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    Reporte 505

    Organizaciones opositoras, desde el exilio, reiteran que el nuevo mandato de Ortega es “ilegítimo”

    Los opositores  piden el establecimiento inmediato de un cuerpo de garantes internacionales compuesto por representantes de la ONU, la OEA y la Unión Europea (UE), para que sean garantes del cumplimiento de “las condiciones habilitantes”, para el retorno a la democracia en Nicaragua.

    Fraude electoral en Nicaragua

    Al menos 17 organizaciones opositoras en el exilio, entre las que destacan la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Movimiento Campesino, reiteraron que desconocen el nuevo mandato que asumirá el dictador Daniel Ortega el próximo 10 de enero.

    Las organizaciones opositoras sostienen que el nuevo periodo de Ortega es ilegítimo e insistieron en la libertad de los presos políticos y el cese de la represión.

    En una conferencia de prensa organizada en San José, Costa Rica, a 4 días para que Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, juren cinco años más en el gobierno, las organizaciones opositoras reiteraron que los resultados de las votaciones del pasado 7 de noviembre “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

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    Además sostienen que “las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas”, por tanto, el nuevo periodo de Ortega y Murillo “es ilegítimo”.

    “Las instituciones del Estado han sido destruidas por la dictadura Ortega-Murillo; los poderes del Estado resultantes de la farsa electoral del 7 de noviembre son ilegítimos. En consecuencia, no existe un estado de derecho en Nicaragua”, insisten los opositores.

    Advierten que la dictadura no ha dado ninguna muestra de flexibilidad en su “rumbo dictatorial y dinástico”, sino que más bien han endurecido las acciones represivas.

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    LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

    Las organizaciones opositoras exigen a la dictadura que ponga en libertad “inmediata e incondicional” a los más de 170 presos políticos “víctimas de tratos inhumanos, degradantes, de aislamiento y tortura”.

    También demandan la declaración de nulidad de los procesos penales para restituirles sus derechos civiles y políticos.

    Asimismo, exigieron al régimen cumplir las obligaciones asumidas en el “Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas” del 29 de marzo de 2019, donde se acordó el cese del estado policial y desarme de grupos paramilitares, el retorno seguro de los exiliados y la restitución y garantía del irrestricto derecho a la libertad de expresión.

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    Otro aspecto que demandan es que sean restituidas las personerías jurídicas y los bienes de las organizaciones de la sociedad civil que han sido “injustamente despojadas”, así como la devolución de los medios de comunicación asaltados por el régimen, entre ellos, La Prensa, Confidencial/Esta Semana y 100% Noticias.

    La declaración conjunta también exige a la dictadura que derogue las “leyes represivas que fueron aprobadas con el objetivo de criminalizar a la oposición y limitar la participación política de la ciudadanía”, así como la “ley canalera” que violan la soberanía nacional.

    GARANTES INTERNACIONALES

    Los opositores  piden el establecimiento inmediato de garantes internacionales compuesto por representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), para que el cumplimiento de “las condiciones habilitantes”, para el retorno a la democracia en Nicaragua.

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    El dictador Daniel Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, se impusieron como “ganadores” en las cuestionadas votaciones de noviembre en la que reinó el abstencionismo y que ha sido rechazado por más de 50 países, tomará posesión para un nuevo periodo de cinco años.

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    El régimen no ha anunciado la asistencia de dignatarios de otros países en el acto de toma de posesión, que se realizará en la Plaza de la Revolución.

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