El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación liberó este sábado a 800 presos comunes en toda Nicaragua, en medio de una espiral de inseguridad ciudadana que se evidencia a diario a través de reportes de robos y asesinatos a mano armada en diferentes departamentos del país.  

En el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, de Tipitapa, se realizó esta mañana un acto encabezado por la ministra de Gobernación María Amelia Coronel, quien dijo que la excarcelación se da por una orden directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

Los reos comunes recibieron el beneficio de convivencia familiar con motivo de las fiestas patrias. La salida de presos se ejecutó en simultáneo en los penales de La Modelo (Tipitapa), Matagalpa, Chinandega, Granada, Juigalpa, Estelí y Bluefields.  

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“Estamos dando el beneficio de convivencia familiar a más de 800 presos de todo el territorio nicaragüense. Esto constituye que se puedan reintegrar a la sociedad. En cada penal se trabaja para que toda persona salga transformada con nuevos pensamientos y ganas de superación. A los presos debemos darles una segunda oportunidad” señaló la titular de Gobernación.  

El pasado 25 de agosto la funcionaria orteguista había reportado la liberación de 22,567 presos comunes en los últimos meses en todos los departamentos de Nicaragua. Con la excarcelación de este sábado la cantidad de presos comunes enviados a las calles asciende a 23,367.

Entre los excarcelados de hoy no hubo presos políticos, confirmó la abogada Yonarqui Martínez. 

EXCARCELACIONES NO SON APEGADAS A LEY 

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explica que en el país existe un Sistema Progresivo de Reinserción Social que regula los derechos y deberes de los internos, pero que este no se está aplicando adecuadamente en la selección de presos a recibir el derecho a una excarcelación.   

Ese sistema está dividido en etapas: la primera dura seis meses y es de observación; luego viene la parte de trabajo que equivale a un día de reducción de pena por cada día trabajado en prisión; por último, llega el derecho a recibir el beneficio de convivencia familiar.  

Sin embargo, para que un reo pueda recibir este beneficio debe cumplir con cuatro condiciones básicas: haber sido condenado por delitos leves, tener buen comportamiento, haberse incorporado a los programas de reinserción y ser reos primarios, es decir que no haya estado antes en prisión.   

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Pero, el defensor alerta que actualmente las autoridades penitenciarias “aplican un criterio estrictamente político a favor del gobierno”.   

“Todo lo que se hace en este país lleva el manoseo político-partidario de la pareja gobernante y es así que sacan un montón de gente, agravando la carente seguridad ciudadana. Ahora les dicen que los liberan por la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ganar réditos con los reos y sus familiares”, comenta Cuevas.   

El problema se agrava cuando además de seguir lineamientos políticos para ganar réditos con las excarcelaciones, las autoridades están liberando a reos de peligrosidad. 

“Hemos tenido información que dentro de esas excarcelaciones hay personas con delitos gravísimos, como narcoactividad, delitos de robo. Aquí mismo en la calle de mi casa han sacado gente peligrosa”, afirma el asesor legal de la CPDH. 

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