El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional un paquete de reformas que pretende institucionalizar el nombramiento de dos funcionarios públicos con rango de ministros bajo la figura de codirector y codirectora en cuatro instituciones de Gobierno.
La medida adoptada por Ortega formaliza lo que en la práctica venía haciendo en las instituciones públicas desde el 2011, que en lugar de destituir a los directores con rango de ministros les nombraba a un codirector.
Las reformas enviadas por Ortega incluye al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), y al Instituto de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, antes Inafor.
Una de las novedades de lo propuesto por Ortega al Legislativo, es que otorga poderes excepcionales a los codirectores del Intur, quienes, además de contratar a los empleados de la institución, podrán nombrar y destituir al secretario general de esa institución, una función hasta ahora exclusiva del Ejecutivo.
LEA TAMBIÉN: Nuevo paquete de cancelación de 25 oenegés, Puntos de Encuentro y organizaciones de mujeres en la lista
La reforma del artículo 9 de la Ley Creadora del Intur, señala que «será facultad de los codirectores y codirectoras del Intur, el nombramiento y remoción del secretario general y demás funcionarios y empleados» de la institución.
Otras de las excepcionalidades en las reformas enviadas por Ortega, es que la junta directiva de Invur será presidida única y exclusivamente por uno de los dos codirectores que la dirige, de acuerdo a la reforma al artículo 8 de la Ley Creadora del Invur.
«El Invur estará dirigido por una junta directiva compuesta por: a). por uno de lo codirectores o codirectora del Invur, quien la preside», señala el artículo 8 de la reforma.
SUPERNUMERARIOS EN EL ESTADO
Con esta reformas, Ortega impone a dos funcionarios en una misma institución, y promueve el despilfarro del erario público, ya que cada director devenga un salario mensual de 3.200 dólares.
De acuerdo a los argumentos presentados por el Ejecutivo, esta medida fortalecerá el trabajo que realizan estas instituciones y optimizarán el trabajo que desarrollan en el país.
LEA TAMBIÉN: OEA condena confiscación y exige restitución de su sede en Managua
«Guiados por ese interés se ha identificado la necesidad de disponer, el ámbito del Poder Ejecutivo de estructuras más ágiles y eficientes para ejercer las funciones que le han sido encomendadas en la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas, con el fin de lograr una mejor organización y mayor eficacia en la Gestión Pública», señaló Ortega en la exposición de motivos.