El régimen de Daniel Ortega decidió, contrarreloj, impulsó reformas a la Ley Electoral a su medida. A tan solo un mes de que se cumpla el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se implementen reformas necesarias al sistema electoral nicaragüense — que garanticen elecciones libres, justas y transparentes — la dictadura decidió desoír no solo ese mandato sino los llamados hechos por Estados Unidos y la Unión Europea. De llegar a noviembre sin cambios mínimos, podría enfrentar a una comunidad internacional que se dispondrán a desconocer el proceso, y por tanto su nuevo Gobierno.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard,  refuerza esa idea al decir que de no realizarse estas reformas demandadas por la OEA, Ortega en el futuro sería declarado ilegítimo.  “Toda la comunidad internacional considera la resolución de la OEA como el punto de partida para la solución del problema. Dar la espalda a ese llamado y exigencia indica que el régimen de Ortega no está interesado en tener relaciones con esos países. Lo que habrá es un desconocimiento del régimen, es decir  se caería en una situación de absoluta ilegitimidad”.

En esa misma línea, Icaza considera que otra de las consecuencias para Ortega sería que su régimen se vea aislado de la cooperación de los países que votaron a favor de esta resolución. “Eso traería como consecuencia el bloqueo en los organismos financieros internacionales y  posiblemente salida de Nicaragua de los acuerdos comerciales, DR CAFTA y Acuerdo de Asociación con la UE. En esas circunstancias la inversión privada extranjera se reduciría a cero”, expuso el ex representante de Nicaragua en la ONU.

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Pero, cuál es la propuesta de reforma planteada por la Organización de Estados Americano y en qué se diferencia  de la consensuada por el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE). Ortega no rescató ninguna recomendación hecha por estos organismos nacionales e internacionales.  Según la resolución denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, aprobada por la Asamblea General de la OEA el pasado 20 de octubre de 2020 en una reunión virtual, uno de los principales requisitos contemplados refleja que Ortega debe modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), uno de los poderes del Estado dominado por su régimen y que ha servido para perpetuarse en la presidencia en comicios pasados. 

Este documento del órgano interamericano también recomienda a la dictadura orteguista aceptar observadores internacionales independientes y debidamente acreditados para este nuevo proceso electoral. La OEA demanda, además, que durante este proceso electoral, se permita un registro de nuevos partidos políticos, revisión técnica independiente y la actualización de los registros electorales así como la auditoría independiente de las listas de votantes; una gestión transparente y eficaz del registro de votantes; la distribución de cédulas de identidad y centros de votación y un recuento transparente que garantice la publicación de resultados en tiempo real durante los comicios.

Reformas electorales

PROPUESTA DEL GRUPO PRO REFORMAS

  • Fortalecimiento del CSE, mediante la elección de nuevas magistraturas del CSE basados en criterios de idoneidad y probidad.
  • Despartidizar y ciudadanizar el nombramiento de integrantes de los órganos electorales CED, CEM, CER, JRV, mediante la implementación de un proceso aleatorio.
  • Auditoría y depuración de un Padrón Electoral único que sea del conocimiento público. 
  • Asegurar el cumplimiento del proceso de cedulación de acuerdo con  lo establecido en la Ley Electoral y la Ley de Identidad Ciudadana.
  • Apertura, flexibilización y garantía para la participación de los partidos políticos.
  • Observación electoral nacional e internacional irrestricta.
  • Publicar en tiempo real en la web de CSE el 100% de las actas escrutadas de cada JRV asignadas a cada Centro de Votación.
  • Definición de procedimientos y reglas claras para los procesos de reclamos e impugnaciones durante el proceso electoral, garantizando el debido proceso y su resolución en tiempo y forma.
  • Asegurar la transparencia, evitando la discrecionalidad del CSE mediante la publicación de las normativas únicas que regulan cada etapa del proceso electoral desde el día que se convoque a elecciones.
  • Fiscalización total y efectiva de fiscales de los partidos políticos y alianzas.
  • Garantizar el derecho de las y los excarcelados y exiliados en el marco de la crisis iniciada en abril del 2018, para ejercer su derecho a postular candidaturas.

PROPUESTA OEA

  • La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
  • Un examen técnico y auditoría independiente para actualización de los registros de votación y las listas de votantes.
  • Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación.
  • Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos ( incluidos registro abierto de nuevos partidos políticos).
  • Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
  • Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
  • Procedimientos adecuados para la presentación dequejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.

La OEA contempla la necesidad de un “proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión”. No obstante, hasta la fecha, la dictadura de Ortega no ha dado señales de querer hacer caso a las reformas de fondo de dicha resolución, que se suma a una propuesta realizada por el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), respaldada por varias organizaciones opositoras y cámaras privadas, para que se realicen comicios libres.

