“Niñas de casa”
la esclavitud infantil a puertas cerradas en Nicaragua

Niñas que, víctimas de la pobreza, son enviadas a casas de familias “mecenas” que las terminan esclavizando. En pleno siglo XXI, esta es una explotación infantil tolerada y normalizada ante la ausencia del Estado, mientras no existen cifras que dimensionen esta práctica tan arraigada

María Haydée Brenes, Edith Pineda y José Denis Cruz | 11 de octubre, 2020

Al cumplir los 10 años, Mireya* no conocía la escuela, pero ya lavaba, cocinaba y cumplía obligaciones en una casa que no era la suya. Desde hacía dos años vivía con una tía, con quien su madre le ordenó irse para que ayudara en un negocio que ella tenía en Puerto Príncipe, una colonia del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua, con más desarrollo económico que el caserío asentado a orillas del río Punta Gorda de donde la niña es originaria. Nunca había salido de ese lugar condenado a la pobreza y en el que ni siquiera existía el servicio de energía eléctrica.

Desde el primer día, Mireya asumió cargas. Siendo una niña, debía estar en pie a las 4:30 de la mañana para limpiar la casa, lavar los platos y barrer el patio. También aprendió a cambiarle el pañal a la menor de sus tres primos y a prepararle la pacha. En el negocio de su tía, tenía que alistar las mesas de un local que antes del amanecer funcionaba como desayunador. Y más tarde, a eso de las nueve de la mañana, la pequeña debía transformar el desayunador en una venta de productos plásticos. Desde pequeñita, su familia la había obligado a asumir tareas domésticas. Es decir, una especie de “criada”, como se le conoce popularmente en Nicaragua a las niñas que son sometidas a trabajo infantil doméstico. Una explotación que ocurre a puertas cerradas y que tiene para las víctimas múltiples consecuencias.

Siendo una niña, debía estar en pie a las 4:30 de la mañana para limpiar la casa, lavar los platos y barrer el patio.

Todo cambió cuando el mayor de los tres hijos de su tía cumplió la edad para ir al colegio y comprendió que los niños como ella también iban. “A los diez años me comencé a dar cuenta que a mí no me mandaban a clases y cuando pregunté si yo también iba a ir, mi tía dijo que no, porque yo estaba para ayudarla y que mi mamá tampoco me iba a mandar. Cuando ella dijo eso me sentí mal. Ese día en el lavandero no jugué, lloré mucho”, cuenta Mireya, quien pidió que omitiéramos su nombre completo.

Ese día también escuchó de boca de la cocinera del comedor de su tía una frase que marcaría su vida: “Mireya, vos sos hija de casa, tu tía te da de comer, te viste, te calza. Vos le ayudás y ella te mantiene”. Entonces comprendió lo que su madre no le dijo el día que le ordenó irse con su tía. “Solo mencionó que la ayudaría, pero jamás se habló de que me iban a pagar, ni nada; solo alisté mi ropita, me subí al bote con mi tía y sus hijos y les dije adiós”.

Mireya, la quinta de una prole de once, se emocionó con la idea de ir a vivir a un lugar donde había luz eléctrica y agua. Por fin --pensó-- dejaría de ir al río a buscar agua para su casa. Pero nada fue mejor.

Por regla, a eso de las 9:00 de la mañana, hasta que se iban los comensales y dejaba instalada la venta de productos plásticos, tenía permiso para desayunar. Cuando clareaba iba sacando la venta de cosas plásticas: baldes, bidones, panas, vasos todo lo debía acomodar. “Siempre tenía hambre y era muy flaquita”, recuerda.

Lavar la ropa en un lavadero en el patio era su alegría. “Ese rato era mi momento de ser niña, porque, como no había nadie viéndome, cantaba. Me mojaba, jugaba mientras lavaba, tendía la ropa, me bañaba y después de eso, como a la una de la tarde, comía. Luego tenía que quedarme en el negocio cuidando hasta que ya de nuevo había que meter las cosas plásticas; nos daban de comer y a dormir, porque al día siguiente era otra vez lo mismo”, narra Mireya, ahora de 51 años, sin renegar de su suerte, porque cree que su vida comparada con la de muchas mujeres que ha conocido y que también sirvieron en casas ajenas “fue un cuento de hadas”.

