La dictadura de Daniel Ortega ordenó al Ministerio de Gobernación cancelar la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y confiscar los bienes de sus campus Francisco de Sola en favor del Estado de Nicaragua, según un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta, diario oficial.
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La dictadura argumenta que la escuela de negocios, fundada en 1964, incumplió con sus obligaciones, y no promovió políticas de transparencia en la administración de los fondos, «desconociendose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines». Esta es la misma causa que ha usado para cerrar organizaciones no gubernamentales y universidades como parte de la estrategia represiva.
Gobernación dice que el Incae no han presentado sus estados financieros correspondientes a 2020, 2021 y 2022. «Se detectaron inconsistencias en los estados financieros de los periodos 2015-2019, se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros», añade el acuerdo presidencial número 106-2023.
El Incae, con sedes en Nicaragua y Costa Rica, es una de las escuelas de negocios más importantes de América Latina. En 2019 prestó sus instalaciones en Managua para que la oposición y el orteguismo sostuvieran una segunda mesa de negociaciones tras una intermediación de los grandes empresarios.
La decisión del régimen ocurre un mes después de que Rosario Murillo desprotricara en contra de la escuela de negocios latinoamericana y elogiara un artículo de opinión publicado en medios oficialista en el que el autor descalificó al Incae al tacharlo como una escuela que nación con pautas dictadas por una sociedad de consumo capitalista y explotadora.
Al respecto, Murillo dijo que el Incae era un organismo dominación en Nicaragua. «Estos organismos han sido diseñados para el sometimiento y para expoliar al pueblo», dijo Murillo, pasando por alto el prestigio de la escuela de negocios a nivel latinoamericano. Extraoficialmente trascendió que la Policía Orteguista se tomó las instalaciones.
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Entre los argumentos del Migob también se menciona que el Incae ha obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro de esa misma institución, por lo tanto procedía a cancelar su personería jurídica y su registro. «Corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR), realizar el traspaso inmediato de estos a nombre del Estado de Nicaragua», señala.
