La Asamblea Nacional canceló esté miércoles la personalidad jurídica a 24 organizaciones sin fines de lucro. La medida que desaparece a 15 asociaciones profesionales médicas, también alcanza a un club social y hasta a una organización de padres de familia. Un aparente sinsentido, pero que en el que especialistas identifican la consumación de la persecución que Daniel Ortega emprendió contra las agrupaciones de carácter civil apenas regresó al poder, en el año 2007, y que escaló de forma inédita y “descarada” con esta acción.

También es una fuerte arremetida contra el gremio médico que ha brindado atención a la ciudadanía en el contexto de la pandemia del coronavirus, contraviniendo la “normalidad” impuesta desde el Estado. Más grave aun, es una expresión más de la política dictatorial del orteguismo que aplasta el derecho de organización que es reconocido en la Constitución Política, y que en este caso afecta a profesionales vinculados por el interés de superación profesional; quienes se van a se van a quedar sin posibilidad de mantener un diálogo entre pares para intercambiar información o conocimientos.

LEA: Policía inicia allanamientos contra organizaciones con personería jurídica cancelada

“Si uno quita el elemento de la represión, se pregunta, ¿Cuál es la voluntad de este gobierno al tomar este tipo de decisiones? No hay una explicación posible más que reprimir, más que eliminar cualquier forma organizativa, y ni siquiera es que estas asociaciones han tenido un un rol crítico con relación al Gobierno, son organizaciones que se han limitado a su rol profesional”, cuestiona Ana Quirós, testigo y víctima persecución a las organizaciones sin fines de lucro en tiempos de Ortega.

“Básicamente, lo que quieren es mostrar el músculo y decir ‘aquí mandamos nosotros y se juntan quienes nosotros queremos que se junten”, señala la defen

UNA ADVERTENCIA PARA EL GREMIO EMPRESARIAL

Quirós en el año 2018 fue expulsada de Nicaragua, luego de ser cancelada de la personería jurídica del Centro de Información y Servicios e Asesoría en Salud (Cisas) del cual es directora ejecutiva, y que tenía 35 años de servicio a la sociedad nicaragüense, cuyos bienes fueron confiscados y cedidos al Ministerio de Salud.

Desde entonces, se encuentra en Costa Rica sin apartar la vista de la política de terror que Ortega emplea para sostenerse en el poder. De ahí su convencimiento de que la desaparición en masa de oenegés obedece a una orientación política “y a una voluntad no solo de sancionar sino de agredir al gremio médico (de parte del orteguismo) y a su voluntad de erradicar cualquier forma de organización, violentando el artículo 49 de la Constitución Política que establece que todos los nicaragüenses tenemos derecho a organizarnos en la forma y con el objetivo que se desee, siempre y cuando no sea para fines ilícitos”.

Por otro lado, Quirós observa un mensaje “no solo a organizaciones profesionales y asociaciones civiles sino también a las asociaciones empresariales, que están bajo la misma forma jurídica que estas asociaciones profesionales”.

MÉDICOS DENUNCIAN REPRESIÓN INÉDITA

En un comunicado, los profesionales de la Salud declararon el 28 de julio como “un día funesto” para el gremio porque tiene un impacto negativo extensivo a la población que necesita de personal sanitario cada vez mejor formado. El desmantelamiento de las asociaciones los desvinculada de las organizaciones internacionales en las que han encontrado oportunidades de profesionalización necesarias.

“Es un golpe incalculable a la salud de los nicaragüenses (…) y una forma descarada e inaudita” de despojar de su patrimonio a las organizaciones, lamentaron los profesionales de la Salud.

“Los y las médicas nos sabremos reponer, saldremos adelante y seguiremos al servicio de las necesidades de la población. Tendrían que expulsarnos a todos del país para no ser juzgados por su mal proceder. Nuestra voz no puede ser acallada”, expresaron en una declaración pública.

El epidemiólogo Álvaro Ramírez calificó la embestida como una exhibición de “prepotencia, arrogancia y manejo de poder” de parte del régimen de Ortega en contra de las organizaciones médicas que han asumido un rol activo en la prevención, protección y defensa de la salud en el contexto de la pandemia.

ORTEGA DESINTEGRA TODA FORMA DE ORGANIZACIÓN

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en 2018 también fue despojada de su personalidad jurídica, protestó ante el ensañamiento político contra los médicos y organizaciones civiles. Vilma Núñez, decana en la defensoría y presidenta de esa organización, se pronunció indignada ante lo que considera una acción irracional ideada por “alguien que está complemente envenenado, con su mente fuera de lugar. Todo es tan brutal. Es el golpe más fuerte que se está dando al derecho a la asociación”, con el cual Ortega pretende desintegrar cualquier forma de organización de la población.

