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El Cenidh: Nicaragua vive bajo un “estado de terror permanente”

El organismo defensor de los derechos humanos señala al Poder Judicial como el mayor instrumento de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, dice que Ortega ejerce prácticas represivas “propias de las mafias o de las peores dictaduras del mundo”.

terror nicaragua

Nicaragua ha entrado en un estado de terror permanente. A esa conclusión ha llegado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su informe anual en el que identifica al Poder Judicial como el “mayor instrumento de represión” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El “estado del terror” del que habla el organismo se consolidó con las farsas electorales de 2021 y 2022.

“(El régimen) se ha valido de este para encarcelar y enjuiciar inocentes en los denominados juicios nulos la acción más aberrante y violatoria de derechos humanos, registrada en la historia más reciente de Nicaragua”, dice una de las conclusiones del documento que ha enviado el organismo a los medios de comunicación.

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A lo largo del año, el organismo que preside Vilma Núñez documentó que la Policía, turbas y fanáticos del régimen están organizados para mantener constante vigilancia, hostigar, agredir y amenazar a personas consideradas opositoras; excarcelados políticos, familiares de personas presas políticas, activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, «en un afán de intimidar y recordar quién tiene el poder y de quién son las calles».

A la fecha, el régimen mantiene en las cárceles, principalmente en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a 235 personas, entre empresarios y figuras claves de la oposición. En ese sentido, el Cenidh menciona que las detenciones arbitrarias de personas opositoras han sido una de las prácticas criminales más usadas en 2022 “lo que refleja su incapacidad para gobernar y su falta de voluntad por respetar las leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos”.

Otro elemento a destacar en el patrón represivo es que el régimen ha decidido apresar a los familiares de personas opositoras a las que no ha logrado capturar, exigiéndoles que se entreguen para que sus parientes sean liberados. “Una práctica utilizada solo por las mafias o las peores dictaduras del mundo”, acota.

Exilio y cercenamiento de la libertad de prensa

En el informe de 76 páginas, el Cenidh recapitula las violaciones a los derechos humanos y libertades públicas que ocurrieron a lo largo del año pasado. En cuanto a la libertad  de expresión considera que en 2022 Ortega continuó  con su estrategia represiva contra toda persona que alzara su voz criticando sus políticas criminales, de igual forma incrementó el hostigamiento, allanamientos, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización contra periodistas.

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Algunos  periodistas han salido del país para salvaguardar su integridad personal, mientras que a otros se les ha negado la entrada como al responsable de la Agencia EFE en Managua, Luis Felipe Palacios. No obstante, el principal ataque al periodismo siguen siendo las detenciones de periodistas y la confiscación de las instalaciones de 100% Noticias, La Prensa y Confidencial.

“En Nicaragua no existe la libertad de expresión y prensa”, denuncia. 

Por otro lado, el Cenid pone en perspectiva que  la dictadura ha ocasionado la desarticulación de las familias nicaragüenses, obligándolas al exilio forzado. “El núcleo de la sociedad está fracturado por la incesante represión y estado de terror, leyes represivas, por la pobreza, el hambre, falta de empleos, un salario que no cubre las necesidades diarias (…)”, enuncia en una especie de letanías por las que Nicaragua se vuelve cada vez más invivible.

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Por último, analiza que la  libertad de conciencia y religión es causa de hostigamiento, agresiones incluso detención arbitraria y procesamiento de decenas de sacerdotes. El caso más mediático es el de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien también es víctima del “silencio o respuestas tímidas de los altos dirigentes de la iglesia católica”.

“Cerramos el año con un saldo absolutamente negativo, en cuanto a la vigencia y respeto de los derechos humanos, de conformidad con las leyes nacionales y estándares internacionales sobre la materia, este es el nuevo contexto que toda la sociedad -campesinos, estudiantes, mujeres, pueblos indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos- tenemos que cambiar con decisión, fortaleciendo nuestros esfuerzos, impulsando acciones que nos permitan profundizar nuestro compromiso con la gente, con Nicaragua”, concluye. 

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