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    Reporte 505

    OEA condena confiscación y exige restitución de su sede en Managua

    La resolución de la OEA que exige restitución de su sede fue aprobada con 29 votos a favor, tres abstenciones y dos presentes, entre ellas Nicaragua.

    OEA
    Consejo Permanente de la OEA.

    El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este viernes con el voto favorable de 29 delegaciones, ninguna en contra, tres abstenciones y dos ausentes, una resolución en la cual condena la confiscación de su sede y demanda la restitución de su representación diplomática en Managua.

    México está entre los países que votaron a favor de la resolución de la OEA que demanda la restitución «inmediatamente a la Organización el uso de los locales incautados por el Gobierno de Nicaragua».

    La resolución además expresa que darán seguimiento a la crisis en Nicaragua y «considerar la adopción de medidas adicionales según sea necesario»

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    Previo a la votación el embajador Ronald Sanders, representante de Antigua y Barbudas, expresó que con la aprobación de esta resolución el Consejo Permanente enviaba “un firme mensaje al gobierno de Nicaragua y a cualquier otro gobierno que pueda contemplar esta posibilidad en el futuro”.

    Además pidió a los Estados miembros a que la resolución fuera adoptada por consenso, petición que fue secundada por Canadá, pero el representante de El Salvador, Agustín Vásquez Gómez señaló que no estaban preparados para aprobar la resolución por consenso.

    EL SALVALDOR Y HONDURAS SE ABSTIENEN

    Vásquez Gómez justificó su abstención al afirmar que en la historia reciente de la OEA, las normas de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, “fueron veladamente transgredidas e ignoradas en favor de unos y en perjuicio de otros distorsionando y erosionando la convivencia pacífica que debería existir en la región”.

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    Junto a El Salvador también se abstuvieron Honduras y San Vicente y Las Granadinas. Las dos naciones ausentes fueron Nicaragua y Bolivia.

    La sesión extraordinaria se realizó a petición de la delegación de Canadá y contó con el respaldo de Antigua y Barbuda, Brasil, Grenada y Estados Unidos.

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    La sede de la OEA fue ocupada por la Policía Orteguista el pasado 24 de abril, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara la salida del organismo del país y retirara las credenciales a sus representantes en Washington. Un hecho que es considerado sin precedentes ya que viola las normas diplomáticas básicas de la Convención de Viena de 1961.

    Posteriormente fueron confiscadas y el régimen anunció que en dicho edificio instalarán un Museo de la Infamia.

    El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró que Nicaragua violó las normas internacionales al tomarse por la fuerza las instalaciones del organismo y señaló que la resolución que aprobó el Consejo Permanente es una “fuerte respuesta”.

    Dio a conocer este viernes que los bienes que tenía la organización en su sede ubicada en Managua se encuentran de manera transitoria en un depósito, pese al llamado de la secretaria de la OEA.

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    “Saludamos el llamado del Consejo Permanente para que Nicaragua restituya inmediatamente a la Organización el uso de los locales que le fueron incautados”, señaló Almagro.

    CANADÁ LLAMA A UTILIZAR TODAS LAS «HERRAMIENTAS»

    El representante de Canadá Hugh Adsett, además de condenar la toma del edificio, expuso que la resolución manda un mensaje fuerte al régimen de que “son los responsables de esta violación flagrante del derecho humanitario internacional”.

    “El hecho innegable es que el comportamiento del régimen es cada vez más horrible”, apuntó el diplomático quien recordó la detención de los opositores previo a las elecciones de noviembre pasado.

    Adsett llamó a las demás naciones miembros de la OEA a dar seguimiento a la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua e instó a utilizar «todas las herramientas, las que disponemos y responder adecuadamente cuando el régimen de Ortega actúe de una manera que demande una respuesta por parte de la OEA».

    ESTADOS UNIDOS CONDENA CONFISCACIÓN

    El representante de Estados Unidos señaló que su país apoya la resolución y considera que la adopción condenando “el ataque a las oficinas de la OEA en Managua”, es vital para el organismo hemisférico.

    Manifestó que la toma “forzada” de edificios diplomáticos enviando policías armados con metralletas para cerrar una sede pequeña, viola las normas internacionales básicas que tienen relación con la inviolabilidad de estas sedes.

    “Esta resolución deja claro que los Estados miembros de la OEA no van a tolerar dichas acciones. Condenamos la acción de la manera más categórica posible en el contexto de los regímenes y ese rechazo largo a los compromisos de nuestros gobiernos para con la democracia y el estado de derecho”, apuntó el diplomático.

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    Añadió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ignorado las resoluciones del Consejo Permanente de la OEA y ha desafiado los compromisos internacionales y ha negado los derechos humanos de sus ciudadanos.

    Nicaragua denunció la Carta de la OEA, el pasado 19 de noviembre, iniciando de esta manera su proceso de salida del organismo, pero el representante de Estados Unidos, recordó que Ortega tiene que respetar sus obligaciones internacionales.

    Chile, se sumó a las condenas por la confiscación del edificio y Sebastián Kraljevich Chadwick, representante del país sudamericano expuso que la crisis en Nicaragua se puede superar a través del diálogo, el cual debe de surgir del pueblo de Nicaragua con el apoyo de la comunidad internacional.

    Raúl Martínez representante de Paraguay, manifestó que la confiscación de las instalaciones de la OEA es una nueva “afrenta” no solo integración de la región sino también a los principios del derecho internacional. La nación demandó la devolución de los bienes incautados y exhortó a Ortega «a ajustar su conducta a los principios básicos del derecho internacional”.

    Paraguay también solicitó la liberación de todos los presos políticos y la celebración de elecciones libres y justas.

    El 19 de noviembre del 2021, el régimen denunció la Carta de la OEA e inició el proceso de salida del organismo que no se hará efectiva, oficialmente, hasta noviembre de 2023.

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