El periodismo nicaragüense ha asumido con coraje las consecuencias de contar la verdad y construir la memoria del desmantelamiento de la democracia bajo el régimen Ortega-Murillo. Pese al exilio, la represión, la confiscación y la criminalización del oficio, el compromiso permanece intacto.
La tarde del 14 de diciembre de 2020 el periodista Carlos Fernando Chamorro fue agredido por agentes de la Policía Orteguista mientras brindaba una conferencia de prensa para recordar los dos años del asalto a su Sala de Redacción, donde los periodistas producían noticias para Confidencial, Esta Semana y Esta Noche.
En un claro desafío al estado policial de facto en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen sumido a Nicaragua, Chamorro se presentó con su esposa Desiré Elizondo y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, para también exigir la devolución de las instalaciones.
A los pocos minutos de iniciar la improvisada conferencia en plena calle, el reconocido periodista sufrió la agresión frontal de las fuerzas represoras de Ortega. Dos patrullas con decenas de antimotines los rodearon por una calle sin salida hasta replegarlos a unos 20 metros de la sede donde funcionaban los medios de comunicación.
“Estamos constatando esta ocupación que realizó en la madrugada del 14 de diciembre”, decía Chamorro, mientras recapitulaba una serie de arbitrariedades cometidas por el régimen contra su medio y otras empresas que operaban en el edificio que posteriormente Ortega confiscó y convirtió en una casa materna tutelada por el Ministerio de Salud. Los oficiales no repararon siquiera que a la par de Chamorro estaba la doctora Vilma Núñez, una mujer octogenaria que ha dedicado más de la mitad de su vida a defender los derechos humanos de los nicaragüenses.
“No golpeen, estamos haciendo una conferencia de prensa”, continuó Chamorro mientras se escuchaba a policías gritar “para allá, retírese del lugar”.
“Estamos presenciando el estado policial en vivo, estamos aquí para demandar la suspensión de la censura, no van a confiscar el periodismo nunca, no van impedir que la prensa libre siga informado”, espetó Chamorro, quien es quizá el periodista más conocido de Nicaragua y uno de los más críticos de la dictadura.
Decir la verdad y denunciar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en las instituciones del Estado le costó la confiscación de sus medios y un segundo exilio en Costa Rica, donde tuvo que refugiarse por primera vez en 2018.
Álvaro Navarro
Director de Artículo 66
Esa valentía de Chamorro es un denominador común en medios de comunicación y periodistas independientes que a diario desafían a la tiranía de los Ortega – Murillo, pese al exilio, la represión, la confiscación y la criminalización del oficio que viven desde hace tres años. Organizaciones defensoras han documentado más de 2,500 ataques a la libertad de expresión.
En abril de 2018, el régimen intensificó la arremetida contra la libertad de prensa, baluarte de cualquier democracia, pero aún así los periodistas resisten y, contra las adversidades, se esfuerzan todos los días para mantener a una ciudadanía informada, al amparo del artículo 66 de la Constitución que, en resumen, establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz.
- I. PERIODISTAS CRIMINALIZADOS POR LA JUSTICIA
Nunca antes en la historia de Nicaragua tantos periodistas habían sido citados ante la Fiscalía General de la República vinculados a un caso de lavado de dinero como el que se fraguó en contra de la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, y que sigue en curso. El régimen usó al aparato judicial para ensuciar la imagen de al menos 50 periodistas que desfilaron desde finales de mayo y fabricar delitos contra medios y periodistas sin lograr silenciar las críticas que a diario desnudan el carácter autoritario y la corrupción de Ortega y Murillo.
La periodista Lucía Pineda Ubau, que vivió en carne propia el ataque contra la libertad de prensa al permanecer en prisión por más de cinco meses, no recuerda un episodio similar reciente en Nicaragua, ni siquiera cuando los periodistas pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Arnoldo Alemán con la publicación de investigaciones que desnudaron la corrupción en instituciones como la Dirección General de Ingresos (DGI), a cargo del ahora diputado Byron Jerez.
“La persecución es inédita, se vivió en la dictadura de los Somoza, cuando hubo ataques al diario La Prensa, también en los 80, pero nada como lo que está ocurriendo ahora”, dice la periodista Pineda Ubau desde su exilio en Costa Rica, desde donde dirige las plataformas digitales de 100% Noticias, luego que el régimen confiscara las instalaciones de la televisora en diciembre de 2018. Durante la acción ilegal ella y Miguel Mora, propietario y entonces director de 100% Noticias, fueron encarcelados y enviados a juicio.
