Una coalición de organismos celebró la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ampliar la investigación de los crímenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio de la renovación por dos años del mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua.
Un hecho “histórico y excepcional”, destacó este lunes el Colectivo 46/2 tras la votación de la resolución, porque es la segunda vez en la historia que Naciones Unidas extiende un mandato de investigación en un país.
“Esta excepcionalidad no solo refleja la gravedad de la situación en Nicaragua sino también la constancia y el deterioro de la crisis a largo plazo y desde el 2018 y el creciente aislamiento del gobierno de la comunidad internacional”, valoró en una conferencia virtual Raphael Viana, integrante del International Service for Human Rights (ISHR), uno de los organismos que integra el Colectivo 46/2.
El Grupo de Expertos sobre Nicaragua (GHREN) fue creado el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país a partir del 2018.
Un informe presentado por los investigadores identificó violaciones y abusos violaciones perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos que permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad. Ante esta conclusión el GHREN pidió a la comunidad internacional iniciar acciones legales para sancionar a los responsables.
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SEGUIR DOCUMENTANDO VIOLACIONES
Con el nuevo mandato, los expertos tendrán la tarea de identificar a los perpetradores, las raíces de la crisis y preservar la evidencia para futuros procesos de justicia.
“Estos dos años nos permite seguir documentando lo que sigue sucediendo sobre todo en un país que vive en represión”, destacó Alexandra Salazar, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) al denunciar que la dictadura propicia el clima de impunidad en Nicaragua.
Según Salazar, esta nueva etapa de investigación también permitirá a los expertos ahondar en las investigaciones sobre los perpetradores y la cadena de mandos de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el despojo de nacionalidad como método de represión política.
Salazar dijo que la desnacionalización masiva de ciudadanos opositores demuestra la “irracionalidad del régimen” y denunció que aun tras su destierro continúan sufriendo las consecuencias de la venganza política pues la burocracia institucional bloquea los procesos que siguen para conseguir la reunificación familiar.
La abogada denunció el establecimiento de un nuevo patrón represivo en Nicaragua que consiste en «detener, criminalizar, juzgar, condenar en ausencia seguido del destierro forzado”.
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La resolución aprobada este lunes contó con 21 votos a favor, 5 en contra (los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones. Para Viena estos números reflejan un mayor apoyo ya que el año pasado la votación fue de 20 a favor, 7 en contra del año. Solo 47 miembros de los 193 pueden ejercer el derecho al voto.
ALIENTO PARA LAS VÍCTIMAS
Sobre la votación, Viena destacó como positivo la abstención de Bolivia y Honduras que el año pasado votaron en contra de la resolución. “Es una señal política bastante clara que refleja la gravedad”, dijo al destacar que México y Argentina mostraron su apoyo a las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El Colectivo 46/2, es una coalición de más de 20 oenegés nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que monitorean las acciones del Estado de Nicaragua para atender las recomendaciones que ha emitido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la crisis de Nicaragua.
UN PUERTA ABIERTA A LA JUSTICIA
Gonzalo Carrión del Colectivo Nunca Más manifestó que la resolución es un “aliento para el pueblo nicaragüense, para las víctimas que no desisten de su derecho a la libertad, verdad justicia». El defensor es uno de los 318 ciudadanos despojados de la nacionalidad de parte del régimen de los Ortega-Murillo.
«A nosotros como Colectivo nos constan que han ido consumando más agravios, daños y perjuicios a personas despojadas de la nacionalidad, como el bloqueo de las pensiones, el borrado completo de nuestros derechos, como que, si tal no existimos, como si no nacimos en el país, es un tema a profundizar porque además tiene otras consecuencias para las familias como la confiscación de los bienes», detalló Carrión, lo cual, expuso
Por su parte Amaru Ruiz, de la ilegalizada Fundación del Río, apuntó que la resolución apunta nuevos ejes de investigación en Nicaragua como la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las cancelaciones de las personerías jurídicas de las más de 3 ,364 organizaciones sin fines de lucro.
