta semana el presidente Joe Biden extendió por un año más el decreto que considera a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional.
Jacobstein dijo que esta extensión “deja claro que los gobiernos que niegan a sus pueblos los derechos humanos o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas”.
Aunque explicó que esta declaración “no incluye una designación específica”, sí le da a Estados Unidos “autoridad para continuar haciendo estas designaciones” que “siguen estando sobre la mesa”.
