El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantiene “en la lista negra” de países que no cumplen a “cabalidad” los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, ya que “minimiza” la gravedad del problema, señala un informe Tráfico de Personas de 2022 que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Nicaragua permanece en el nivel 3, el más bajo de la categoría, por la falta de esfuerzos significativos en la lucha contra este delito, a pesar de que tomó algunas medidas como el enjuiciamiento a ocho presuntos traficantes y la condena a cuatro traficantes sexuales.
“Sin embargo, el gobierno continuó minimizando la gravedad del problema de la trata en Nicaragua” y la sociedad civil denunció el aumento de casos durante la pandemia del Covid-19.
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Estados Unidos señala que “observadores” cuestionaron la validez de los informes oficiales del ejecutivo nicaragüenses, sobre la trata, “incluidas las estadísticas de aplicación de la ley” y algunos alegaron que el régimen “oscureció o clasificó erróneamente intencionalmente los casos de trata para minimizar las estadísticas de tráfico”.
NI FONDOS NI ASISTENCIA
Nicaragua tampoco cuenta con albergues ni fondos para brindar asistencia especializada a las víctimas y “el gobierno hizo esfuerzos insignificantes para abordar el tráfico laboral, aunque seguía siendo una preocupación seria”.
Washington señala que el régimen negó que nicaragüenses sean explotados en países extranjeros a pesar de los informes de prensa que identificaron a varias víctimas. A eso se suma que tampoco informa de investigaciones, enjuiciamientos o condenas a “empleados cómplices de delitos de tráfico, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada”.
“La sociedad civil hizo informes indicativos de complicidad oficial en delitos de trata, incluida la asociación entre funcionarios públicos y burdeles donde se practica el sexo infantil puede haber ocurrido el tráfico. Aunque la corrupción era endémica, el gobierno no tenía políticas para prevenir la complicidad oficial en tráfico, contribuyendo a un ambiente de impunidad y potencialmente disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien los delitos de trata”, expone el informe.
El gobierno no cooperó con las organizaciones para brindar servicios de protección o incluir a la sociedad civil en la Coalición Nacional contra la Trata.
RECOMENDACIONES
Para mejorar el combate contra este delito, Estados Unidos recomienda aumentar los esfuerzos para identificar a las víctimas de trata de personas, especialmente las relacionadas a trata laboral y víctimas extranjeras, también pide enjuiciar y condenar a los traficantes “incluidos los funcionarios cómplices”.
Además, solicita la implementación de la Estrategia Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas y “remitir efectivamente a las víctimas a servicios apropiados”.
“Asociarse con oenegés para proporcionar a las víctimas servicios de atención y reintegración a corto y largo plazo. Aumentar la financiación para protección de las víctimas, financiar el fondo de trata y brindar atención especializada servicios para las víctimas de la trata”, indica.
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Otra de las recomendaciones es cumplir con el artículo 8 de la Ley contra la trata de personas, el cual señala que un integrante de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con Niños, Niñas y Adolescentes (Codeni) debe ser incluida en la Coalición contra la Trata de Personas (NCATIP). Pero Codeni fue ilegalizada por la Asamblea Nacional el pasado 20 de abril en medio de la embestida que ha desatado el régimen contra las organizaciones sin fines de lucro.
También solicitan fortalecer la aplicación de la Ley y la protección a las víctimas en la Costa Caribe de Nicaragua, donde el régimen no identificó víctima, a pesar que es una zona donde predomina la pobreza endémica y «la limitada presencia oficial contribuyeron a una importante vulnerabilidad a la trata».