“Cuando mi primo entró a clases vino su abuelo, el suegro de mi tía que vivía en Nueva Guinea, yo le decía tío Julián, aunque no era nada mío y fue él quien le dijo a su hijo y a mi tía que si no me metían a la escuela él me iba a llevar a su casa, porque todos los niños debían estudiar… que si era que no tenían reales para los cuadernos y el uniforme él lo iba a pagar. Creo que eso los avergonzó y al día siguiente comencé la escuela que era en el turno vespertino, pero siempre tenía que hacer todas las cosas”, rememora Mireya.

La primaria la terminó en una escuela rural en tres años, y a los 14 años su tía la mandó con su primo a Nueva Guinea para que iniciaran la secundaria. A él a un mejor colegio. Ella en uno público y siempre matriculada en el turno de la tarde, porque también debía “ayudar" casa del tío a donde llegaron a vivir. Logró ingresar a la estatal Universidad Nacional Agraria en Managua gracias a una beca y al apoyo del tío Julián.

“A mi tío Julián yo le agradezco porque siempre se preocupó por mandarme a estudiar, por cuidarme. Dios lo mandó y ahora trabajo con una ONG y voy a las zonas rurales y veo niñas como yo, que trabajan duro y siempre pregunto si van a la escuela y les digo ‘yo trabajé como usted, así que lo que debe hacer es estudiar’. Les digo a los dueños de los locales donde las veo que deben ir a la escuela sino caerán presos, para asustarlos, pero siguen habiendo muchas hijas de casa que no tienen un tío bueno”, lamenta.

EXPLOTACIÓN A PUERTAS CERRADAS

El hecho de que haya niñas en el rol sirvientas en casas de otros sea visto como un asunto privado, las vuelve vulnerables.

Niñas arrancadas de sus hogares y convertidas en empleadas domésticas en casas ajenas es la forma de explotación infantil más antigua e invisibilizada en países de Latinoamérica. Para la sociedad son “hijas de casa”: niñas o adolescentes provenientes de hogares golpeados por la miseria, a las que un conocido o familiar recibe en su casa para ponerlas a trabajar a cambio de techo, comida y, si acaso, tiempo para ir a la escuela. Casi nunca reciben una paga.

El hecho de que haya niñas en el rol sirvientas en casas de otros sea visto como un asunto privado, las vuelve vulnerables.

Y ante la carencia de datos, el relato a viva voz de las víctimas confirma que “puertas adentro” de un hogar que no es el propio las niñas son privadas de sus derechos fundamentales y corren peligro de sufrir violencia física, psicológica y sexual.

“Ser empleada doméstica es un riesgo. Los hombres de la casa siempre quieren abusar de uno: nos tocan y si no nos dejamos nos amenazan con corrernos. Además, la patrona si es su hijo o marido, les cree a ellos y una es humillada y corrida”, contó Hezzel en 2002, cuando tenía 15 años y una década de trayectoria sirviendo a desconocidos. Su historia es parte del informe “El trabajo infantil y adolescente doméstico…pesa demasiado”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina que recoge testimonios de niñas y adolescentes de Centroamérica y República Dominicana que trabajan en casas de terceros.

Hezzel, originaria de Managua, trabajaba desde las 8 hasta las 10 de la noche en una comidería a cambio de una paga diaria de 50 córdobas. “Muchos de los hombres que vienen a comer me ofrecen cosas y me prometen sacarme de allí, a mí me enamoran y hay abusados que le rozan las partes de uno, pero aquí se puede protestar aunque no mucho porque la dueña dice que si maltratamos a los cliente nos corren”, relató la niña que para entonces asumía la carga de seis hermanos junto con su madre, quien se jugaba el diario en el vertedero municipal La Chureca, antes que el lugar fuera transformado en una planta recicladora de basura.

Nicaragua no cuenta con informes institucionales actualizados que evidencien la dimensión de la explotación infantil de niñas en casas ajenas. Tampoco existen políticas ni programas enfocados en contrarrestar la normalización del problema. Al estar el tema fuera de la agenda del país, la percepción favorable hacia quienes sacan provecho de esta forma de abuso persiste.



