PERSONAJE DEL AÑO

EL PERIODISMO
INDEPENDIENTE

-

El periodismo nicaragüense ha asumido con coraje las consecuencias de contar la verdad y construir la memoria del desmantelamiento de la democracia bajo el régimen Ortega-Murillo. Pese al exilio, la represión, la confiscación y la criminalización del oficio, el compromiso permanece intacto.

La tarde del 14 de diciembre de 2020 el periodista Carlos Fernando Chamorro fue agredido por agentes de la Policía Orteguista mientras brindaba una conferencia de prensa para recordar los dos años del asalto a su Sala de Redacción, donde los periodistas producían noticias para Confidencial, Esta Semana y Esta Noche

En un claro desafío al estado policial de facto en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen sumido a Nicaragua, Chamorro se presentó con su esposa Desiré Elizondo y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, para también exigir la devolución de las instalaciones. 

A los pocos minutos de iniciar la improvisada conferencia en plena calle, el reconocido periodista sufrió la agresión frontal de las fuerzas represoras de Ortega. Dos patrullas con decenas de antimotines los rodearon por una calle sin salida hasta replegarlos a unos 20 metros de la sede donde funcionaban los medios de comunicación. 

“Estamos constatando esta ocupación que realizó en la madrugada del 14 de diciembre”, decía Chamorro, mientras recapitulaba una serie de arbitrariedades cometidas por el régimen contra su medio y otras empresas que operaban en el edificio que posteriormente Ortega confiscó y convirtió en una casa materna tutelada por el Ministerio de Salud. Los oficiales no repararon siquiera que a la par de Chamorro estaba la doctora Vilma Núñez, una mujer octogenaria que ha dedicado más de la mitad de su vida a defender los derechos humanos de los nicaragüenses. 

“No golpeen, estamos haciendo una conferencia de prensa”, continuó Chamorro mientras se escuchaba a policías gritar “para allá, retírese del lugar”. 

“Estamos presenciando el estado policial en vivo, estamos aquí para demandar la suspensión de la censura, no van a confiscar el periodismo nunca, no van impedir que la prensa libre siga informado”, espetó Chamorro, quien es quizá el periodista más conocido de Nicaragua y uno de los más críticos de la dictadura.

Decir la verdad y denunciar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en las instituciones del Estado le costó la confiscación de sus medios y un segundo exilio en Costa Rica, donde tuvo que refugiarse por primera vez en 2018.   

Play

Álvaro Navarro

Director de Artículo 66

Alvaro


Esa valentía de Chamorro es un denominador común en medios de comunicación y periodistas independientes que a diario desafían a la tiranía de los Ortega – Murillo, pese al exilio, la represión, la confiscación y la criminalización del oficio que viven desde hace tres años. Organizaciones defensoras han documentado más de 2,500 ataques a la libertad de expresión.

En abril de 2018, el régimen intensificó la arremetida contra la libertad de prensa, baluarte de cualquier democracia, pero aún así los periodistas resisten y, contra las adversidades, se esfuerzan todos los días para mantener a una ciudadanía informada, al amparo del artículo 66 de la Constitución que, en resumen, establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz.



  1. I. PERIODISTAS CRIMINALIZADOS POR LA JUSTICIA 

Nunca antes en la historia de Nicaragua tantos periodistas habían sido citados ante la Fiscalía General de la República vinculados a un caso de lavado de dinero como el que se fraguó en contra de la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, y que sigue en curso. El régimen usó al aparato judicial para ensuciar la imagen de al menos 50 periodistas que desfilaron desde finales de mayo y fabricar delitos contra medios y periodistas sin lograr silenciar las críticas que a diario desnudan el carácter autoritario y la corrupción de Ortega y Murillo. 

La periodista Lucía Pineda Ubau, que vivió en carne propia el ataque contra la libertad de prensa al permanecer en prisión por más de cinco meses, no recuerda un episodio similar reciente en Nicaragua, ni siquiera cuando los periodistas pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Arnoldo Alemán con la publicación de investigaciones que desnudaron la corrupción en instituciones como la Dirección General de Ingresos (DGI), a cargo del ahora diputado Byron Jerez. 

