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    Orteguismo acusa de «ciberdelitos» a campesinos que nunca han usado redes sociales

    Familiares de nuevos presos políticos de la zona rural no están denunciando la detención de sus parientes por temor a agravarles su situación.

    Don Santos PP

    La escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue imparable y ahora la ha dirigido hacia campesinos a los que están sacando de sus casas a medianoche para luego acusarlos de “ciberdelito” y “traición a la patria”, aunque algunos de ellos nunca ha usado ni conocen las redes sociales.

    Familiares de los recientes capturados tienen temor de hacer público el encarcelamiento de sus parientes.  Uno de los detenidos es el campesino Santos Camilo Bellorin Lira, de 56 años, a quien efectivos uniformados sacaron de su vivienda, localizada en la comunidad rural de Guasuyuca, en el municipio de Pueblo Nuevo, Estelí, y se lo llevaron a las celdas de la Policía en Estelí.

    Una activista de derechos humanos del departamento de Nueva Segovia dijo a DESPACHO 505 que la detención del campesino ocurrió desde el 6 de noviembre, pero la familia del preso político tenía temor a denunciar el hecho porque creen que con sus denuncias pueden “agravar la situación de su pariente en la cárcel».

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    Lo increíble de este caso, según indicó la activista, es que Santos es un hombre dedicado por entero a la agricultura y, aunque es declarado opositor a la dictadura de los Ortega-Murillo, nunca se ha involucrado en las protestas, y tampoco conocen las redes sociales.

    “Él es opositor al sandinismo de toda su vida, pero no se ha involucrado en actividades de protestas masivas ni está directamente vinculado a ningún movimiento, ni milita en ningún partido de la oposición, no sé de donde sacaron información los policías para llevarlo a la cárcel por actividades políticas”, explicó la activista.

    La defensora de derechos humanos, que ha mantenido contacto con la familia de Santos narró que el día de la detención del agricultor esteliano, él y su familia ya estaba descansando cuando de pronto llegó una patrulla llena de policías y desde afuera, a gritos lo conminaron a salir de la casa y que se subiera a la camioneta, sin explicarle cuál era el motivo ni le mostraron ninguna orden de captura judicial.

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    El productor no quiso poner resistencia para no poner en peligro a su familia y salió de su vivienda para subirse a la camioneta policial. Desde ese día no ha podido verlo. Lo tienen preso y ahora está acusado por “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, también lo acusan por  “menoscabo a la integridad nacional, provocación, proposición y conspiración en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”, de conformidad con la Ley 1055 conocida como «Ley de Soberanía»

    Según la activista pro derechos humanos de Las Segovias, esa acusación “raya en lo ridículo”, porque Santos es un agricultor que apenas tiene quinto grado de primaria, nunca ha usado un “smartphone” y tampoco usa redes sociales porque el celular que tenía es un básico que no tienen acceso a ninguna red social. “¿Cómo lo van a acusar de ciberdelitos? Eso es ridículo”, criticó la activista.

    FAMILIAS CAMPESINAS TIENEN TEMOR DENUNCIAR DETENCIONES,

    Un fenómeno que está ocurriendo principalmente en las montañas de Nicaragua, en las comunidades alejadas, es que los familiares de los nuevos presos de conciencia, sobre todo los de los últimos días, no denuncian estos arrestos por temor a represalias contra sus parientes en la cárcel y contra las familias.

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    Para la defensora de los derechos humanos, lo que está ocurriendo es que las familias de los nuevos presos políticos “están entrando en pánico” porque tienen miedo que sus denuncias provoquen malos tratos contra sus pariente dentro de las cárceles o que el Poder Judicial, al servicio de la dictadura les agrave las penas a la hora de condenarlos.

    “Hay otros tres detenidos desde el 6 de noviembre, entre ellos una mujer y las familias han optado por no denunciar porque tienen temor que denunciar sus casos agrave su actual situación. Incluso, algunos  abogados han atemorizado a los familiares diciéndoles que no denuncien las detenciones por razones políticas de sus parientes porque ‘no se los van a entregar’».

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