El régimen de Daniel Ortega reformó en lo general ayer la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842) con el argumento de proteger los intereses de los nicaragüenses cuando en realidad, aseguran especialistas, está atentando contra el sistema financiero nacional. Tras la aprobación, con 74 votos de los legisladores orteguistas y aliados en la Asamblea Nacional, diversas cámaras del sector privado advirtieron que Ortega lleva al país al aislamiento financiero internacional.

La lectura que hacen los analistas políticos es que la dictadura ha declarado la guerra a los bancos privados del país, pues con la reforma mandata que los proveedores de servicio no podrán negar “sin causa legal justificada la atención de solicitudes ni cancelar contratos o transacciones que legítimamente gestionada realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas”, a la vez que obliga a las entidades a “atender o restituir la prestación de bienes y servicios negados (…) si así se resolviese”. La decisión obligará a mantener las cuentas abiertas de funcionarios e instituciones públicas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea. 

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La Comisión de Economía, Producción y Presupuesto, a cargo del diputado Wálmaro Gutiérrez, dio trámite a la iniciativa de reforma de Ortega desoyendo las advertencias hechas por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp). El legislador incluso cargó ayer con los bancos del país al decir que estos no no deben cerrar servicios sin notificar una justificación “fehaciente” a los consumidores. 

“Si la institución financiera notifica con argumentos técnicos y jurídicos por qué no le otorga un servicio a un cliente, bien cancelado y negado está, pero no puede suceder que nosotros tengamos instituciones financieras que decidan al margen de la Constitución quién vive y quién muere en materia financiera en este país”, criticó ofuscado el legislador sancionado por Tesoro de Estados Unidos, en diciembre de 2020. 

“Mi lectura de las últimas leyes contra la banca: el régimen le propuso algo que la banca no acepta y ahora los golpea para vengarse. Con Ortega no hay punto medio, o estás con él o contra él, las neutralidades no funcionan en estos tiempos”, valoró el analista político Eliseo Núñez. 

Tras la aprobación, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a través de su presidente Michael Healy, quien pidió a Ortega reflexionar sobre la reforma porque dejará al país fuera del sistema financiero internacional, afectando a sectores económicos como la inversión privada, el turismo, las remesas, entre otros. “Esta decisión unilateral del Gobierno, de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, pone en riesgo que el sistema financiero nacional puede desaparecer”, dijo el líder gremial. 

Los bancos ahora, dijo, podrían perder las corresponsalías de instituciones financieras internacionales. La posición fue compartida por la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) que mostraron su apoyo a Asobanp que señaló este fin de semana que la reforma viola el derecho a libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en “riesgo al país de pasar de la lista gris en que encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

El expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y exministro de Hacienda y Crédito Público,  Mario Arana, el régimen de Daniel Ortega está sometiendo al país a un “riesgo alto”, al promover la reforma a la Ley 842. “Creemos que aquí hay un riesgo bien alto para este país y para el sistema financiero tal y como lo conocemos y para todos los nicaragüenses, y que están jugando con fuego”, indicó Arana.

“Si vos como banco local estás trabajando por ejemplo con alguien sancionado, eso contamina al banco en el extranjero y perfectamente pueden cortar las relaciones de corresponsalías”, manifestó el economista. Tras la aprobación de la Ley en lo particular habrá  que esperar la normativa para ver qué tipo de sanciones establece para las instituciones financieras que se nieguen a abrir una cuenta para las personas que han sido sancionadas.

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“Allí va a depender de qué tan severo es el costo-oportunidad, el banco va a tener que evaluar qué es mejor: si efectivamente abrir la cuenta a esta empresa o a este individuo o sufrir las consecuencias”, manifestó el economista. 

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, en el plenario de la Asamblea Nacional, defendió las reformas a la ley y considera que no se pone al país en un mal “predicado frente al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)” y menos que pasen a Nicaragua de una lista gris en la cual se encuentra actualmente a una lista negra. “No hay por qué”, cuestionó el legislador. “Esta es una reforma positiva, una reforma necesaria, una reforma garantista, una reforma en línea con las disposiciones generales de Naciones Unidas en defensa a los derechos del consumidor y usuario. Una reforma que respete los derechos de los acuerdos internacionales en el marco del combate a la narcoactividad, el crimen organizado y al blanqueo de capitales”, dijo Gutiérrez.

El tiempo dirá quién tiene la razón, por eso Arana considera que el régimen de Ortega, con esta reforma están “tanteando” o poniendo a prueba al sistema internacional de supervisión sobre transacciones ilícitas. “Como quien dice vamos a ver si van a ejercer una medida tan drástica cuando nosotros aquí lo que estamos haciendo es defendiendo a nuestros sancionados”, manifestó Arana.

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