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Oposición: Reformas y nuevos magistrados electorales abren la puerta al fraude

La oposición de Nicaragua expresa un rotundo rechazo a las reformas electorales y la designación de magistrados leales a Ortega en el CSE.

Asamblea Nacional
Asamblea Nacional, elección de magistrados y aprobación de reformas electorales. EFE

Con reformas que permiten inhibir, controlar y reprimir a opositores; y el control del orteguismo en el Consejo Supremo Electoral; los diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional han dejado abierta la puerta al fraude para las elecciones de noviembre próximo, alerta la oposición de Nicaragua. El objetivo es claro, dicen: mantener a Daniel Ortega en el poder.

Tras la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y designación de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la oposición ha coincidido en expresar su absoluto rechazo porque consideran que anula la confianza y credibilidad.

En un comunicado, la Alianza Ciudadana, conformada por la Alianza Cívica, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Movimiento de Unidad Costeña señaló que el resultado de la sesión parlamentaria del martes fue motivado por el temor al voto que tiene Ortega.

El bloque opositor considera “grave para Nicaragua que el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la credibilidad al Poder Electoral, y más grave aún es que las reformas electorales, en el proceso de aprobación, aumenten los márgenes de discrecionalidad de esos magistrados”.

Con el voto de la bancada sandinista y sus aliados, fueron electos magistrados los siete propuestos por diputados del FSLN y tres nominados por diputados miembros de partidos colaboracionistas, desechando por completo las postulaciones que promovió la oposición.

CENIDH CONDENA ATROPELLO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

“La Asamblea Nacional, con el voto de los partidos colaboracionistas, eligió un Consejo Supremo Electoral que responde totalmente a los intereses del régimen, integrado por magistrados propuestos por diputados del oficialismo y partidos satélites”, criticó en un tuit la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey.

Al respecto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó que exista en Nicaragua exista un Poder Legislativo que «atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar con la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega Murillo».

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ANÁLISIS: Ortega institucionaliza un “descarado” fraude electoral en Nicaragua

El organismo defensor alertó que el país está «ante la más brutal represión y violación de los derechos humanos, a la vez que resulta una muestra de total desprecio a los llamados de la comunidad internacional (sobre) el deber de protección a los pueblos frente a los atropellos de gobiernos dictatoriales».

Gioconda Belli, también manifestó decepción por el rumbo del país: «Deprimente, cada día (que) nos toca ver el poder ORMU (Ortega Murillo) usando la aplanadora del fraude para atornillarse a una presidencia usurpada (por) reelección inconstitucional y ahora sobre la voluntad de las mayorías. El pueblo ha perdido la soberanía; el país es finca familiar otra vez», dijo la escritora que perteneció al FSLN durante el primer régimen (1979-1990) y del que ahora está distanciada.

RUMBO OPUESTO A OEA

En octubre pasado la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) había solicitado a Nicaragua crear condiciones a más tardar en mayo de 2021 para unas elecciones «creíbles», sin embargo, las reformas, que siguieron el camino contrario, podrían agravar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

«Con esta situación que ha materializado el régimen Ortega Murillo, contraria a la voluntad popular, se manifiesta que el fraude electoral se ha institucionalizado y legalizado en las disposiciones de la Ley Electoral y, además, denota la nula voluntad del grupo en el poder de resolver la crisis por los cauces constitucionales», indicó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

La Cámara de Industrias de Nicaragua también expresó su rechazo total a la reforma electoral «por considerar que mantiene un propósito inhibidor, restrictivo y represivo, que no contribuye al desarrollo mínimo de unas elecciones nacionales libres, justas y transparentes».

UNA APLANADORA CONTRA CUATRO

Las reformas crearon controversia desde el momento en que fueron propuestas por el FSLN, el pasado 12 de abril, debido a que van en sentido contrario a la demanda de la OEA, pero su aprobación era un hecho debido al control mayoritario del oficialismo. La votación cerró con 85 votos a favor, una aplanadora contra solo cuatro votos en contra.

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«Pasar las leyes por una aplanadora no es legislar por el pueblo. El intento de reformas no solo desestima las condiciones básicas de la OEA, sino también pasan por encima de esos anhelos de un pueblo, con leyes fabricadas para excluir, vetar a ciudadanos que pudieran causarle ruido a Daniel Ortega», criticó la legisladora Azucena Castillo, del PLC, que votó en contra, pese a que la mayoría de su bancada lo hizo a favor.

El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Mejía Ferreti, calificó la aprobación de las reformas como «frustrante», debido a que su contenido es excluyente.

«Es fácil venir a decir el mensaje del apocalipsis», señaló, por su lado, el diputado del PLC Miguel Rosales, quien afirmó que el voto a favor de las reformas es «un mensaje de optimismo y de esperanza al pueblo de Nicaragua».

Los diputados sandinistas defendieron las reformas con el argumento de que escucharon «con respeto» a 19 partidos políticos, y aceptaron una serie de recomendaciones del PLC, relacionadas con el uso de nuevas tecnología, equidad de género o el reembolso de gastos electorales sin restricciones.

Con información de EFE

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