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Orteguistas aprueban reforma dañina para los bancos que aislaría a Nicaragua del sistema financiero global

La reforma fue aprobada con 74 votos a favor y 14 en contra. El diputado José Figueroa dijo que la modificación está en “consonancia con el ordenamiento jurídico relativo al lavado de dinero, el terrorismo, consignadas como obligaciones asumidas por Nicaragua».

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El régimen de Daniel Ortega consumó la reforma que pone en alto riesgo la operatividad y la salud de la banca nacional. La bancada sandinista (compuesta por 70 legisladores) votó favorablemente este miércoles la propuesta de cambios a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). La reforma quedó firme con el respaldo de 74 diputados, 14 votaron en contra.

La reforma a los artículos 9 y 54 de la Ley fue rechazada por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) que había justificado su posición en una carta dirigida a la Comisión parlamentaria a cargo de dictaminar la propuesta, la cual fue ignorada.

Según Asobanp la reforma viola el derecho a libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en “riesgo al país de pasar de la lista gris en que encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

El diputado orteguista José Figuera, sin embargo, dijo durante la sesión de debate hoy en la Asamblea Nacional, que el objetivo de la reforma es garantizar “una mejor y mayor protección de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios”, y que responde a un mandato constitucional. 

CONSULTAS

Figueroa comentó que la reforma se sometió a consulta con la Siboif (Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras), el  Banco Central de Nicaragua (BCN), Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), el  Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía Familiar, a la vez invitaron al Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, el  Consejo Nacional Cooperativas (Conacoop) y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).

Sin embargo, Asobanp envió una carta a los miembros de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional en la que señalaban que la reforma de ley viola el derecho constitucional de libre empresa consignado en el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua y promueve prácticas que incitan al lavado de dinero.

“Asobanp presentó en el procedimientos de consulta, tomándose algunas de (sus recomendaciones) para el dictamen”, señaló Figueroa, quien respondió a los bancos que la libertad de empresa es irrestricto  y que la reforma está en “consonancia con el ordenamiento relativo al lavado de dinero, el terrorismo, que están consignadas como obligaciones asumidas por Nicaragua”, por lo tanto, “desde ningún punto de vista se pretende poner obstáculo en esos compromisos adquiridos”. 

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En el artículo 9, numeral 10 de la reforma, se señala que los proveedores de servicio no podrán negar “sin causa legal justificada la atención de solicitudes ni cancelar contratos o transacciones que legítimamente gestionada realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas”, mientras que el artículo 25 dice que la entidad debe “atender o restituir la prestación de bienes y servicios negados (…) si así se resolviese”.

Al respecto, Asobanp le dijo a los diputados que “la determinación de los mercados objetivos, el apetito de riesgo y la administración específica del riesgo de lavado de dinero, así como la de cualquier otro riesgo existente en la actividad financiera, corresponde exclusivamente a los bancos”.

Los diputados en la reforma hacen que los bancos de Nicaragua o cualquier otra entidad financiera justifique legalmente al usuario la decisión negativa de contraer un contrato, servicio o sobre la cancelación o suspensión de los contratos, una decisión rechazada por Asobanp porque expresan que es una facultad de las instituciones financieras «sin que ello se limite a una justificación contenida en una ley que desconoce las políticas internas de dichas instituciones sobre prevención de lavado de dinero».

Haydée Azucena Castillo, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), expresó la preocupación de su bancada por la reforma ya que es contraproducente al someter a las instituciones financieras al Estado. “La banca tiene su propio marco jurídico, bajo la rectoría del Banco Central de Nicaragua”, dijo, a la vez que mencionó que esta decisión afectará más en la confianza de los inversionistas. 

“Equiparar al Gobierno con los consumidores y hablar de los servicios financieros es controversial, porque el Estado no debe exponerse como juez y parte más allá de los límites. El peligro al que se expondría al sistema financiero nacional, tratar de intervenir con esta reforma en la política privada de la banco puede ser contraproducente”, mencionó.

La diputada del PLC expresó que no basta con llamar a la Siboif y al Banco Central para dar por concluidas el proceso de consultas a la Ley, al contrario se debió escuchar a los bancos y aseguradoras. “La bancada se opone a la reforma de forma y fondo porque no se viene a proteger los derechos de los consumidores y se afecta al país”, mencionó.

JEREZ Y GUTIÉRREZ CONTRA LA BANCA

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía, mencionó que su bancada defiende a los consumidores del país, y recordó que los diputados del PLC se opusieron en 2003 a que hubiera una Ley de Consumidores. Por otro lado, criticó que los bancos no deben cerrar servicios sin notificar una justificación «fehaciente» a los consumidores. «Si la institución financiera notifica con argumentos técnicos y jurídicos por qué no le otorga un servicio a un cliente, bien cancelado y negado está, pero no puede suceder que nosotros tengamos instituciones financieras que decidan al margen de la Constitución quién vive y quién muere en materia financiera en este país».

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Mientras tanto, el diputado Byron Jerez se alineó al oficialismo, esperando que los bancos no tomen represalias contra sus familiares cerrando sus cuentas bancarias, algo que hacen «sin darle explicación a nadie»

Jerez también atacó a la bancada del PLC y señaló que espera que nunca sean sancionados para que no experimenten en “carne propia” una medida similar.

“Espero y lo digo con todo corazón que no sean sancionados o no se extienda ninguna sanción a ningún miembro de la bancada el PLC porque ahí van a experimentar en carne propia por lo que están votando en contra el día de hoy, cuando les cierren su cuenta a cada uno de lo que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a sus hijos, nietos, esposa etc. ahí van a brincar, ahí se van a dar cuenta que esta Ley los protegía y se van a dar cuenta que esta ley protegía al consumidor, ahora pido que votemos a favor”, planteó Jerez.

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