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    Reporte 505

    Ortega ahora que tiene el control absoluto de los municipios quiere cumplir con la Ley de Transferencias

    El incremento en la partida de transferencia se da cuando el Consejo Supremo Electoral le entregó al régimen las 153 alcaldías del país.

    El régimen de Daniel Ortega ha decidido premiar a las alcaldías que controla a nivel nacional. Después de varios años de asignarles únicamente un raquítico 4% del total de ingresos del Presupuesto General de la República (PGR) ahora lo elevará gradualmente hasta 10% en 2025 tras las farsa municipal de este noviembre.

    Los diputados de la Asamblea Orteguista aprobaron este martes las cuentas del Estado para 2023, proyectando ingresos por el orden de los 109,989.5 millones de córdobas, mientras que los egresos son de 105,263.1 millones de córdobas. Es decir hay un superávit de 4,726.4 millones de córdobas producto de una mayor recaudación, según Hacienda.

    Para el próximo año, los parlamentarios aprobaron un aumento en el rubro de las transferencias municipales que pasó del 4% en el 2022 al 6% sobre el monto estimado de ingresos tributarios y proyectan elevarlo al 10% en el 2025.

    La partida presupuestaria para el próximo año será de 6,110.4 millones de córdobas, un incremento de 2,714.3 millones de córdobas es decir un 79.9 por ciento más con respecto a lo que aprobaron en el 2022 que fue apenas de 3,396.1 millones de córdobas.

    Este incremento se da luego de que en las elecciones municipales pasada el Consejo Supremo Electoral (CSE) le entregó a Ortega el control de las 153 alcaldías del país.

    La Ley de Transferencias presupuestarias a los municipios establece que desde el 2010, el gobierno debe asignar el 10 por ciento del presupuesto de ingresos concepto de transferencias municipales, algo que no cumple.

    El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza, cuestionó que la consulta del PGR fue “insuficiente”. Además, criticó que Ortega haya incrementado el monto de las transferencias a las municipalidades.

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    Espinoza manifestó que, en los Presupuestos del 2019, 2020, 2021 y 2022 el porcentaje asignado a las municipalidades fue del 4 por ciento.

    “Sin embargo llama la atención el hecho de que ahora el partido de Gobierno a partir del 2023 representará las 153 alcaldías del país, se establece como medida temporal para el ejercicio presupuestario 2023 el porcentaje del 6 por ciento”, manifestó Espinoza, quien a pesar de las críticas dijo que su partido apoyaría la votación del PGR del 2023.

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    La disminución en la partida se comenzó a aplicar luego de las protestas de abril de 2018, las cuales fueron reprimidas causando al menos 355 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD).

    WÁLMARO GUTIÉRREZ SE BURLA DEL PLC QUE NO ALCANZÓ NI UNA ALCALDÍA

    El sancionado diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea, le sacó en cara a Espinoza que no estuviera presente en muchas de las comparecencias de las instituciones “porque coincidió con la campaña electoral (municipal) y él tenía que andar en campaña electoral”.

    “Y la peor desgracia fue que fue un esfuerzo vano porque desgraciadamente ni participó plenamente en el proceso de consulta y tuvo los resultados desgraciados que tuvo en las elecciones municipales, no sacaron ni una alcaldía, ¡pobres!”, se burló el parlamentario orteguista.

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    INGRESOS SE BASAN EN IMPUESTOS

    La principal fuente de los ingresos para el PGR del 2023 son los impuestos, los cuales generarán unos 101,839,6 millones de córdobas, es decir el 92.6 por ciento de los 109,989.5 millones de córdobas del Presupuesto de ingresos. Con esto el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fortalecerá la recaudación.

    La Comisión Económica en su dictamen sobre el PGR señaló que la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) implementarán una “fiscalización conjunta” la cual permitirá “asegurar medidas y mecanismos que reduzcan la evasión, elusión, contrabando y otros actos delictivos”.

    “Fortalecer los mecanismos necesarios para avanzar en la racionalización del costo de los beneficios fiscales (gasto tributario, ingreso que deja de percibir el Estado al conceder beneficios tributarios) y focalizarlos en función de políticas orientadas a la protección social e incentivos de los sectores socioeconómicos priorizados”, señala el dictamen de la Comisión Económica.

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    Al respecto, Gutiérrez dijo que el PGR de 2023 fue revisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y está “fundamentalmente financiado por el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses”.

    “La confianza de los sectores económicos, productivos empresariales, sindicales, todos los sectores haciéndole ganas y aportando para que nosotros tengamos un presupuesto con superávit”, argumento Gutiérrez, quien agregó que el superávit será para enfrentar cualquier “imponderable” y pidió que retorne la sensatez y que potencias mundiales dejen de estar promoviendo la guerra.

    ¿CUÁNTO LE ASIGNARON AL CNU Y A LA CSJ?

    En el PGR 2023, al Consejo Nacional de Universidades (CNU) le asignará 6,315.8 millones de córdobas, mientras que a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tendrá un presupuesto de 4,210.5 millones de córdobas.

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    En la partida del Ministerio de Educación (Mined) corresponde a 15,868.1 millones de córdobas. Se incluye la entrega del bono a los bachilleres para lo cual se destinará unos 63.7 millones de córdobas.

    También quedó plasmado el aumento al presupuesto de la Policía y el Ejército. A la Policía principal órgano represor de la dictadura, le asignarán la suma de 4,311 millones de córdobas, un incremento de 262.9 millones al aprobado en el 2022.

    Mientras que al Ejército le asignaron 3,455.8 millones de córdobas un incremento de 440.6 millones con relación al que tienen en este 2022. “Recursos que de manera conjunta fortalecerán las acciones en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, contra la delincuencia, crimen organizado y aquellos factores de violencia que incidan en la inestabilidad social, económica y política del país”, señala el dictamen

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