El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha deportado a 231 nicaragüenses y ha prohibido el ingreso al país de 56 en lo que va de 2023, revela un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Según la Oacnudh, el régimen ha acentuado los patrones sistemáticos de violaciones a derechos como el de libre circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país, tanto de nacionales como de extranjeros a quienes la dictadura considera como “voces disidentes”.
Los patrones represivos que ha detectado la Oacnudh están la prohibición de ingreso al país de nicaragüenses, denegación de pasaportes nuevos o renovación tanto en Nicaragua como fuera del país y casos de confiscación del documento cuando quieren salir del país.
En este segmento se encuentran familiares de las 316 personas que fueron desnacionalizadas en febrero de este año, así como defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores, activistas políticos y líderes estudiantiles.
RESTRICCIÓN MIGRATORIA
El estudio que recoge las violaciones de derechos humanos desde 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2023, identificó que el 41 por ciento de la negativa de ingresos al país, (22 personas) se dio en el mes abril, cuando se conmemora la crisis sociopolítica que comenzó en el 2018. En el mes de julio un total de 12 personas sufrieron restricción migratoria y en agosto hubo 10 casos.
“La Oficina ha observado en muchos de los casos de deportación y prohibición de ingreso, la vulnerabilidad en la que se encuentran personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no contar con redes de apoyo, recursos económicos, garantía a sus derechos al acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud”, detalla el informe.
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Tanto los deportados y a los que se les niega el ingreso enfrentan problemas para definir su situación migratoria y desconocimiento del idioma en muchos casos.
Oacnudh responsabiliza al régimen de violar el derecho al trabajo, vivienda, a la vida digna, a la salud, a la educación, a la familia, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, asociación y reunión y a la seguridad personal, ya que muchas personas intentan cruzar las fronteras de Nicaragua por lugares no convencionales.
VIOLACIONES A DERECHOS DE LOS NIÑOS
La instancia de derechos humanos señala que ha documentado violaciones a los derechos de los niños relacionados al derecho a preservar sus relaciones familiares sin “injerencias ilícitas, la separación de sus padres y familiares contra su voluntad”, así como la negativa y tardía respuesta del Estado de la solicitud de los padres para que los niños puedan salir de Nicaragua, así como los derechos a la salud y educación entre otros.
“Llama la atención que, pese a que el Estado ha declarado la inexistencia de 316 personas, a fin de que los niños y niñas puedan reunificarse con sus padres en el extranjero, se les está exigiendo un permiso que debe ser tramitado en los consulados nicaragüenses por el padre o la madre que se encuentra en el exilio”, exponen.
Los permisos de salida son imposibles de obtenerlos ya que el régimen no los reconoce como nicaragüenses lo cual dificulta el derecho a la reunificación familiar.
