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    Reporte 505

    Ortega escala represión a grandes empresarios al arrestar a un alto ejecutivo de Banpro

    La noche de este viernes, la Policía Orteguista arrestó a Luis Rivas, director ejecutivo de la entidad financiera, amparándose en la Ley 1055. Es el cuarto preso político cercano al sector privado, después de Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y José Adán Aguerri.

    Luis Rivas
    La dictadura declaró culpable a Luis Rivas, presidente ejecutivo de Banpro.

    El mismo día que los países del hemisferio condenaron a la dictadura de Daniel Ortega en una histórica resolución, hubo una respuesta con dos mensajes muy claro desde Managua, en una sola acción con la detención del director ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray: el primero a la comunidad internacional de que la represión y arrestos arbitrarios en Nicaragua no va a cesar, y el segundo a los empresarios nacionales y extranjeros,  que no se metan en política, señala una fuente empresarial.

    Pasadas las 10 de la noche de este martes, la Policía Orteguista ejecutó un operativo para detener a Rivas, exfuncionario del Banco Central de Nicaragua (BCN), a quien investigan por  «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Las autoridades justifican la acción en la Ley 1055 «Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz».

    LEA MÁS: Gran capital: Ciego, sordo y mudo ante escalada represiva del régimen 

    El alto ejecutivo del Banpro es el primer banquero en ser apresado por la dictadura, y la cuarta persona cercana al gran capital, después de los secuestros de Arturo Cruz, exembajador de Managua en Washington y profesor de  la escuela de negocios Incae; Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides); y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). 

    Así la dictadura ha escalado la represión al sector privado y la banca, y es parte de la guerra que les declaró con la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), en febrero pasada, y en la que los obliga a mantener las cuentas abiertas de funcionarios e instituciones sancionadas por Estados Unidos. “Si los empresarios pensaban que Ortega iba a quedarse sin hacerles nada por darle la espalda en 2018, están equivocados”, dice una fuente cercana al Cosep que ha reaccionado en la mañana de este miércoles.

    En el parte policial difundido casi a la medianoche de este martes no hay detalles sobre la causas de la investigación, sin embargo las páginas en Facebook y Twitter, controladas por la dictadura, aseguran que “violó la «Gestión en Prevención de los Riesgo de Lavado de Dinero, Bienes o Activos y el Financiamiento al Terrorismo” y lo vinculan al “manejo de dinero golpista”. Luis Rivas fue miembro directivo de Funides, la organización que también está siendo investigada por la Policía Orteguista y la Fiscalía Orteguista, y será remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales.

    Rivas estaba al frente del grupo financiero fundado por el empresario Ramiro Ortiz, quien hasta la fecha ha guardado silencio sobre la escalada represiva del régimen, al igual que los principales magnates Carlos Pellas, José Antonio Baltodano y Enrique Zamora. El Banpro es la principal entidad bancaria usada por las instituciones orteguista, entre ellas la Policía, y fue la se ofreció a instalar sucursales en la ruta donde estaba previsto pasar el Canal de Nicaragua. 

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    La semana pasada, Luciano García, presidente de Hagamos Democracia (Hademos), dijo a DESPACHO 505 que la detención de Aguerri representó el símbolo del rompimiento “total entre el régimen y los empresarios”. “Ya los empresarios ni que quieran ser amigos de Daniel lo serán, ya no le interesa al régimen tener alianza con el gran capital, ese es el mensaje que les mandaron”, comentó.

    El Cosep emitió la semana pasada un comunicado, en el que dijo que las detenciones de los últimos días son arbitraria y se han hecho bajo el amparo de procesos ilegales y leyes inconstitucionales; además advirtieron que Ortega está desmontando el estado democrático establecido en la Constitución Política de Nicaragua y en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero los grandes empresarios han decidido callar. 

    A FONDO: Ortega contra la banca

    Al ser consultado sobre el silencio de los grandes empresarios, respondió que el gran capital está asustado y, por tanto, son precavidos con lo que puedan expresar sobre los últimos hechos en el país. Su silencio podría interpretarse también como la consecuencia del mensaje de Ortega a que se plieguen a él o “se van”. “Las acciones que el gran capital va a tomar será el resguardo de sus bienes, sacarlos de Nicaragua, y Nicaragua va a quedar en cenizas”, avizora el ex concejal de Managua que vive exiliado en Costa Rica.

    Este medio buscó hace unos días reacciones a la detención de Aguerri en las oficinas de relaciones públicas del Grupo Pellas y Grupo Promérica, sin embargo no hubo respuesta. Ortega parece mandar una respuesta como lo hizo con Dionisio Marenco, el 24 de marzo de 2007: zapatero a su zapato. No quiere empresarios metidos en la política. 

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