La Encuesta Continua de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide) reveló que un total de 396,118 niños trabajaban, es decir el 31.1% de la población total infantil, entonces cifrada en 1,273,834.

Los últimos datos oficiales sobre el trabajo infantil corresponden a 2012. La Encuesta Continua de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide) reveló que un total de 396,118 niños trabajaban, es decir el 31.1% de la población total infantil, entonces cifrada en 1,273,834. El Gobierno de Nicaragua está obligado a realizar esta muestra cada cinco años, pero no cumple.

Para 2012, el 54.7% de niños y niñas eran trabajadores familiares sin pago, el 18.7% trabajaba como jornalero o peón, el 15.7% como obrero asalariado, el 8.6% por cuenta propia y el 2.3% como trabajador no familiar sin pago. En este último estaría incluido el servicio doméstico, pero no se precisa. Tampoco el Ministerio del Trabajo (Mitrab), garante por ley a proteger los derechos laborales ofrece registros, alertas o denuncias sobre el trabajo doméstico como forma de trabajo infantil.

Los únicos esfuerzos por alertar sobre los riesgos y abusos que supone esta práctica, tan generalizada y poco atendida, provienen de organizaciones no gubernamentales, en algunos casos dirigidos desde otros países. En los informes de Gobierno no hay registros sobre esta carga laboral con sesgo de género.

En enero del año 2019, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) publicó el informe Acciones del Estado de Nicaragua contra el Trabajo Infantil. El documento ni siquiera ofrece datos sobre el trabajo infantil en general en el país. Señala que la institución realizó 13,830 inspecciones laborales, de las cuales 1,693 estaban relacionadas con trabajo en menores de edad. Sin aportar detalles, reporta que tutelaron a 2,186 adolescentes trabajadoras. En ese periodo, el Mitrab solo aplicó 262 infracciones e investigó dos casos relacionados a la explotación sexual en adolescentes en Chontales y Rivas.

El Mitrab, dicen especialistas en temas de niñez, no se ocupa de la explotación laboral que sufren las hijas de casa porque no tiene inspectores capacitados para este fin. Eso mantiene el velo de protección que desde siempre ha cubierto a quienes someten a las niñas a jornadas de más de 10 horas diarias, mientras quedan expuestas a muchos riesgos que vulneran sus derechos fundamentales, el principal: a ser niñas.

Aunque en papel el Estado de Nicaragua reafirma su obligación de proteger a la niñez de cualquier forma de trabajo infantil, explotación sexual comercial u otros actos delictivos y, encima, asegura que están en marcha acciones para erradicar ese tipo de amenazas para la niñez, no aborda el problema. Tampoco cumple con la Convención de los Derechos del Niño del que es firmante y en el que se compromete a erradicar cualquier forma de explotación infantil.

DESPACHO 505 solicitó una entrevista o datos actualizados al Mitrab y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan) sobre el trabajo infantil doméstico, pero hasta el momento de esta publicación no se obtuvo respuesta. También se solicitó información a la procuradora de la Niñez y la Adolescencia, Victoria Alvarado.

El Mitrab, dicen especialistas en temas de niñez, no se ocupa de la explotación laboral que sufren las hijas de casa porque no tiene inspectores capacitados para este fin.

“Estas niñas y adolescentes están fuera del alcance de la ley, porque el Mitrab ha capacitado a inspectores de trabajo infantil para que anden en las empresas certificando que se cumplan con las condiciones para que un adolescente trabaje, pero no para que anden de casa en casa preguntando ‘buenas, ¿aquí vive un adolescente que trabaja?’ Solo que exista una vía y es la denuncia ,explica Julia Pérez, del área legal de la oenegé Casa Alianza.



Según Pérez, hacen falta campañas de educación y prevención para que la ciudadanía aprenda que no es normal que una niña realice labores en un sitio que no es su hogar, donde no comparte las mismas condiciones de los hijos u otros miembros de la casa y su jornada se extiende hasta la noche. Pérez considera urgente quitar la careta del padrinazgo o madrinazgo detrás de una forma tan cruel de violentar los derechos de las niñas.

