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    Ortega expulsó al representante del Fondo Catalán, el organismo anuncia su traslado a Costa Rica

    El régimen le dio 72 horas al representante del Fondo Catalán para salir de Nicaragua, lo que impedirá cerrar los proyectosen marcha

     El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (Fons Català de Cooperació al Desenvolupamen) lamentó este miércoles la cancelación del registro y número perpetuo del organismo en Nicaragua. Asimismo, denunció la expulsión de su representante en junio pasado, cuando comunicó a las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el traslado de la sede regional a Costa Rica, debido a las leyes restrictivas que dificultaban el trabajo diario del organismo en Nicaragua.

    “La aprobación de leyes restrictivas para el trabajo de las ONG y la cooperación Internacional era un hecho que ponía en riesgo la ayuda al desarrollo en el país”, expresó el organismo en un comunicado.

    La decisión de retirarse del país fue tomada previendo que las leyes represivas en Nicaragua acabarían haciendo inviable el funcionamiento de la oficina, explica el organismo que pretende continuar desarrollando proyectos de cooperación en Centroamérica desde Costa Rica.

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    El Fondo Catalán reveló que en junio pasado, después de comunicar su retiro de Nicaragua, «aclarando que el proceso no implicaba en ningún caso el cierre de proyectos en este país, el representante del Fons Català recibió una llamada oficial ordenándole salir del país en un margen de 72 horas, dejando la oficina sin representación y sin ninguna posibilidad de hacer un cierre adecuado y ordenado hasta el día de hoy”.

    GOBERNACIÓN EJECUTÓ ILEGALIZACIÓN DEL FONDO CATALÁN

    Este martes el Ministerio de Gobernación mediante una resolución administrativa anunció la cancelaron el registro y número perpetuo  señalando al organismo de obstaculizar” el control y vigilancia de la Dirección de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

    Además, lo acusa de no promover políticas de transparencia, integridad y confianza pública en la administración y manejo de “todas sus operaciones financieras”, lo que, según la institución, la oenegé violó la Ley de los organismos sin fines de lucro, así como la Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo.

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    “La expulsión de su representante y la cancelación del registro legal de la entidad imposibilita hacer un seguimiento directo de unos veinte proyectos activos en Nicaragua, muchos de ellos fruto de hermanamientos con municipios de Cataluña. Esta situación puede poner en riesgo la misma existencia de la cooperación municipalista en Nicaragua, un hecho del todo ajeno a nuestra voluntad”, detalla el comunicado.

    ARGUMENTOS «INVEROSÍMILES» PARA CANCELAR ORGANISMO

    La entidad municipalista tenía 26 años de trabajar en Nicaragua en diversos proyectos de apoyo a la población vulnerable sobre todo de la Costa Caribe de Nicaragua.

    “De una manera irreversible y con argumentos inverosímiles, se insta al Fons Català a proceder a la liquidación de sus bienes y activos, lo que significa de facto una expulsión de Nicaragua y el cierre de nuestra cooperación municipalista en este país. El Fons Català se suma al listado de más de un millar de entidades y organizaciones que se han visto en la misma situación durante los últimos meses”, denunció el organismo en un comunicado titulado: “la expulsión del Fons Catalá de Cooperación D Nicaragua”.

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    El organismo expone que desde 1996 han creado un vínculo con la población que “no desaparecerá con esta orden de expulsión” y se comprometieron a realizar esfuerzos para continuar trabajando con Nicaragua ahora desde el exterior.

    “La deriva autoritaria que ha tomado el régimen de Nicaragua ha supuesto un trasiego para el Fons Català, que se ha visto obligado a abandonar la oficina sin poder hacer las gestiones necesarias para hacer un traslado ordenado de su sede regional”, expone Fons Catalá.

    En lo que va de este año, el Ministerio de Gobernación a ilegalizado al menos 50 organismos internacionales. Por su parte, la Asamblea Nacional, dominado por el orteguismo, ha cancelado la personería jurídica a 1.350 oenegés.

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