Durante su cuarta investidura presidencial consecutiva, el dictador Daniel Ortega pidió “borrón y cuenta nueva” a Nicaragua, un país marcado por la represión estatal desatada en abril de 2018 que ha dejado 355 muertes impunes, más de 100 mil exiliados y que aún mantiene al menos 170 presos políticos.
Ortega asumió la noche de este lunes su cuarto mandato consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, tras haberse impuesto en noviembre pasado unas elecciones cuyos resultados por el grueso de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril (2018), eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza”, expresó Ortega en una cadena nacional desde la Plaza de la Revolución en Managua.
Durante su discurso, Ortega falseó nuevamente los hechos acontecidos en abril de 2018, que sigue calificando como un “intento de golpe de Estado” financiado por Estados Unidos. Sin mencionar las 355 víctimas, Ortega mencionó que 40 policías fueron asesinados en 2018, aun cuando las cifras de la misma Policía Nacional indican que durante los enfrentamientos con manifestantes cayeron 22 agentes.
En el contexto de la crisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019, incluidos 22 policías.
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El líder sandinista no dejó claro si «el borrón y cuenta nueva» que pide implicaría la liberación de los presos políticos y el “diálogo nacional” al que dijo que convocaría después de las elecciones.
RESIENTE SANCIONES Y ATACA A ESTADOS UNIDOS
La jornada de este 10 de enero estuvo marcada por las nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra dos hijos de la pareja presidencial, allegados y tres instituciones de la dictadura.
Durante su discurso, el exguerrillero sandinista, de 76 años y que hoy cumplió 15 años consecutivos en el poder, cargó contra Estados Unidos y la Unión Europea, a los que tildó de «colonialistas criminales y esclavistas».
Ortega y Murillo juraron en el cargo por cinco años más ante el titular de la Asamblea Nacional, el sancionado diputado Gustavo Porras, en presencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y representantes de China, Irán y Rusia, entre otros.
El acto de investidura no contó con representantes oficiales de Estados Unidos ni de los países de la Unión Europea, que han calificado de fraudulentos los comicios de noviembre pasado, en los que se impuso Ortega con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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Según Ortega, Estados Unidos está en crisis, porque “imagínense, unos cuantos miles de norteamericanos, señalaban que le habían robado las elecciones al anterior presidente, empezaron a protestar los ciudadanos. Hubo cinco o seis y tienen en la cárcel a 700 norteamericanos. Podemos decir que son presos políticos, ¿qué esperan para poner en libertad a esos presos políticos”, dijo tratando de desviar la atención que recae sobre su régimen que mantiene encarcelados y bajo torturas a más de 170 opositores.
PROTESTAS EN EL EXILIO
En tanto, diversas organizaciones opositores y nicaragüenses en el exilio se manifestaron en Costa Rica y en España en contra de la investidura de Ortega, bajo el lema «Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado».
El lema «Ortega ilegítimo» fue el principal mensaje que motivó a esas manifestaciones, así como la exigencia de liberación de «los más de 170 presos políticos» de las cárceles del país, «justicia para los desaparecidos desde 2018» y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Ortega, que gobierna sin contrapesos desde 2012, permanece en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El sandinista, cuyo nuevo mandato no ha sido reconocido por el grueso de la comunidad internacional, podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.
(Con información de EFE)
