Daniel Ortega reaparecerá el próximo lunes 22 de febrero para rendir homenaje al general Augusto C. Sandino, día en que cumplirá 42 días de ausencia en la gestión pública, confirmó este viernes la vocera del régimen, Rosario Murillo.  

“El domingo ponemos ofrenda (como Gobierno) donde detuvieron a Sandino, frente a lo que fue El Hormiguero y el día lunes juntos en un acto nacional de honor, gloria y presente lleno de dignidad nacional, acto de homenaje a nuestro general de hombres y mujeres libres”, indicó Murillo a través de medios oficialistas. 

Esta sería la segunda aparición pública del dictador en lo que va del año, tras su cadena nacional del 11 de enero cuando conmemoró el 154 aniversario del natalicio de Rubén Darío.  

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La aparición del dictador se dará en medio de constantes llamados de la oposición que demanda una reforma electoral de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Desde el 19 de julio del año pasado Ortega ofreció al país una reforma electoral, pero hasta ahora no se ha concretado.  

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) fijó un plazo que culmina en mayo de este año para que se logre dicha reforma.  

LA POSICIÓN DE BIDEN  

En su última aparición Ortega pidió respeto y diálogo a la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Estado, ya bajo la nueva administración demócrata ha fijado su posición respecto a la crisis que vive Nicaragua.  

Estados Unidos señaló a Ortega de llevar al país a una dictadura y rechazó la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que ha obligado al cierre de varias organizaciones. 

“Estamos enfocados en empoderar a la sociedad civil y mejorar el respeto a los derechos humanos. Instamos al presidente Ortega a que cambie de rumbo ahora”, advirtió el Departamento de Estado en una declaración emitida el pasado 8 de febrero, a 19 días de la toma de posesión de Biden. 

LA DEMANDA DE EMPRESARIOS 

En las últimas semanas también se aprobó una reforma a Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), que a criterio del sector privado, especialmente del sector financiero, tendría graves consecuencias para la economía del país.  

El sector privado de Nicaragua ha demandado al régimen la derogación de esta reforma. 

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) denunció que la reforma viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en “riesgo al país de pasar de la lista gris en que encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. 

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Asimismo, Nicaragua podría ser excluida del Sistema Financiero Global lo que podría ocasionar el cierre de las cuentas de corresponsalías bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar y recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos.  

Tanto el Cosep como otras cámaras empresariales han hecho eco de los riesgos planteado por los bancos privados. 

Los puntos abordar por Ortega este lunes no fueron dados a conocer por Rosario Murillo. 

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