La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco señaló este miércoles a Daniel Ortega de establecer la «persecución religiosa» como una política de Estado, luego de que la Policía abriera una investigación contra la Iglesia católica nicaragüense, a la que acusó de formar parte de una red de lavado de dinero.
«La dictadura de los Ortega Murillo ha establecido la persecución religiosa como una política de Estado, especialmente contra la Iglesia católica», anotó la Unidad Nacional a través de una declaración leída por el opositor exiliado Héctor Mairena, integrante del consejo político de ese grupo y a quien las autoridades le retiraron la nacionalidad.
«El encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a (más de) 26 años de prisión y que está actualmente en condiciones infrahumanas, es la expresión más grave de esa política», indicó esa Unidad.
Además del obispo Álvarez, otros tres sacerdotes se encuentran en prisión actualmente investigados por lavado de dinero o «traición a la patria», añadió.
«La dictadura ha expulsado del país a decenas de sacerdotes y religiosas, ha confiscado medios de comunicación y organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, ha liquidado y confiscado escuelas parroquiales y órdenes religiosas», enumeró la Unidad Nacional.
Observó que «más recientemente la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de las nueve diócesis y sus respectivas parroquias, al tiempo que ha acusado a la Iglesia católica de lavado de dinero y le ha abierto un proceso por ello».
Además «ordenó la confiscación de las instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac en (el municipio) San Sebastián de Yalí y expulsó del país a las religiosas que lo regentaban», continuó.
Esas medidas, agregó, son parte de las más de 500 agresiones contra la Iglesia católica que se registran desde 2018 a la fecha, cuando estalló la crisis que vive Nicaragua.
SE AFIANZA EN NICARAGUA «UN ESTADO TOTALITARIO»
«Estas gravísimas acciones son parte del modelo represivo que la dictadura ha impuesto con un estado totalitario afianzado y que persigue aniquilar totalmente cualquier espacio mínimamente independiente», advirtió ese grupo opositor.
«Al mismo tiempo que expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, rechazamos y condenamos de la manera más enérgica esta política que denunciamos ante la comunidad internacional de la que demandamos acciones más firmes», concluyó.
La Policía de Nicaragua acusó el sábado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis» de Nicaragua.
También dijo haber confirmado «la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar», y que se trata «de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en (las) diócesis de distintos departamentos» de Nicaragua.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El Papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
