No más impunidad y justicia para las víctimas de las masacres son parte de las demandas que plantearon este jueves líderes indígenas de la comunidad Mayangna de Sauni As a una comisión del Gobierno local a quienes les entregaron a un grupo de 24 colonos retenidos que pretendían ingresar a la comunidad para tomarse sus tierras.
Durante el encuentro, el cual se realizó bajo un fuerte dispositivo policial, los comunitarios escucharon las promesas de la delegación gubernamental, integrada por funcionarios de la Alcaldía de Bonanza, el secretario político del partido sandinista en la zona, del Consejo y del gobierno regional. Los funcionarios llamaron a denunciar las invasiones de tierra, y prometieron brindar acompañamiento a las comunidades.
“¿Qué si lo van a cumplir?, veremos si pasa, pero al final siempre han sido palabras vacías”, señala Wari, un líder indígena que trabaja con las comunidades Mayangnas, quien denunció que las autoridades “han sido muy permisivas con la invasión a las tierras indígenas”.
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ZOZOBRA EN LA ZONA
El encuentro se dio después que el pasado 19 de enero se produjo un enfrentamiento entre indígenas y colonos. Estos últimos pretendían invadir las tierras de los comunitarios. Ese día dos invasores resultaron lesionados. Luego de ese altercado la población quedó con miedo y zozobra ante la posibilidad de que ocurriera un ataque armado en represalia por los lesionados.
Tres días después, el lunes 23 de enero, un grupo de colonos intentaba ingresar a la comunidad y fueron capturados. Todos ellos fueron entregaron en el encuentro de ayer. Mientras que la Policía Orteguista en un comunicado dio a conocer la captura de un “grupo de personas”, quienes armados de machetes, palos y piedras se tomaron las tierras de la comarca de Alal, ninguno de ellos fueron señalados como invasores de tierras indígenas.
El parte policial señala que los detenidos (22 varones y 2 mujeres) fueron remitidos a Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, en Managua.
“Los capturados fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento, por los delitos de crimen organizado, usurpación al dominio privado y delitos ambientales”, señala la Policía.
ENJUICIADOS POR TOMA TIERRA
El ambientalista Amaru Ruiz señaló que esta “sería la primera vez que ocurre un arresto por los procesos de invasión a territorio indígenas”, de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quien no ha mostrado voluntad por sanear los territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua.
Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, reseñó la falta de voluntad y beligerancia que tiene la dictadura Ortega -Murillo para frenar la invasión de tierras, la judicialización de los perpetradores de los asesinatos de los indígenas y el saneamiento de los territorios que implica el retiro de los invasores.
“Esa voluntad política nunca ha existido y más bien se han avalado esos procesos de invasión”, denuncia Ruiz, quien apunta que muchos de los “secretarios políticos, de sus alcaldes, de sus operadores políticos en los territorios”, permiten las invasiones de las tierras comunitarias “por intereses económico o porque los invasores les pagan”.
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También criticó la falta de judicialización de los responsables directos de los asesinatos, lo cual genera un ambiente de impunidad que aprovechan los colonos para “seguir haciendo lo que les da la gana y seguir invadiendo territorios sin ninguna repercusión desde el punto de vista judicial”.
SIN APOYO DE LA POLICÍA NI DEL EJÉRCITO
El presidente de la Fundación del Río también destacó que los comunitarios no cuentan con el apoyo de los efectivos del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua o de la Policía en el resguardo de los territorios, por eso se vuelven más vulnerables a sufrir ataques de parte de los colonos invasores.
En los primeros días de enero de este año en una proclama que firmaron al menos 14 líderes indígenas señalan que la situación que enfrentan las comunidades es “triste”, y advierten que los programas que impulsa Daniel Ortega fueron diseñados para hacerlos desaparecer. Además, denunciaron que están a merced del terror. Sufren hambruna, migración forzada y un abandono estatal que los orilla al exterminio.
