El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua informó este sábado que, según sus registros, 2,805 personas han fallecido en el país con síntomas de la Covid-19 o por neumonía, incluidas nueve en la última semana.

La entidad, una red de médicos y voluntarios de todo el país, también reportó 11,357 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado 25 de noviembre, una cifra superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta el martes pasado, las autoridades de Salud reportaban 5,784 casos confirmados y 160 fallecidos.

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El Gobierno de Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar la cifra de casos confirmados, las muertes y recuperados.

Asimismo, el Observatorio alertó hoy de que 822 trabajadores de la salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de la Covid-19, entre ellos 109 que han fallecido.

EXPOSICIÓN POR AGLOMERACIONES

El ente advirtió que en Nicaragua sigue la exposición de personas en aglomeraciones y que las autoridades de salud han brindado una “atención inadecuada” ante la emergencia causada por los huracanes Eta e Iota, que azotaron recientemente el país.

“Se reportó que en barrios costeros de Bilwi (Caribe norte) y comunidades indígenas, que fueron severamente afectadas por los huracanes, no se utilizan mascarillas, hay hacinamiento y no hay acceso de agua para el lavado de manos”, alertó.

El Observatorio abogó por garantizar mascarillas y el acceso urgente al agua, y que el Gobierno, en los protocolos de evacuación y de albergue, tome en consideración la prevención de la pandemia.

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El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.

Ortega se ha declarado en contra de la campaña “Quédate en casa” porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.

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