Este mayo de 2021, los periodistas nicaragüenses se convirtieron en los protagonistas de las noticias con el inicio de citatorias en serie ante la Fiscalía, en un año electoral en el que Ortega desmanteló a partidos políticos, encarceló a dirigentes de oposición y profundizó el estado policial, pese a los incesantes llamados de la comunidad internacional a retomar la senda democrática. La firmeza de los periodistas es el último vestigio de la democracia en Nicaragua.
Y una de las primeras citadas fue la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena hispana Univisión. El 25 de mayo, una batería de periodistas independientes dieron cobertura al periplo que emprendió la comunicadora en esa institución que, basándose en pruebas absurdas, le imputó el supuesto delito de lavado de dinero.
“Venimos con la frente en alto a responder a todas las preguntas que nos quieran hacer”, dijo con valentía la segunda vez que fue citada por la Fiscalía. Para los abogados defensores de los periodistas, no existía asidero legal para que esa institución siguiera con las investigaciones y, más bien, consideraron los llamados como un intento para instrumentalizar a los periodistas en el caso abierto en contra de la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, una de las opositoras privadas de libertad por la dictadura.
Un día antes de la citatoria, Delgado había denunciado que los interrogatorios eran parte de un plan del régimen orteguista para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua. “Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto lavado de dinero que siguen contra Cristiana Chamorro”, denunció la periodista en su cuenta de Twitter. Después de ella llegaron citas a al menos 50 comunicadores, según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), entre los que están cinco colaboradores de este medio.
Tras incrementarse el número de periodistas citados en la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “los reiterados ataques” del régimen en contra de estos y los medios de comunicación.
El periodismo vive bajo amenaza desde abril de 2018 y empeoró en diciembre de ese mismo año cuando el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) documentó una cuarta etapa de represión estatal caracterizada por el cierre de los espacios democráticos mediante acciones
como: el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación y la prisión o el exilio.
Tanto la CIDH como Reporteros Sin Frontera (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertaron de la gravedad que representaban los citatorios de periodistas en la Fiscalía. “Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Un mes después de empezar las citas de periodistas a la Fiscalía, el régimen emitió un extenso artículo en el que mencionaba que en el país se estaban impulsando falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación “de la derecha” que habrían sido cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado contra Ortega.
La teoría del régimen es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía Cristiana Chamorro, recibió millonarias sumas de dinero que fueron transferidas a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro y medios de comunicación como Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación y 100% Noticias, Artículo 66 y DESPACHO 505.
Hasta ahora la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas. Lo cierto es que el régimen desde 2020 fue haciéndose de un marco legal para emprender ataques en contra de medios de comunicación y periodistas independientes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, que limitan el ejercicio periodístico y la financiación.
“El año 2021 ha sido el más difícil desde que Daniel Ortega retomó el poder, aunque el 2018 ocurrió un asesinato (Ángel Gahona) y exilio, ponemos en la balanza y encontramos en 2021 las citatorias”, dice el director de la plataforma Onda Local, Julio López, quien desde el 23 de julio se encuentra refugiado en Costa Rica.
Los múltiples llamados de la Fiscalía y los arrestos políticos que suman ya más de 167, entre ellos 40 líderes de oposición -incluidos siete exaspirantes presidenciales-, fueron una campanada de alerta para muchos periodistas de que el régimen iba por ellos por lo que prefirieron resguardarse en Costa Rica, Estados Unidos y España. Para algunos ha significado revivir la amargura del exilio.
En el imaginario está que el periodismo nicaragüense no necesita más mártires, sino hombres y mujeres que desde cualquier trinchera o país sigan denunciando los atropellos del tirano Ortega.
Ortega, a punta de represión, ha asaltado medios de comunicación, encarcelado a periodistas y obligado al exilio a más de un centenar de profesionales de la información. No obstante, no ha logrado asaltar la verdad, pese a que controla más de una decena de medios propagandísticos, manejados por sus hijos, que a diario cuentan una falsa realidad sobre Nicaragua. “Hemos estado en primera fila, nos ha tocado duro”, reflexiona la periodista Lucía Pineda Ubau.