Según el Legislativo la decisión es una especie de saneamiento que ha emprendido el Ministeio de Gobernación ya que se trata de oenegés “acéfalas” que supuestamente “han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra le expresa”, contraviniendo lo establecido la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la normativa del Departamento de Asociaciones.

Gobernación acusó a las organizaciones de reportar sus estados financieros “desde hace varios años”.

El camaleónico diputado Wilfredo Navarro dijo que Gobernación quiere sacar de sus registros a las organizaciones que “no llenan los requisitos, que no están funcionando como tales y que por tanto no deberían de tener esa existencia jurídica”.

Ana Quirós asegura que la mayoría de las de las organizaciones ha hecho esfuerzos por mantenerse al día en la rendición de cuentas y los requerimientos de ley, “solo que el Ministerio de Gobernación lo ha impedido, se ha negado a recibir los papeles de muchas de las organizaciones y de proporcionarles el certificado de cumplimiento. En todo caso lo que cabría una multa si no ha cumplido, pero nunca una cancelación de personería jurídica”. En su exposición de motivos Gobernación no explica porqué dejó pasar años, en algunos casos décadas, según dijo Navarro, para sancionar el supuesto incumplimiento.

“El Ministerio de Gobernación ha hecho todo para impedir que las organizaciones sin fines de lucro cumplan a cabalidad con las normas que ellos mismos han establecido, que son francamente normas arbitrarias muchas veces y que dependen de una voluntad por un lado controladora y por otro represiva”, argumenta Quirós.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, concuerda en que el Ministerio de Gobernación al solicitar la cancelación de las personerías jurídicas, el pasado 23 de julio, violó la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, “ya que no se les abrió ningún procedimiento administrativo, no se les permitió el derecho a ser oídos, el derecho a la defensa ni a recursos administrativos”.

“Repudiamos la continuidad de la represión que el régimen Ortega Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación y el derecho humano a la salud”, denunciaron.

34 ORGANIZACIONES DESMATELADAS POR ORTEGA

Desde sus inicios en los años 60 en Nicaragua, las organizaciones civiles han sido vistas como opositoras a los gobiernos de turno, pero solo la administración de Daniel Ortega ha cruzado la línea de la agresión directa.

En toda la historia de Nicaragua solo Ortega ha ordenado cancelar personerías jurídicas, hasta antes del 28 de julio de 2021 había desaparecido 10 organizaciones: nueve en 2018, en el contexto de la crisis sociopolítica; y una en 2020: la Asociación de hermanamientos municipales de Camoapa, “que se la quitaron por su labor en la prevención del Covid”, refiere Quirós.

En total, 34 organizaciones sin fines de lucro han sido despojadas de su carácter legal.

El informe Persecución a organizaciones civiles y situación de las y los exiliados en Costa Rica elaborado por el Centro de Información y Servicios e Asesoría en Salud (Cisas) recoge las fases de la política hostil de Daniel Ortega hacia la participación ciudadana y las organizaciones sin fines de lucro a partir de 2007, que comenzó con campañas de difamación contra las organizaciones de mujeres y el intento de criminalización de nueve
feministas, “acusándolas del delito de apología del aborto ante la penalización absoluta. Para ello, utilizaron a supuestos dirigentes de una organización civil para que introdujeran una denuncia que generó una investigación de más de un año por parte del Ministerio Público que no condujo a una acción judicial penal por tratarse de una acusación infundada”.

Un año más tarde fue promovida una “acusación infundada de blanqueo de fondos a cinco organizaciones”, que derivó en el allanamiento y ocupación de bienes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), causa que no prosperó.

El documento recoge que durante los primeros 12 años de gestión orteguista las organizaciones, particularmente las feministas y defensoras de derechos humanos, enfrentaron incesante persecución por medio de instituciones estatales que se agravó a raíz de la insurrección cívica de abril 2018: “Arreciaron hostigamientos, ataques, vigilancias y amenazas en contra de líderes e integrantes de organizaciones; aumentaron sus campañas de desprestigio y estigmatización en medios oficiales y redes sociales” y se continuó con la obstaculización de del trabajo retardando la emisión de certificados de cumplimiento.

El escalamiento de las agresiones fue marcado con el retiro de la nacionalidad nicaragüense a Ana Quirós y una la orden de expulsión del país en noviembre de 2018, seguida de la anulación de la personalidad jurídica de Cisas. Al mes siguiente, la Asamblea Nacional aprobó la cancelaciones de personalidad jurídica a otras ocho organizaciones no gubernamentales: Cenidh, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación Popol Na, la Fundación del Río, CINCO, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), y Hagamos Democracia.

Hasta la fecha los recursos de amparo sobre la medida no han prosperado en la Corte Suprema de Justicia, mientras los propiedades y bienes de las organizaciones fueron confiscadas.

*Con reporte de Emperatriz López

Compartir: