La resolución ministerial que autoriza el aprovechamiento de los árboles tumbados por los huracanes Iota y Eta en Nicaragua abre la puerta a la explotación de las áreas protegidas, alertan ambientalistas. Encuentran que la disposición adoptada por el Instituto Nacional Forestal (Inafor) está diseñada a la medida de los madereros y no de los comunitarios que necesitan el recurso para reconstruir sus viviendas.

Tras analizar el documento Resolución Adminisrtrativa CODF 54-2020, “Procedimiento Administrativo para el Aprovechamiento Familiar de árboles afectados por los huracanes Eta-Iota”, anunciada el martes, encuentran elementos suficientes que los hacen sospechar de que se estaría reeditando la tala indiscriminada del bosque tras el paso del huracán Félix y que resultó en un lucrativo negocio para Alba Forestal.

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El primer punto cuestionable son los requisitos, opina Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río ya que “todos están vinculados a las empresas madereras, es imposible que pueda cumplirlos un comunitario”.

¿APROVECHAMIENTO FAMILIAR?

El Inafor establece que el para el “aprovechamiento familiar” de madera en la zona afectada por los huracanes, se debe presentar la georreferenciación del área de intervención, la guía metodológica para la evaluación de planes especiales, el inventario forestal, según guía metodológica, y un plan de reposición de 10 plantas por árbol aprovechado.

A esto también se suman otros soportes: carta de autorización del Inafor y del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), solicitud dirigida al delegado municipal, aval de la comunidad y del gobierno territorial, y una autorización ambiental.

Amaru considera “peligroso” que el Estado de luz verde para extraer madera de áreas protegidas. Tampoco encuentra adecuado que se autorice aprovechar los árboles con el 50% de perdida de fuste y copa, porque esos tienen una gran capacidad para regenerarse.

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La condición de sembrar diez plantas por cada árbol aprovechado es “insostenible” porque haría falta fiscalización y un plan de cuido, “aparte, dónde los vas a sembrar, es una aberración”, critica.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Víctor Campos, director de la organización ambientalista Centro Humboldt, coincide en que la resolución de Inafor “deja abierta la puerta para que haya un aprovechamiento desordenado y en áreas protegidas”.

“El asunto está encaminado en repetir la experiencia del Félix, porque no establece fechas límites, entonces cuando el hucaracán Félix pasaron más de seis o siete años y seguían sacando madera supuestamente caída y, por supuesto, que se aprovechó para sacar toda la madera caída, pero también cortaban, aprovechando la ventana que dejaba el decreto para poder sacar más madera que la afectada por el huracán”, expone.

También muestra preocupación porque están autorizando el traslado de madera, y eso contradice el supuesto espíritu que dio motivo a la normativa que es el aprovechamiento familiar.

“No tendría porque haber permiso de transporte de madera aprovechable, porque todo se debería de hacer en la misma zona, cerca de los lugares para reparar las casas de donde fueron extraídas”, dice el funcionario de Centro Humboldt, al reafirmar que la resolución se presta para que el sector maderero realice explotación en áreas protegidas, sin control alguno de las autoridades.

LOS NÚMEROS DE LA DESTRUCCIÓN

Según Rosario Murillo, la disposición busca facilitar la reconstrucción y reparación de las viviendas más afectadas por los por Eta e Iota los días 3 y 16 de noviembre. Ambos fenómenos tocaron tierra en el Caribe Norte y siguieron el mismo recorrido sobre el territorio nicaragüense.

El informe preliminar de daños ofrecido por el régimen de Daniel Ortega indica que los huracanes dejaron 5,800 viviendas destruidas y 38.000 con daños parciales. El costo de la destrucción de infraestructura social fue estimada en 126 millones 171 mil dólares.

Según datos oficiales, ambos huracanes causaron pérdidas por 742.6 millones de dólares. En las áreas protegidas la afectación fue calculada en 141 millones de dólares, con una exposición de al menos 3,1 millones de hectáreas de bosque entre 44 reservas naturales, de las cuales 17 están ubicadas en la zona de impacto de los fenómenos naturales. La cobertura boscosa expuesta estimada por las instituciones de gobierno es de 1,185,820.44.

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