Casa Alianza alberga a niñas y adolescentes en situación de riesgo y abuso. Cada año recibe a unas 40 que se encontraban en situación de abuso y esclavitud como trabajadoras domésticas. “Las niñas y adolescentes no vienen necesariamente por la situación laboral sino por otras situaciones de abuso, y ya en el proceso de trabajo con ellas es que nos damos cuenta de que vinieron a Managua a trabajar, y muchas veces huyendo de otros abusos o animadas porque van a estar en la ciudad; les dicen que es bonito, que saldrán a pasear, que pueden estudiar, comprarse cosas y así caen”, refiere la sicóloga Ingrid Acuña.

INFANCIA MARCADA POR EL ABUSO

En la casa de su madrina en la ciudad de Matagalpa, Marisol Hernández sufrió abuso sexual. Una noche, el marido de la señora a la que le servía se apareció junto a su cama completamente desnudo. Al sentir que alguien le estaba quitando la sábana y tocando su cuerpo encendió la luz y pudo descubrir al abusador.

“Mi factor protector fue el apagador de la luz de la sala, donde yo acomodaba el catre, entonces cuando sentí eso encendí la luz, fue terrible porque estaba el marido de mi madrina desnudo frente a mí, haciendo el gesto que me callara. Yo no grité, pero la luz encendida hizo que se fuera”, narra.

Esa noche fue larga. Pasó con miedo y ya no pudo dormir. Al día siguiente, un viernes, recuerda, se fue a la casa de sus padres y le contó todo a su mamá. Le creyó y le prometió que no la mandaría más donde su madrina, pero le pidió que no le contara a su papá porque tenía que tomara venganza.

Marisol para entonces tenía 11 años y creció con la imagen de esa noche en la que alguien en quien su familia confiaba intentó abusar de ella. Pero el haber sido niña de crianza, no solo le dejó esa secuela. Ahora sufre de fiebre reumática a consecuencia de las tareas pesadas que la obligaban a realizar en esa casa.

“Me llevaron a vivir donde mi madrina para que estudiara, pero ahí me asignaron la obligación de encargarme de buscar el agua, así sin importar la hora, fuese de madrugada o medianoche yo a mis 9 años, andaba con un balde acarreando agua mientras los hijos de mi madrina de 14, 16 y 21 años estaban en la casa”, recuerda Marisol Hernández, de 54 años.

Los padres de Marisol vivían en una comunidad a casi dos horas de Matagalpa. Eran agricultores, que deseaban que sus hijos estudiaran y al ser ella la hija mayor cuando llegó al cuarto grado, que era todo lo que ofrecía la escuela de su comunidad, fue llevada a casa de su madrina en la ciudad donde permaneció dos años.

Ahora ya adulta, reconoce que pasó mucho tiempo de su vida sin ser consciente que fue víctima de abuso. Se ha encontrado en su crecimiento a más mujeres, que en su momento fueron hijas de crianza, que tienen secuelas como quemaduras graves, embarazos de los patrones, golpes, menciona.

Cuenta que a cualquier hora la mandaban sola a acarrear agua. “Yo me ponía mis chinelas y salía, sin importar la cantidad de viajes y la distancia que debía recorrer, hacía los viajes que fueran necesarios; a veces la mamá de mi madrina me acompañaba, pero no siempre, era agotador iba con frío, con lluvia, sola en la noche, en la oscuridad, pienso: ¡Cómo estuve expuesta a tantas cosas!”.

Marisol estudiaba Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el campus médico de León, y un día no pudo levantarse. Sus compañeros la llevaron al Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales y ahí recibió el diagnóstico de fiebre reumática, una consecuencia del peso, la humedad y el sobre esfuerzo realizado en su infancia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha identificado varios peligros a los que están particularmente expuestos las niñas trabajadoras domésticas y por los cuales esa labor es considerada en algunos países como una de las peores formas de trabajo infantil.

Entre los riesgos más comunes que las niñas enfrentan en el trabajo doméstico incluyen: jornadas laborales largas y agotadoras; el uso de químicos tóxicos; el transporte de cargas pesadas; la manipulación de objetos peligrosos, como cuchillos, hachas u ollas calientes; alimentación y alojamiento insuficientes o inadecuados; el trato humillante o degradante, incluyendo violencia física o verbal y el abuso sexual.

