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Reporte 505

¿Ortega prepara las condiciones para una negociación?, esto dicen algunos expertos

La Asamblea Nacional aprobará este lunes un paquete de leyes, entre ellas la que pretende lapidar la participación de la oposición en las próximas elecciones.

Asamblea Nacional Nicaragua
Asamblea Nacional Nicaragua

La Asamblea Nacional discutirá este lunes, en sesión extraordinaria, un combo de leyes, entre ellas la que inhibe a dirigentes opositores para postularse a cargos públicos, un derecho ciudadano reconocido en la Constitución Política del que serían privados bajo el «justificante» de que encabezan, financian, fomentan e instan a actos terroristas, o porque exalten y aplaudan sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.

Analistas consultados por DESPACHO 505 interpretan la norma que limita el acceso a cargos públicos como parte de una estrategia de Ortega para buscar una negociación a la que iría con amplia ventaja.

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El sociólogo Oscar René Vargas, considera que con la aprobación de esta Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Ortega “sube la parada (para negociar) y para ceder lo mínimo”.

“La estrategia política de Ortega ha sido reprimir a cualquier costo para retener el poder y no conceder nada o lo mínimo que pueda. Siendo así las cosas, él espera el “mañana” para ver qué le trae, mientras mantiene al pueblo encerrado en una jaula por medio de la represión generalizada y/o selectiva”, comentó Vargas.

QUIERE MOSTRARSE INVENCIBLE

Con esta ley, ya serían cuatro instrumentos legales promovidos por la bancada sandinista en 2020 con el objetivo de controlar, limitar, vigilar y castigar a opositores. Todos rechazados y cuestionados por la comunidad internacional. Los otros son la Ley Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma al artículo 37 de la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua para los “crímenes de odio”, una figura que sería aplicada a discreción.

El analista político Eliseo Núñez considera que Daniel Ortega con sus movidas contra la oposición quiere mostrarse “invencible”, después de conseguir los recursos financieros para el próximo año.

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“Está empujado por el dinero que consiguió (Ortega) por los huracanes y por la pandemia, que le está permitiendo sentirse seguro el año que viene y no tener que negociar nada con la comunidad internacional, mucho menos internamente”, comenta Núñez.

Ortega ha logrado conseguir recursos por el orden de los 1,000 millones de dólares para el 2021, después de dos años de tener cerradas las ventanillas de los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Núñez afirma que Ortega ve como una “victoria”, el haber conseguido recursos financieros, pero aclara que ese dinero no representa un voto de confianza hacia él de parte de la comunidad internacional, si no que se trata de una excepción para sacar adelante al país luego del desastre que dejó el paso de los huracanes Eta e Iota.

“Esta arremetida que vemos ahorita es producto de que él logró que le soltarán las marras del dinero que le tenía retenido y yo creo que la comunidad internacional tiene que hacer una lectura correcta de que en la medida que Ortega tenga disponibilidad de recursos va a reprimir más”, expune el analista.

SIN CONTENDIENTES

Para el analista Bosco Matamoros si se aprueba esta ley fracasará el proceso electoral, ya que no es aceptable, ni para el país ni para la comunidad internacional, un proceso bajo esas reglas, ya que no cumple ni las condiciones técnicas a las que Nicaragua se había comprometido con la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, impedirá que opositores postulen como candidatos en las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre de 2021.

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El artículo 1 de la iniciativa de Ley, establece que no podrán optar a cargos públicos todos los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado o alteren el orden constitucional.

“Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”, señala la iniciativa de ley.

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EL COSTO POLÍTICO PARA LA ASAMBLEA NACIONAL

El analista Bosco Matamoros llama la atención sobre el costo político que asume la Asamblea Nacional al servir como facilitador a Daniel Ortega en la concreción de su de retener el poder a toda costa: «una Asamblea que apruebe una legislación de esta naturaleza está cometiendo un error estratégico», enfatiza.

“Yo veo que tiene un problema más serio el gobierno (de Ortega), en cuanto a la nueva administración bajo Joe Biden que dijo claramente que su prioridad en política exterior son: democracia, transparencia, respeto a los derechos humanos. Yo creo que en ese sentido una Asamblea que apruebe una legislación de esta naturaleza comete un error estratégico”, expuso Matamoros tras recordar que la norma viola los acuerdos que la administración de Ortega firmó con la oposición en marzo del 2019, en los que se comprometía al restablecimiento de los derechos y garantías del pueblo de Nicaragua.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, coincide en que la aprobación de esta nueva ley provocará el repudio de la comunidad internacional, ya que quedará clara “la intención de inhibir o limitar el pluralismo político”.

OTRAS INICIATIVAS

La agenda extraordinaria de este lunes, también incluye la discusión de la Ley de Aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población Nnicaragüense; un decreto legislativo de financiamiento entre Nicaragua y el Banco Mundial; y el decreto de aprobación a la enmienda de Basilea sobre los desechos peligrosos y su eliminación.

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La Ley de Aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense plantea que “la participación accionaria de TSK-Melfosur Internacional S.A., en Disnorte y Dissur, pasa a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua”.

Además, discutirán un financiamiento de 20 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para financiar un proyecto de respuesta ante el Covid 19, y que ejecutará el Ministerio de Salud (Minsa). El financiamiento está pactado a un plazo de 30 años, con cinco de gracia.

El diputado Maximino Rodríguez considera paradójico que Ortega solicite este préstamo, ya que las autoridades de salud han expresado tener su propio sistema para prevenir la pandemia.

“Mientras ellos promueven el contagio comunitario, ahora están enajenando al país con un préstamo para crear un sistema de aprendizaje en este momento”, comentó el parlamentario liberal.

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