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    Reporte 505

    Ortega quiere lavarse la cara ante la comunidad internacional y dividir a la oposición en Nicaragua

    Analistas políticos coinciden que la certificación del CSE violenta el Estado de Derecho en Nicaragua y no es más que una estrategia de Ortega para dividir a la oposición.

    Analistas políticos coinciden que la certificación del CSE violenta el Estado de Derecho en Nicaragua y no es más que una estrategia de Ortega para dividir a la oposición.

    La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está intentando dar muestras de “benevolencia” ante la comunidad internacional y a la vez, dividir a la oposición con la reciente certificación emitida por el Consejo Supremo Electoral (CSE) que extiende el plazo hasta junio del 2021, para la obtención de Personería Jurídica a los partidos políticos.

    Están usando un instrumento ambiguo de un poder del estado colapsado e ilegítimo, según analistas consultados por Despacho 505.

    LEA: CSE patina con oferta de personería, organizaciones detectan trampa y denuncian ilegalidad

    Los analistas políticos, José Antonio Peraza y Francisco Aguirre Sacasa consideran que la dictadura da una muestra más de su total irrespeto al Estado de Derecho emitiendo una certificación para reformar una ley con rango constitucional.

    El artículo 1 de la Ley Electoral señala que “es de carácter constitucional” y el artículo 77 de la la Ley Electoral establece los plazos para la obtención de la personería jurídica.

    “Para la presentación de candidatos, los partidos políticos deberán haber obtenido su personalidad jurídica al menos doce meses antes de la fecha de las elecciones de autoridades nacionales y seis meses para las restantes…”, dice el artículo 77 de la Ley Electoral.

    MANIOBRA POLÍTICA DE ORTEGA

    Los expertos sostienen que, bajo esos preceptos, la Ley Electoral solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional.

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    Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, cree que al régimen no le importa la constitucionalidad, ni el Estado Derecho, algo ya muy bien sabido, y menos que esté interesado en facilitar el ambiente electoral para la oposición.

    Aguirre Sacasa asegura que lo que en realidad le interesa a la dictadura con su nueva maniobra de ampliar el plazo para la adquisición de personería jurídica, es dividir a la ya fragmentada oposición, despertar ambiciones entre los grupos que están intentando unirse, y destruir la imagen de los partidos políticos que puedan tener alguna fuerza.

    ¿CON LA VENIA DEL PLC?

    Por su parte, el analista político, José Antonio Peraza, señala que la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua, siguen siendo “frutas exóticas” y una muestra de ello es que el CSE, emitió una certificación ambigua.

    «El CSE es un poder del Estado, colapsado, altamente cuestionado y carente de credibilidad, mediante un instrumento ambiguo como una certificación administrativa, esté reformando un artículo de una ley con rango constitucional”, cuando debería ser la Asamblea Nacional la que haga esa reforma.

    LEA: Pallais: Certificación del CSE es ilegal, inconstitucional e ilegítima

    La certificación del CSE fue aprobada por todos los magistrados de esa entidad controlada por el dictador Ortega, incluyendo al magistrado Luis Benavidez, quien está en ese cargo desde el año 2005 producto del pacto entre Arnoldo Alemán y Ortega, quienes se repartieron cargos en todos los poderes del Estado. Benavidez, entonces era un liberal muy cercano a Alemán.

    Consultado sobre la posibilidad que el PLC estuviera enterado de previo sobre la certificación del CSE, Peraza prefirió no ser rotundo, pero sí afirmó que duda mucho que ese pacto FSLN-PLC este totalmente muerto.

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    “Puede ser que Luis Benavidez esté apartado del PLC, pero dudo que el pacto que lo llevó a ese cargo, entre el PLC y el FSLN esté totalmente desmontado. Creo que el PLC tiene que hacer muchos votos para demostrar que no está vigente ese pacto”, dijo el analista político.

    SEÑALES DE ESTADOS UNIDOS

    En tanto, Aguirre Sacasa cree que el régimen Ortega-Murillo también está enviando un mensaje al gobierno norteamericano, previo a las elecciones presidenciales de ese país.

    “Ortega le está poniendo mente a una posible segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos. Por ello se está dando un margen de seis meses a partir de noviembre que era el plazo para solicitar las personerías jurídicas y es cuando ocurran las elecciones en aquel país y el nuevo plazo, que es junio del 2021”, señaló.

    Agregó que Ortega “intenta dar muestras que quiere arreglar la situación política en Nicaragua y facilitar un entendimiento, pero no va a funcionar, porque Ortega ya no tiene amigos en Washington”, dijo el excanciller.

    LEA: CSE lanza “carnada” a organizaciones políticas: ofrece de oficio personaría jurídica

    Aguirre sostiene que aunque gane las elecciones un gobierno demócrata en Estados Unidos, tampoco estarían fácil las cosas para el régimen de Ortega, porque la crisis de democracia y gobernabilidad en Nicaragua es muy profunda.

    Recordó que ya el gobierno demócrata del ex presidente Barack Obama en su momento, congeló una ayuda de 60 millones de dólares de la cuenta Reto del Milenio, así que un nuevo gobierno demócrata también tomaría acciones contra la falta de democracia en Nicaragua.

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