Daniel Ortega inició a quitar poderes a su secretario privado Paul Oquist Kelley, seis días después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “por encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos”.

Mediante Acuerdo Presidencial 149-2020, publicado este jueves en La Gaceta, diario oficial, Ortega cancela el nombramiento de Paul Oquist Kelley como miembro de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (PETRONIC), “en consecuencia déjese sin efecto el Acuerdo Presidencial número 46-2007 publicado en La Gaceta, diario oficial del 30 de enero de 2007”, dispuso el dictador.

Además, cancela el nombramiento de su Paul Oquist como miembro de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

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En sustitución de Oquist, Ortega designa tanto en Petronic, como en Eniminas, a Marco Aurelio Rivas Kauffman, según los Acuerdos Presidenciales 150 y 152 publicados en La Gaceta.

Paul Oquist Kelley es considerado la “mano derecha de Ortega”. Funge como su secretario privado desde su llegada al poder en enero de 2007. Además ha fungido como representante de Nicaragua en foros internacionales bajo el cargo de Secretario Privado para Políticas Públicas con rango de ministro.

SANCIONADO POR ENCUBRIDOR

El pasado nueve de octubre, Oquist, originario de Estados Unidos y nacionalizado nicaragüense, fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense junto a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido y la Caja Rural Nacional (Caruna).

Según el Tesoro, el funcionario desempeña un papel principal en la difusión de desinformación “para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos”.

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“En numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y la propaganda del régimen de Ortega. Además, Oquist ha defendido el caso de Ortega a nivel internacional con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen”, señaló el Tesoro al emitir la sanción.

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