Según el organismo internacional, los peligros aumentan cuando la víctima vive en el domicilio del empleador. “Estos peligros deben ser evaluados dentro del contexto de la privación de los derechos fundamentales del niño, como por ejemplo, el acceso a la educación y a la atención médica, el derecho a descansar, a tener tiempo libre, a jugar y a realizar otras actividades recreativas, así como el derecho a recibir cuidados y a tener contacto regular con sus padres y amigos”, señala la organización.

Estos factores, dicen, pueden tener un impacto físico, psicológico y moral irreversible en el desarrollo, salud y bienestar del niño. Marisol lo sufre en carne propia.

Aunque en papel el Estado de Nicaragua reafirma su obligación de proteger a la niñez de cualquier forma de trabajo infantil, explotación sexual comercial u otros actos delictivos y, encima, asegura que están en marcha acciones para erradicar ese tipo de amenazas para la niñez, no aborda el problema.

POBREZA:
RIESGO CONSTANTE

La explotación infantil doméstica está asociada a la pobreza. Nicaragua enfrenta en los últimos años un aumento de la pobreza y el desempleo producto de la crisis sociopolítica de 2018 y la pandemia de COVID-19, las cuales han desplomado la economía nacional. Este contexto expone más a las niñas. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la economía caerá a 8% en 2020 y la tasa de empobrecimiento superará el 50% de la población.

Al término de este año, indicó la Cepal, el 52.7% de la población vivirá en pobreza mientras que el 22.8% en pobreza extrema. En esos porcentajes se encuentra María Salazar, una mujer que trabajaba lavando y planchando en la ciudad de Masaya y Managua, pero que ahora ha visto mermado sus ingresos porque sus clientes han preferido desistir de sus servicios para evitar contagios de coronavirus.



Salazar, originaria de la comunidad Pacayita, es madre soltera y tiene cinco hijos: tres ya adultos que trabajan como cargadores en el mercado de Masaya, con salarios que no superan los 3,000 córdobas al mes, y dos pequeñas que se encargan de las labores de la casa. Ahora piensa en cómo va a mantener a las pequeñas de 15 y 13 años. La opción, dice, es decirles a la madrina de las niñas que vive en Granada que le ayude con la manutención de al menos una de ellas.

“Yo hablé con mi comadre y le dije que necesito que me ayude con una de las niñas, ellas tienen que seguir en la escuela y yo no puedo mantenerlas más porque ya casi no hay trabajo. Si se van, tienen que ayudarle con las tareas de la casa”, menciona la mujer. Su comadre es una mujer que conoció en el mercado de Masaya y de la que es amiga desde hace más de 20 años. “Aprecia a las niñas”, asegura.

Sin saberlo, Salazar conduce a sus hijas a los peligros de la explotación infantil dentro de una casa ajena. La justificación suele ser la misma: tendrá educación, saldrá de la pobreza y vivirá mejor.

Nicaragua enfrenta en los últimos años un aumento de la pobreza y el desempleo producto de la crisis sociopolítica de 2018 y la pandemia de COVID-19, las cuales han desplomado la economía nacional. Este contexto expone más a las niñas.

LEYES QUEBRANTADAS

Nicaragua cuenta con un marco legal que protege a las niñas, pero a medias. Tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia como el Código del Trabajo establecen que ninguna empresa ni personas naturales o jurídicas podrá contratar a menores de 14 años.

Mientras los especialistas consideran que ninguna niña o adolescente debería trabajar, ambos marcos regulatorios vigentes consienten el trabajo de adolescentes, bajo supervisión del Ministerio del Trabajo (Mitrab). Pero -insisten los defensores- ni el Mitrab ni ninguna otra institución cumple la obligación de velar porque los derechos de las niñas sean respetados, menos cuando la explotación doméstica infantil ocurre en casas de familiares o “madrina”.

Estos cuatro hechos demuestran cómo se violentan los derechos de las niñas en los hogares de Nicaragua.

1. El Código del Trabajo dice en su artículo 131 que la edad mínima para trabajar en Nicaragua es 14 años, pero con excepciones: “se le debe permitir a los adolescentes continuar con su educación, su salud y todos los requisitos del interés superior del adolescente, por cuanto debe trabajar su recreación, su educación y nivel social”.

