Paul Oquist Kelley, asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó a Canadá, a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Reino Unido por las sanciones impuestas contra empresas y allegados al mandatario nicaragüense.

Oquist Kelley, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, hizo esa crítica durante un seminario virtual sobre “Medidas coercitivas, ilegales y unilaterales y sus impactos en el contexto de la pandemia de la Covid-19”, organizado por las misiones permanentes de Cuba, Irán y Venezuela, en Viena, Austria.

“Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá han venido imponiendo medidas coercitivas, ilegales y unilaterales a otros países, entre los cuales están Nicaragua, Venezuela, Cuba e Irán”, señaló Oquist Kelley, que fue sancionado por el Departamento de Estado de EE.UU. en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace casi 32 meses.

“La imposición de las medidas unilaterales y coercitivas a personas e instituciones allegadas a los Gobiernos, son medidas completamente ilegales”, continuó, según una declaración enviada a la prensa por el Ejecutivo nicaragüense.

CRITICA “DICTADURA BANCARIA”

Según el asesor de Ortega, “las únicas sanciones legales son aquellas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

“Estas medidas coercitivas, ilegales y unilaterales son el reflejo de la mentalidad de quien se siente moralmente superior, al autonombrarse vigilantes mundiales ejerciendo las funciones de policía, fiscal, juez y carcelero, con extraterritorialidad, fuera del marco de la ley”, reprochó.

“Esto es el remanente en el siglo XXI de la mentalidad colonial y neocolonial de los siglos XVIIII, XIX y XX”, agregó.

Explicó que “las medidas más frecuentes” con esas sanciones “consisten en el establecimiento de restricciones de tipo económico-comercial o financiero, como los embargos, o las medidas coercitivas individuales, prohibir a terceros realizar transacciones con las víctimas, hecho posible por la dictadura bancaria que Estados Unidos ejerce sobre el sistema SWIFT de transferencias”.

El Gobierno de EE.UU. sancionó en octubre pasado a Oquist Kelley, a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por “permitir y beneficiarse de las actividades represivas” del Ejecutivo presidido por Ortega.

EEUU HA SANCIONADO A 25 ALLEGADOS A ORTEGA

Sobre Oquist Kelley, Washington detalló que “juega un papel principal en el encubrimiento y justificación de los delitos del régimen y abusos de derechos humanos” en el marco de la grave crisis en la que está inmersa Nicaragua desde abril de 2018.

Los opositores nicaragüenses identifican a Oquist Kelley como “el principal operador internacional” de Ortega, paralelo a la Cancillería, “con fuertes lazos en los países europeos”, y encargado “de cabildear a favor de la dictadura ante la comunidad internacional, donde ha fracasado”, y de ofrecer una falsa narrativa de la crisis.

Oquist Kelley, de 77 años, es un estadounidense nacionalizado nicaragüense que ha trabajado con Ortega desde la década de 1980 cuando los sandinistas gobernaron por primera vez.

La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades o activos que tiene en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohibió cualquier transacción con ciudadanos de ese país.

Estados Unidos ha sancionado a 25 funcionarios nicaragüenses, incluido a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional; así como nueve instituciones o empresas ligadas a los sandinistas.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Compartir: