Daniel Ortega ha impuesto la Ley de regulación de agentes extranjeros, o “Ley Putin”, en un claro reto a la comunidad internacional que en las últimas semanas había hecho sendos llamados para que el dictador desistiera. Aunque la oposición miraba inminente la aprobación, asegura que habrá consecuencias económicas y diplomáticas para la Administración Ortega. 

Con 70 votos a favor, los diputados del Frente Sandinista aprobaron ayer la Ley destinada a espiar y perseguir financieramente a las organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación independientes, así como toda transacción o donación de cualquier persona natural o jurídica cuyos fondos provengan del exterior.

El analista político Bosco Matamoros considera que el régimen  camina sobre el filo de una navaja y menciona que la aprobación de la ley, en un corto plazo, podría provocar una suspensión del país de acuerdos comerciales con Estados Unidos Unidos y la Unión Europea. “Estamos borrando la marca Nicaragua, no van a venir inversiones y el Gobierno no está midiendo, no está viendo el impacto comercial y económico”, valoró el especialista. 

Matamoros cree que Ortega está apostando por una estrategia en la que pretende llevar a un punto de crisis aguda sus relaciones con la comunidad internacional para luego abrir la posibilidad de un diálogo. La Unión Europea (UE), Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) instaron a Ortega a que echara pie atrás a la ley. 

Tras conocerse la aprobación, el eurodiputado José Ramón Bauzá dijo a DESPACHO 505 que era un “verdadero desafío a la comunidad internacional”. “Tras la resolución del Parlamento, esperaba que Ortega y Murillo recapacitaran. Están solos. Tienen en contra a Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea”, señaló el legislador europeo, uno de los más críticos del régimen.

Bauzá llamó al Consejo Europeo, y al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que cumplan con su deber para que el próximo año se celebren elecciones libres y justas en Nicaragua. 

José Ramón Bauzá.

“Con la aprobación de esta ley queda demostrado que Ortega no piensa echar marcha atrás. Solo queda que se cumpla el mandato del Parlamento Europeo y que la UE sancione a Ortega y Murillo y empiecen los trámites para suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación”, instó Bauzá. 

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, asegura que la ley oficializa el espionaje financiero en el país y tendrá un efecto sobre los flujos de inversión. “Esta es una ley restrictiva y cualquier organización extranjera puede ser catalogada como agente extranjero, así que no solo afecta a los opositores sino a toda nicaragua en su conjunto”. 

Chamorro, retomando las palabras de Bauzá, expuso que Ortega está motivando a que la Unión Europea active la cláusula democrática del AdA, algo que traería “gravísimas consecuencias”, y a las que se sumaría Estados Unidos. “La dictadura está cercenando las libertades y parece no importarle la condena internacional, esta es una clara señal de falta de voluntad política para resolver la crisis del país”, dijo.

Por su parte, Jesús Téfel, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) valora que pese a que la comunidad internacional ha ofrecido vías de escape, Ortega no lo ha aprovechado y al contrario, se muestra dispuesto a destruir el país y la economía. 

Ante eso, dice, la alternativa para la UNAB y la comunidad internacional es ir con más fuerza y presionar al régimen. “No vamos a quedarnos sentados, no podemos permitir un colapso, un colapso económico. Estamos a tiempo para ir con más fuerza y trabajar en sintonía con la comunidad internacional”, planteó. 

Téfel manifestó que el único generador de sanciones es Daniel Ortega y tanto la oposición como la comunidad internacional deben responder a la brutalidad del régimen y para ello se deben establecer acciones recíprocas. “Las sanciones deben continuar por parte de la comunidad internacional”, señaló. 

Jesús Tefel

La ley aprobada ayer ha sido objeto de críticas por sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional. El Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves una resolución donde pidió al Consejo de la Unión Europea imponer sanciones al régimen si se aprobaba. Estados Unidos también prometió reaccionar ante esta “ofensa a la democracia”.

El régimen pretende con la Ley conocer quiénes se dedican a esta actividad con el fin de llevar un registro que permita evitar que los recursos financieros o activos recibidos por estos sean destinados para ejecutar “actos que atenten contra el interés superior y el bien común, así como contra los principios de independencia, soberanía nacional y autodeterminación de la nación”.  Para tal fin se crea el Registro de Agentes Extranjeros el que estará a cargo del Ministerio de Gobernación, ente ante el cual deberán inscribirse todos los sujetos obligados.

El mismo día que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de regulación de agentes extranjeros, el secretario general de la OEA, Luis Almagro emitió un comunicado en el que señaló que Nicaragua vive persiste una alteración del orden constitucional. 

La próxima Asamblea General de la OEA, prevista para los días 20 y 21 de octubre en Washington, según Almagro, “debe ser consistente y hacer suyas las denuncias de violación de los derechos humanos, exigir se liberen a los presos políticos, se restablezcan las libertades fundamentales y se proceda a las necesarias reformas electorales que permitan el retorno de la democracia a Nicaragua”.

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