El régimen de Daniel Ortega anunció este lunes que reformará la Constitución para instaurar la pena de cadena perpetua con el objetivo de castigar crímenes “atroces” y de “odio”, a raíz de femicidios contra dos menores de edad en el Caribe Sur de Nicaragua. La medida es vista por las defensoras de mujeres como insuficientes para atacar la violencia machista, pero a la vez levanta dudas sobre el uso político para castigar a los opositores.

El anuncio lo hizo la primera dama, Rosario Murillo, en su acostumbrada alocución de todos los días, y posteriormente Ortega publicó en todos los medios de comunicación oficialista la declaración pública en la que orientaba a la Corte Suprema de Justicia reformar las “leyes pertinentes y necesarias”. 

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El anuncio ha causado indignación entre feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres porque desde el Estado no hay un reconocimiento que son crímenes producto de la violencia machista, además porque la respuesta para frenar los feminicidios debe estar orientada a un plan integral, como había quedado establecido en la Ley de integral contra la violencia hacia la mujer (Ley 779). 

“Es una respuesta tardía y además absurda porque nosotras hemos dicho claramente que no es únicamente estableciendo penas a los agresores de mujeres que vamos a solucionar el problema”, dijo la feminista María Teresa Blandón. “No basta una ley, es necesaria la prevención, la educación, recursos económicos y humanos para financiar planes integrales de protección y atención que es lo tenía la Ley 779, pero que no es aplicada con eficacia”, demandó Maryce Mejía de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

La Ley 779, aprobada en 2012, expresa que el Estado de Nicaragua tiene la responsabilidad de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, así como hacer todo lo posible para que la violencia disminuya hasta erradicarla.

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“Nada de eso ha hecho el régimen Ortega – Murillo, por el contrario aprobó una ley sólo para aparentar que tenía un interés, y luego ellos mismos se encargaron de reformarla, de distorsionar, hasta aprobar  un reglamento que contradice la propia ley. La debilitaron, e hicieron desaparecer la ruta institucional para atender la violencia contra las mujeres y las niñas”, denunció Blandón.

NO SON ENFERMOS MENTALES, SON FEMICIDAS

Según Murillo, que no atribuyó estos crímenes a la violencia machista, la pena de cadena perpetua sería la respuesta oficial ante “la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales o culturales”.

Para Blandón, ese discurso no tiene sentido porque asocia los horrendos crímenes contras las mujeres a personas que sufren enfermedades mentales, y lo que es peor sin mencionar que son cometidos por hombres. 

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“¿Cómo no va a entender esta señora o sus asesores que a un enfermo mental no se le pueden imputar cargos porque aunque agreda una persona no hay dolo? Por el contrario, todos los femicidas y todos los abusadores no son enfermos mentales, son personas funcionales que han tenido la capacidad de planificar los crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas”, cuestionó, en un planteamiento en el que coincide Maryce Mejía de la Red de Mujeres Contra la Violencia. 

Las defensoras acusaron al régimen Ortega – Murillo de complicidad con la violencia machista, algo que se hizo más evidente a partir de la crisis de abril de 2018 cuando el “Estado  se convirtió en perpetrador de violencia”. Un Tribunal de Conciencia, creado en Costa Rica, concluyó que el régimen usó el abuso sexual y la violación como una forma de tortura.

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