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    Ortega y su lucha frontal contra las oenegés: 57 ilegalizadas en un año

    En diciembre del 2018, luego de las protestas, el régimen por medio de la Asamblea Nacional despojó de su personería jurídica a nueve organizaciones y en el 2020 a una.

    Daniel Ortega Saavedra
    1. El Frente Sandinista asume el peor de sus mandatos como partido político. Tras el control de Daniel Ortega poco queda de aquel partido revolucionario.

    En este 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó una guerra sin cuartel contra las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales al ilegalizar al menos a 57 oenegés que ha dejado una cantidad no cuantificada de desempleo y proyectos inconclusos que beneficiaban a grupos vulnerables de la población.

    Julio fue el mes más nefasto para el funcionamiento de estas organizaciones sin fines de lucro, ya que el Parlamento, dominado por el orteguismo, el día 28, de un tajo despojó de la personería jurídica a 24 oenegés nacionales.

    Casi un mes después, el 26 de agosto, los mismos diputados votaron a favor de ilegalizar a 15 organizaciones que se dedicaban principalmente a la promoción de temas de salud, defensa de las mujeres, fomento local, promoción de la cultura, entre otros ámbitos de interés social y desarrollo local.

    El último golpe lo asestó Ortega el 13 y 14 de diciembre cuando en menos de 24 horas el Parlamento canceló la personería jurídica a 12 organizaciones entre ellas a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) dejando en el aire a miles de estudiantes que cursaban sus estudios en esa casa de estudios.

    Pero no solo el Parlamento fue designado por Ortega para esta labor, el 16 de agosto del 2021, el Ministerio de Gobernación canceló el registro y número perpetuo asignado a seis organismos internacionales y con ello finalizaron proyectos de apoyo a grupos vulnerables.

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    A esta lista hay que sumarle las nueve que en 2018 fueron despojadas de su personalidad jurídica y desmanteladas. La persecución continúo en el 2020 con la orden de cierre de la Asociación de hermanamientos municipales de Camoapa. Es decir, que, desde diciembre del 2018, hasta la fecha Ortega ha deslegitimado a 67 organizaciones no gubernamentales.

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    «MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA REPRESIÓN»

    La activista Haydée Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre del 2018, señala que este año se ha visto la “máxima expresión de la represión” en contra de la democracia participativa, ya que desde que Ortega retomó el poder en el 2007, impuso la llamada “democracia directa” la cual tiene como objetivo desmantelar la participación de la sociedad civil.

    “Ortega le teme a todo lo que implica derechos humanos porque este es un régimen contra el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y eso es lo que explica su guerra contra las oenegés”, expone.

    Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expone que esta “guerra” de Ortega ha sido permanente y sistemática y un ejemplo de ello es que impedía las marchas que organizaban colectivos de mujeres. Agrega que desde el 2018, con el alzamiento popular de abril, se han reducido los espacios cívicos ya que el régimen tiene el propósito de controlar los espacios donde actúan las organizaciones.

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    “El objetivo es el cierre total de los espacios de ejercicios de derecho”, apunta Arce, quien señala “hay una batalla declarada contra las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua”.

    ILEGALIZACIÓN IRREGULAR

    Castillo considera que la ilegalización de todas las organizaciones no gubernamentales se llevó a cabo de manera irregular y expone que el régimen de Ortega no puede convivir con las oenegés por que le han enseñado a la población a conocer y defender sus derechos.

    “Las organizaciones no gubernamentales en muchos territorios muchas veces hicieron mucho más desarrollo que algunas Alcaldías, porque muchas veces el Estado ha estado plagado de corrupción y del mal uso de los recursos”, señala la activista.

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    Arce agrega que otro de los motivos es que muchas de las organizaciones nacionales han sido ilegalizadas es porque cuestionan el discurso oficial que niega las violaciones a los derechos humanos y porque brindan acompañamiento a las víctimas.

    La guerra de Ortega contra estos organismos también ha afectado a sus aliados, Leonardo Torres, rector de la Uhispam es un ejemplo claro de ello. Castillo es del criterio que la lucha de Ortega no es solo contra la oposición denominada Azul y Blanco “él ya va de una manera clarísima contra sus aliados y de sus miembros”.

    Indicó Castillo que han observado que muchos de afiliados al partido Sandinista y que colaboraron en la represión de abril ahora están “huyendo del país. En algún momento algunos creyeron que esta arremetida de Ortega era solo contra la oposición. Ahora este régimen va contra todos y no le importa nada con tal de mantenerse en el poder”.

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