Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trabajar una propuesta de ley para establecer la cadena perpetua en Nicaragua como castigo para los autores de los “crímenes de odio, crueles y aberrante, informó este lunes Rosario Murillo.

Murillo explicó que esta sería la respuesta del Estado “ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales o culturales”. De esa forma se refirió a la espiral de violencia machista e inseguridad que denuncian defensoras de derechos humanos y por la que las instituciones son señaladas de cómplices.

Ante la espiral de violencia, organizaciones defensoras cuestionan la liberación de miles de más de 23 mil reos comunes sin cumplir condena, entre ellos responsables de delitos sexuales y femicidios.

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La propuesta del Ejecutivo llega tras el crimen cometido contra dos niñas de 10 y 12 años en Mulukukú, asesinadas a machetazos el pasado sábado.

ORTEGA: “QUE SE REFORMEN LAS LEYES PARA PROCEDER”

Según Murillo, Ortega ya bajó instrucciones a la Corte Suprema de Justicia para “trabajar una propuesta que aborde integralmente, de manera preventiva y penal estos crímenes atroces, castigando severamente a los autores”.

Dijo que Ortega mandó a reformar las leyes pertinentes “para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos qué tipificamos como crímenes de odio crueles y aberrantes”, expresó la funcionaria que es parte de la lista de sancionados por Estados Unidos.

En Nicaragua el Código Penal establece como pena máxima 30 años de prisión.

Murillo expresó que establecer la cadena perpetua como castigo de delitos graves -no especificó cuáles- es una respuesta a una “justa demanda de la ciudadanía nicaragüense, a la vida y a la convivencia nacional armonía”.

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Aseguró que la reforma de Ortega ratifica el supuesto interés que tiene su administración en “perseguir y condenar y castigar severamente esos delitos que son de lesa humanidad”. No obstante, sobre el mismo Ortega, señalado de cometer delitos de lesa humanidad, entre ellos violencia por sexual.

El líder sandinista, sobre quien pesa una acusación de violación contra su hijastra que permanece en la impunidad, es acusado como promotor de la violencia y responsable de delitos graves. El viernes un Tribunal de Conciencia, creado en Costa Rica, acusó a Daniel Ortega de los delitos de tortura, a través del abuso sexual y la violación, hacia personas encarceladas a raíz de la Rebelión de abril.

“Acuérdese que policías y paramilitares participaron en violaciones masivas, tal como lo acaba de confirmar el Tribunal de Conciencia. Si el propio Estado está autorizando a policías y paramilitares a violar mujeres, ¿qué podemos esperar?”, dijo María Teresa Blandón en una entrevista a Despacho 505 sobre la responsabilidad estatal en la espiral de violencia que a la fecha ha cobrado la vida de 50 mujeres.

Murillo no brindó detalles de la reforma mediante la cual quedaría establecida la cadena perpetua en Nicaragua.

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