El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes al régimen de Daniel Ortega la liberación de los presos políticos y facilitar “urgentemente” la expedición de documentos de viaje oficiales “para permitir la salida de todas las personas que quieran abandonar Nicaragua”.
La situación en el país “ha continuado deteriorándose gravemente” en el último año y el régimen ha reducido el espacio cívico y democrático “hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”, según un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El Gobierno de Nicaragua continuó limitando indebidamente los espacios cívico y democrático del país, incrementando su control sobre instituciones y espacios públicos, y restringiendo las actividades de individuos y grupos que sostienen voces disidentes y, cada vez más, también de quienes no caen bajo su esfera de influencia”, indicó el Alto Comisionado.
El informe ofrece una visión general de la situación desde el 15 de agosto de 2022 hasta el 15 de junio de 2023. En ese periodo, las personas percibidas como opositoras al régimen fueron perseguidas y sometidas a un amplio abanico de medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos, que incluyen penas de prisión dictadas sin juicio previo y la privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales carentes de cualquier viso de legalidad.
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Las familias de estas personas también se han visto afectadas por estas medidas. Ha tenido un efecto amedrentador en el conjunto de la sociedad nicaragüense, al dejar claro que cualquier persona crítica con el régimen, así como sus familiares, sería castigada.
Entre esos castigos está el impedimento de entrada y salida a Nicaragua de familiares de opositores al régimen o de personas percibidas como tal.
En ese sentido, el Alto Comisionado insistió en otorgar pasaportes especialmente a niños, niñas y cónyuges que busquen la reunificación familiar.
Además, instó a permitir el retorno seguro de todos y todas las nicaragüenses que deseen regresar al país.
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO Y ATAQUES A LA IGLESIA
Aunque la Iglesia católica y sus miembros han sido objeto de ataques desde que comenzó la crisis de 2018, en último año “se produjo una fuerte escalada en su frecuencia y gravedad”.
Destaca el encarcelamiento prologando de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien según la ONU “permanece incomunicado y en condiciones carcelarias inhumanas”.
En el país han continuado produciéndose detenciones sin orden judicial ni información sobre los motivos de las mismas. Se ha impedido a las personas detenidas comunicarse de manera oportuna, libre y confidencial con sus abogados y abogadas. Además, las personas detenidas sólo han podido reunirse con sus defensores inmediatamente antes de las audiencias, bajo la supervisión de agentes de policía.
Debido al agravamiento de la crisis, el Alto Comisionado insistió a la dictadura en la necesidad de permitir a la OACNUDH y a otras organizaciones regionales e internacionales el acceso a Nicaragua y cooperar eficazmente con ellas.
De momento, el régimen no ha respondido al informe.
En este 54 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentará un avance de su investigación sobre los crímenes perpetrados por la dictadura desde abril de 2018.
En esta segunda parte de su trabajo, tras la ampliación del mandato efectuada en el mes de marzo, el Grupo de Expertos realizaría una investigación adicional sobre el papel del Ejército de Nicaragua en la represión. Así lo ha confirmado a DESPACHO 505, Ángela María Buitrago, experta del Grupo.