Los hechos Solo el 15% de una muestra de 139 niñas y adolescentes trabajadoras de Estelí encuestadas en 2001 para el estudio Trabajo Infantil Doméstico en Nicaragua, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas dijo que estudiaban, y que a pesar de los cortes, heridas y quemaduras sufridas realizando sus labores no habían sido llevadas al médico. El 3% de estas niñas y adolescentes señaló no tener un día de descanso, el cual creían no merecer porque trabajaban dentro de la casa que habitaban.

2. La Ley establece otras excepciones muy importantes como la igualdad de salario. Este debe ser pagado con moneda de curso legal, no en especias, sin embargo muchas personas creen que es suficiente con proveer techo y comida a las niñas. Eso es un delito.

Los hechos Oenegés consultadas para este reportaje concluyeron que las personas buscan a niñas y adolescentes para laborar en casas porque su manutención es menor a lo que estarían obligados a pagar si contrataran a una adulta. En los pocos casos en los que se pacta sueldo una parte la destina el empleador para comprar las cosas de aseo personal de la niña, y el resto lo entrega a sus padres. La mayoría no recibe paga.

3. El Código Laboral establece en seis horas por día el horario laboral de los menores y un máximo de 30 horas semanales, para que puedan continuar con su educación y así no haya explotación. La norma, además expresa prohibiciones y sanciones para las empresas que exploten a las adolescentes, así, estos no deben trabajar en minería y en agricultura. La ley explica que las niñas podrán trabajar acorde a su edad y desarrollo y no bajo explotación laboral. Los hechos El trabajo doméstico infantil es considerado por la Organización Internacional del Trabajo una de las peores formas de trabajo infantil debido a las largas y extenuantes jornadas, la realización de labores que no son acordes a su desarrollo físico y mental.

4. A la explotación laboral doméstica se le puede sumar en algunos casos el artículo 33 del Código Penal que dice que quien someta, reduzca o mantenga a una persona en esclavitud o condiciones similares a la esclavitud, trabajos forzados obligatorios, al margen de cualquier situación que atente contra su dignidad humana será castigado con prisión de cinco a 8 años.

Esto se agrava si la niña o adolescente permanece en reclutamiento forzado y si se comprueba otro tipo de violaciones a sus derechos como golpes y abuso sexual.

Los hechos Algunas de las víctimas de este tipo de esclavitud han señalado incluso que tenían prohibido hablar con los vecinos o pararse en las puertas a la calle, según testimonios recogidos por organizaciones defensoras de las niñas.

¿PRESCRIBE EL DELITO? ¿SE PUEDE DENUNCIAR?

Julia Pérez, responsable del área legal de la organización Casa Alianza, señaló que los delitos contra niños, niñas y adolescentes prescriben 20 años después de cometidos.

“Cuando el delito va más allá de la explotación laboral sino que se retienen documentos, se coacciona, es otro delito que va dentro de la trata de personas porque no pueden estar coaccionadas, ni reclutadas, ni encerradas reteniendo sus documentos; mucho menos un niño o niña que son altamente vulnerables y este delito la ley lo castiga con 20 años de prisión”, explicó Pérez. ¿Y qué pasa con las familias, hay sanción para los padres?

El mismo delito se imputaría, y se agrava más porque ellos deben velar como tutores del cuido y crianza de este niño, niña o adolescente.

Muchas veces los padres, dicen los especialistas, ven a los hijos como un bien que les beneficiará a ellos. “Las ven como un patrimonio para enriquecerse y ahí cabrían medidas de protección, pues en estos casos los padres no están siendo los garantes de la protección de sus hijos”, señalan. Cuando ocurren estas situaciones, el Ministerio de la Familia otorga medidas de protección y es la única institución que puede quitarle los hijos o hijas a los padres, porque tienen la autoridad de buscar el bien del niño, niña o adolescente y ponerlo en un centro de protección, como Casa Alianza.

LORNA NORORI

"No podemos hacer algo de la noche a la mañana con un problema que ha sido histórico, lo primero es dimensionarlo"

La sicóloga especialista en temas de niñez e infancia expresa que las niñas víctimas de la explotación doméstica están expuestas a abusos sexuales y a largas jornadas de trabajo que limitan su desarrollo.

LEER ENTREVISTA

Creditos

Ilustración: Antonio Ramírez
Desarrollo: Gabriela Ampié