Para el exembajador, aunque solo queda un mes para que Ortega acate las demandas de la OEA y del GPRE y aunque no ve voluntad del régimen de querer hacer cambios serios en el sistema electoral, “Ortega puede abrir un diálogo mañana mismo, con la oposición democrática, para empezar sobre un nuevo CSE y para invitar a los organismos de observación de la OEA y la Unión Europea”.

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Para realizar las otras reformas electorales, dice, también pueden encontrarse mecanismos que permitan mejorar el sistema mismo “en términos de transparencia y seguridad del respeto al voto, aunque lo único que se ve es la voluntad del dictador de perpetuarse, aun al precio de destruir el país”.

Icaza cree que ante un eventual diálogo entre la oposición para estos cambios electorales, el primer reto es la confianza en los magistrados del CSE. “Estos señores del CSE no generan ninguna confianza, han sido sancionados por corruptos y no han dado muestras de ninguna independencia. Su actuación en elecciones pasadas ha sido muy criticada por los organismos de observación y después está el problema del control absoluto que ejerce Ortega en el resto de estructuras”, señaló.

Previo a la presentación de propuestas de reformas electorales hecha por la bancada orteguista en la Asamblea, el presidente de ese Poder del Estado, anunció la elección de nuevos magistrados ante el CSE cuyos cargos están vencidos desde febrero de este año. La oposición no podrá hacer recomendaciones ya que se limitó a los partidos con representación en el Parlamento, que son colaboracionistas del régimen.

Otro problema que identifica Icaza es la pérdida de tiempo y presión por parte de la oposición nicaragüense. “Hemos perdido demasiado tiempo en la oposición. Urge tener ya una candidata o candidato único, que termine de salvar los obstáculos para la unidad y que le plante cara a Ortega en términos de condiciones electorales”, dijo.

La propuesta del GPRE establece como condición, por ejemplo, la no reelección presidencial y la prohibición de que el cónyuge del presidente participe como candidato a presidente o vicepresidente, como es el caso de la esposa de Ortega, Rosario Murillo. También proponen eliminar a los actuales magistrados electorales, que la estructura electoral sea apolítica y promover la competencia justa transparente en la entrega de los resultados.

Otro de los parámetros es suprimir las dos diputaciones, una para el presidente saliente y la del candidato a presidente que obtuvo el segundo lugar. Asimismo, este documento contempla restablecer las candidaturas por suscripción popular o candidatos independientes para elección a nivel regional y municipal; restablecer el umbral electoral 50 por ciento más uno y la segunda vuelta si no se alcanza; derogar el requisito del cuatro por ciento para que los partidos políticos puedan mantener la personalidad jurídica; y la eliminación de diputaciones sin voto popular.

Según el politólogo José Antonio Peraza, miembro del GPRE, existen cuatro diferencias entre los puntos propuestos por el movimiento que integra y los de la OEA, entre estos está la fiscalización total de los fiscales de los partidos políticos y alianzas electorales; garantizar el derecho de excarcelados políticos y exiliados para postularse como candidato presidencial; la implementación del voto de nicaragüenses en el exterior y el respeto de la autonomía de las alianzas entre partidos políticos y movimientos sociales.

Por ejemplo la OEA establece nueve puntos para reformar el sistema electoral nicaragüenses, mientras que el GPRE establece 13 acciones para el mismo fin, de los cuales coinciden en nueve puntos. “Tenemos coincidencia en nueve puntos porque la OEA junta varias cosas en una sola propuesta mientras que nosotros (GPRE) las separamos, es decir, son cuatro temas que a nosotros nos quedaron diferentes porque lógicamente son determinaciones internas del país y ellos tratan de manejarse con el marco jurídico ya constituido”, explicó Peraza.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional creó el pasado 8 de abril y aprobó el 12 de abril una Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, para dar seguimiento a la iniciativa de reforma y adición a la Ley Electoral (Ley No. 331), enviada por Daniel Ortega. Esta comisión está conformada por los diputados sandinistas: María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila, Jenny Martínez, Wálmaro Gutiérrez; la diputada del PLC, Rosa Argentina Navarro, y el diputado del PLI, Mario José Asensio Florez.

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Tras una revisión al proyecto del régimen orteguista, el GPRE encontró anomalías en algunos artículos, que pueden interpretarse que califica como “trucos” en el sistema electoral. Aunque no se refirió de forma detallada a los artículos que presentan anomalías, el miembro del GPRE, Peraza adelantó a DESPACHO 505 que “hay problemas en la manera en que se interpreta el Padrón Electoral, tanto en el pasivo como en el activo y en el tema de que no se establecen de forma clara la verificación”.

El GPRE emitirá un pronunciamiento en el que detallará la serie de anomalías encontradas en las propuesta del régimen. Mientras el tiempo avanza, Ortega parece decidido a ir en contra de la comunidad internacional, al costo que sea.

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