La represión en Nicaragua “ha entrado en una fase crítica”, en momentos en que el régimen de Daniel Ortega intenta callar al periodismo independiente y “toda voz que no cante el coro oficial” en Nicaragua. Así lo advierte Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es una decisión deliberada y respaldada por el despliegue institucional con recursos públicos”, asegura el Relator, cuya oficina registra cada semana “fuertes restricciones a las libertades civiles” en Nicaragua, en un año crucial por las elecciones de noviembre próximo.
El régimen además cuenta con un sistema de propaganda que estigmatiza y tilda de “criminales” a todas las personas que ejercen su libertad de expresión. Esto está generando miedo y autocensura.
“Es dramático este momento y los casos se suman además a los efectos que estos tienen, efectos de silenciamiento, de autocensura. A esta oficina también se ha reportado miedo de parte periodistas, medios de comunicación, miedo también de sus fuentes a hablar, a dar sus versiones de lo que está ocurriendo. La represión en Nicaragua ha entrado en una fase crítica en un año crucial”, explica Vaca.
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En este contexto hacer periodismo no oficial es aún más peligroso. Las autoridades no respetan las garantías institucionales para ejercer el periodismo “y eso es grave”, advierte el Relator.
REPRESIÓN PUEDE IR A PEOR
Tener periodistas presos, amenazados, otros saliendo al exilio y medios de comunicación clausurados por la dictadura y miedo entre la población para expresarse libremente sobre lo que ocurre en Nicaragua, no es lo peor que puede pasar.
“Siempre que creen que el nivel de presión y de censura ha llegado al fondo, los acontecimientos de la semana siguiente nos demuestran que siempre puede haber un peldaño más abajo”, señala Pedro Vaca de la CIDH.
Recuerda que tras el allanamiento al diario La Prensa era algo absolutamente delirante desde la observación internacional de condiciones a la libertad de expresión, a la libertad de la prensa. Dos semanas después, el régimen acusó penalmente de lavado de dinero a la periodista Cristiana Chamorro y a su hermano, el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro; y su hermano Pedro Joaquín Chamorro.
Para el Relator de la CIDH estas acusaciones son “tendientes a seguir reprimiendo voces que son críticas a las autoridades”.
«En Nicaragua en este momento no hay frenos y contrapesos dentro de la institucionalidad”, agrega, y no existe independencia entre los diferentes poderes del Estado.
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Los abogados de Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro denunciaron este miércoles que Ortega realiza audiencias secretas que violan la Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos.
“Los abusos que se están registrando en una sociedad democrática uno esperaría jueces y fiscales que aplicaran sanciones a las acciones represivas. Aquí es completamente distinto estamos encontrando un Poder Judicial funcional a la represión. Lo hemos dicho en semanas anteriores son acciones represivas que se barnizan de legalidad, en tanto no hay un sistema de frenos y contrapesos y una institucionalidad democrática conforme a estándares internacionales. Aquí es dramática la situación y no hay dudas que asistimos a un despliegue de corte autoritario”, denuncia Vaca.
LEY DE CIBERDELITOS SIRVE PARA AMENAZAR
El funcionario de la CIDH recuerda que hace menos de un año, la discusión giraba en torno a las consecuencias que generaría en la sociedad civil la aprobación de las leyes de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros. Hoy, la Ley de Ciberdelitos es utilizada por los operadores judiciales para intimidar a los periodistas cuando el Ministerio Público los cita por la investigación que contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
La CIDH ha recibido denuncias de amenazas con penas de hasta ocho años contra periodistas que han acudido a las entrevistas a la Fiscalía.
“Cualquier periodista que haya tenido contacto legítimo con la Fundación, es tratado como un criminal por el Ministerio Público”, denuncia el Relator.
Estas amenazas, explica, no solo se tratan de un ataque y de cerrar el espacio público a partir del cercamiento que se hizo a la Fundación Violeta, sino del potencial de criminalización que esto tiene. Además. esto tiene un efecto en el debate público, un efecto negativo en un año que es crucial y de allí que se deban encender las alarmas por parte de la observación y de la comunidad internacional en materia de derechos humanos y de institucionalidad democrática.
Sin embargo, aún en un contexto de represión, el periodismo independiente se muestra resiliente y comprometido con la labor de informar. “Una resiliencia admirable, valiente en un entorno donde no hay garantías institucionales para ejercer la labor”, concluye.
