El arresto de monseñor Rolando Álvarez retorna a la agenda del Parlamento Europeo la crisis de derechos humanos en Nicaragua. El próximo jueves 15 de septiembre, la Eurocámara conocerá sobre la «agudización» de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al desatar una desmedida persecución contra la fe cristiana.
«Esta semana debatiremos en el Parlamento Europeo sobre la represión que ejerce el régimen de los Ortega-Murillo en Nicaragua. Denunciaremos la persecución y la violación de los Derechos Humanos en ese país», anunció el eurodiputado Leopoldo López Gil.
Entre los casos de vulneración de derechos humanos, democracia y estado de derecho programados en el calendario de sesiones del Parlamento Europeo aparece el debate «Nicaragua, la detención del obispo Rolando Álvarez».
Monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, cumple este lunes 40 días de restricción de libertad, sin que exista en su contra un proceso judicial. Su caso hace parte de una serie de ataques a la Iglesia Católica, entre ellos el cierre y confiscación de organismos, medios de comunicación y centros escolares, los cuales son evidencia del progresivo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, señala el eurodiputado en un pronunciamiento difundido en Twitter.
ESTADO REPRESIVO CONTRA LA FE
«La crisis de los derechos humanos en Nicaragua continúa agudizándose. Al día de
hoy hay más de 205 encarcelados por motivos políticos, incluyendo, lamentablemente, autoridades eclesiásticas, como el obispo Rolando Álvarez, que
hoy se suma a la persecución contra la Iglesia Católica y el cierre de medios de
comunicación gestionados por ella», denuncia.
El eurodiputado advierte que el régimen Ortega-Murillo «ha adoptado una política de Estado represivo contra la fe cristiana, ha despojado de su personería jurídica y ha
expulsado congregaciones enteras, ha encarcelado a sacerdotes y monjas, les ha
prohibido la celebración del culto, y ha cerrado sus medios de comunicación y sus
escuelas», precisa.
Lo que López Gil plantea hace parte de ataques contra la Iglesia que comenzaron con los señalamientos directos de parte de Daniel Ortega sobre su supuesta responsabilidad en el alzamiento ciudadano en abril de 2018, el cual él insiste en que fue un intento fallido de golpe de Estado financiado y dirigido por Estados Unidos.
La investigadora nicaragüense Martha Molina había documentado unas 190 agresiones contra la iglesia Católica nicaragüense, sus obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos, desde el 2018 hasta mayo de este año. No obstante, los acontecimientos de los últimos meses no tienen precedentes: un obispo detenido, dos sacerdotes condenados, un número aún no preciso de religiosos exiliados, la expulsión de las Misioneras de la Caridad y del Nuncio; además de la ilegalización y confiscación de medios de comunicación y organizaciones de la Iglesia.
Estos hechos, además del repudio y condena, han generado un sinnúmero de llamados al diálogo al matrimonio Ortega Murillo. El propio papa Francisco, el pasado 21 de agosto, se mostró preocupado por la persecución que enfrenta la iglesia Católica de Nicaragua en su mensaje del Ángelus, y pidió diálogo:
«Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica», fue el mensaje del papa al que Ortega simplemente no ha respondido.
Una de las más recientes acciones del Parlamento Europeo contra el régimen de Nicaragua fue la aprobación de la resolución que pide al Consejo Europeo sancionar a 14 jueces y tres magistrados orteguistas, el pasado junio.
Los eurodiputados identifican a los jueces y magistrados como «un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos”.
