La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles la resolución resolución “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, que emplaza al régimen de Daniel Ortega a aprobar una reforma electoral, negociada con la oposición, antes de mayo de 2021.

La resolución, catalogada como una “acción inamistosa” por el embajador orteguista Luis Alvarado, fue aprobada con 20 votos a favor. El documento fue promovido por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela.

En la resolución, los cancilleres de América expresan: “Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021“.

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La Asamblea General solicita a la Secretaría General de la OEA “que apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas”.

Según el máximo órgano de la organización, es esencia que estas medidas incluyan, entre otras cosas:

a) La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable

b) Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos

c) Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes

d) Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada

e) Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación

f) Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real

g) Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos

LOS PRESOS POLÍTICOS Y LAS LEYES MORDAZA

En los considerando de la resolución, los cancilleres reiteran la preocupación de la comunidad interamericana “por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua”, y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde abril de 2018.

Asimismo, reiteran que el Gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos; no ha permitido la labor efectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos en Nicaragua, incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI); y no ha garantizado la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

Los estados miembro rechazan el hecho de que las detenciones arbitrarias no han cesado; que las fuerzas policiales auxiliares y las milicias armadas del Frente Sandinista—que han continuado sus abusos y acciones ilegales— no han sido desmanteladas, tal como lo pidió la CIDH. También destacan que la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos no ha sido protegida; y que no se ha permitido el regreso seguro y permanencia de todas las personas que fueron obligadas a abandonar Nicaragua.

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Finalmente, los cancilleres se muestran preocupados por la tendencia del régimen de utilizar la legislación para intimidar o amenazar a los miembros de los grupos prodemocráticos y de los medios de comunicación independientes en Nicaragua, como la introducción de la “Ley de Agentes Extranjeros”, otra ley que propone penas de cadena perpetua para “delitos de odio” definidos a grandes rasgos, y una tercera ley que propone castigos por la difusión de las llamadas “noticias falsas” en los medios de comunicación social, con hasta cuatro años de prisión.

“Estos proyectos de ley, según la CIDH, socavan el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión, así como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho de asociación”, expresó la Asamblea General.

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