El régimen de Daniel Ortega está decidido a impedir que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero participen en la vida política en Nicaragua, porque será considerado “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos”, y alega que “pone en riesgo la seguridad del Estado”.

A través de una iniciativa de ley enviada a la primera secretaría de la Asamblea Nacional Ortega también pretende prohibir que organizaciones de la sociedad civil desarrollen actividades de política interna, así como el financiamiento económico a cualquier organización o partidos políticos.

“Las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna. Tienen, también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”, señala el artículo 12 de la propuesta de ley.

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De acuerdo a la iniciativa, tanto los funcionarios nacionales como extranjeros que trabajen para las organizaciones de la sociedad civil, deberán presentar mensualmente ante el Ministerio de Gobernación un informe documentado y verificable de los gastos, pagos, desembolsos, contrataciones, así como los ingresos percibidos de parte de donantes.

AGENTES EXTRANJEROS

Además, las asociaciones deberán declarar sobre el uso de las donaciones que reciban, las que serán registradas en un portal web que Gobernación habilitará y no podrán ser usadas para otro fin, señala la iniciativa de ley.

También Ortega controlará a los empleados de las organizaciones de la sociedad civil, consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información, consultores políticos y todos aquellos que reciban recursos de los fondos, contribuciones y préstamos.

La iniciativa de ley prohíbe que las personas consideradas agentes extranjeros reciban donaciones anónimas. Y obliga a revelar el nombre de los gobiernos extranjeros, partidos políticos extranjeros, empresas y otras personas física o jurídica que financien, proporcionen fondos o faciliten medios económicos.

ORTEGA INHIBE A DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Ortega también incluyó en la iniciativa de ley, la inhibición de todos las personas consideradas como agentes extranjeros, quienes no podrán ser “funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier naturaleza”.

Además, establece que el Ministerio de Gobernación se encargará de clasificar quienes son agentes extranjeros, y una vez notificado, tendrá 5 días hábiles para registrarse, de lo contrario, perderá la personería jurídica, en el caso de las personas naturales serán multadas, y procesadas penalmente con la ley de lavado de activos y por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado.

“En todo caso, la negativa a inscribirse autorizará al Departamento de Registro de Agentes Extranjeros a intervenir los fondos y bienes muebles e inmuebles de la persona física o jurídica que se niegue a cumplir la Ley, así como prohibir sus actividades”. Una vez aprobada la ley, los sujetos obligados tendrán 60 días para inscribirse, y “no podrán realizar movimientos de fondos monetarios ni bienes materiales”, mientras no se registren..

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