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    ONU y CIDH insisten al régimen de Ortega que cese las detenciones arbitrarias en Nicaragua

    Las organizaciones internacionales piden garantizar un trato digno y acceso a las personas bajo su custodia, así como respetar el debido proceso y asegurar una defensa adecuada a los presos políticos.

    La oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron este viernes al régimen de Daniel Ortega que cese las detenciones «arbitrarias e ilegales» de opositores en Nicaragua, después de que 36 personas hayan sido detenidas antes de las elecciones de noviembre próximo.

    En un comunicado fechado en Washington y Panamá, la ONU y CIDH condenaron la «criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua», en particular la reciente orden de detención, allanamiento y acusación en contra del escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.

    Además, denunciaron las «graves condiciones de detención» de los presos políticos, que según aseguraron están siendo sometidos, en particular las mujeres, a interrogatorios constantes, aislamiento o exposición a la luz artificial las 24 horas del día.

    También advirtieron que los detenidos son alimentados de forma insuficiente y no tienen atención médica ni reciben agua.

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    Entre los detenidos en Nicaragua están siete líderes que expresaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios de noviembre, en los que el gobernante de ese país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

    También han sido arrestados líderes de movimientos sociales, periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos.

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    ACUSACIONES SON INDEBIDAS

    Los organismos denunciaron que en la mayoría de los casos «el Estado no habría confirmado oficialmente el paradero de las personas detenidas, impidiéndoles además tener contacto con sus familiares por períodos de hasta más de 80 días, y el acceso a un abogado de su elección».

    En ese contexto, rechazaron «el uso indebido de acusaciones penales» en contra de los opositores, que aseguran enfrentan acusaciones por delitos graves como lavado de dinero, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

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    Y advirtieron que las acusaciones «no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo» al haber sido presentadas en varios casos «en audiencias preliminares privadas y secretas, en instalaciones distintas a los tribunales judiciales, en horas de la madrugada» y a menudo sin presencia de los representantes legales.

    Las organizaciones pidieron igualmente a las autoridades responsables garantizar un trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia, así como respetar el debido proceso y asegurar una defensa adecuada.

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