“La persecución es inédita, se vivió en la dictadura de los Somoza, cuando hubo ataques al diario La Prensa, también en los 80, pero nada como lo que está ocurriendo ahora”, dice la periodista Pineda Ubau desde su exilio en Costa Rica, desde donde dirige las plataformas digitales de 100% Noticias, luego que el régimen confiscara las instalaciones de la televisora en diciembre de 2018. Durante la acción ilegal ella y  Miguel Mora, propietario y entonces director de 100% Noticias, fueron encarcelados y enviados a juicio. 

Este mayo de 2021, los periodistas nicaragüenses se convirtieron en los protagonistas de las noticias con el inicio de citatorias en serie ante la Fiscalía, en un año electoral en el que Ortega desmanteló a partidos políticos, encarceló a dirigentes de oposición y profundizó el estado policial, pese a los incesantes llamados de la comunidad internacional a retomar la senda democrática. La firmeza de los periodistas es el último vestigio de la democracia en Nicaragua.

Y una de las primeras citadas fue la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena hispana Univisión. El 25 de mayo, una batería de periodistas independientes dieron cobertura al periplo que emprendió la comunicadora en esa institución que, basándose en pruebas absurdas, le imputó el supuesto delito de lavado de dinero.

“Venimos con la frente en alto a responder a todas las preguntas que nos quieran hacer”, dijo con valentía la segunda vez que fue citada por la Fiscalía. Para los abogados defensores de los periodistas, no existía asidero legal para que esa institución siguiera con las investigaciones y, más bien, consideraron los llamados como un intento para instrumentalizar a los periodistas en el caso abierto en contra de la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, una de las opositoras privadas de libertad por la dictadura. 

Un día antes de la citatoria, Delgado había denunciado que los interrogatorios eran parte de un plan del régimen orteguista para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua. “Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto lavado de dinero que siguen contra Cristiana Chamorro”, denunció la periodista en su cuenta de Twitter. Después de ella llegaron citas a al menos 50 comunicadores, según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), entre los que están cinco colaboradores de este medio.

Tras incrementarse el número de periodistas citados en la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “los reiterados ataques” del régimen en contra de estos y los medios de comunicación. 

El periodismo vive bajo amenaza desde abril de  2018 y empeoró en diciembre de ese mismo año cuando el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) documentó una cuarta etapa de represión estatal caracterizada por el cierre de los espacios democráticos mediante acciones

como: el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación y la prisión o el exilio. 

Tanto la CIDH como Reporteros Sin Frontera (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertaron de la gravedad que representaban los citatorios de periodistas en la Fiscalía. “Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Un mes después de empezar las citas de periodistas a la Fiscalía, el régimen emitió un extenso artículo en el que mencionaba que en el país se estaban impulsando falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación “de la derecha” que habrían sido cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado contra Ortega. 

La teoría del régimen es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía Cristiana Chamorro, recibió millonarias sumas de dinero que fueron transferidas a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro y medios de comunicación como  Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación y 100% Noticias, Artículo 66 y DESPACHO 505.  

Hasta ahora la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas. Lo cierto es que el régimen desde 2020 fue haciéndose de un marco legal para emprender ataques en contra de medios de comunicación y periodistas independientes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, que limitan el ejercicio periodístico y la financiación. 

“El año 2021 ha sido el más difícil desde que Daniel Ortega retomó el poder, aunque el 2018 ocurrió un asesinato (Ángel Gahona) y exilio, ponemos en la balanza y  encontramos en 2021 las citatorias”, dice el director de la plataforma Onda Local, Julio López, quien desde el 23 de julio se encuentra refugiado en Costa Rica.

Los múltiples llamados de la Fiscalía y los arrestos políticos que suman ya más de 167, entre ellos 40 líderes de oposición -incluidos siete exaspirantes presidenciales-, fueron una campanada de alerta para muchos periodistas de que el régimen iba por ellos por lo que prefirieron resguardarse en Costa Rica, Estados Unidos y España. Para algunos ha significado revivir la amargura del exilio. 

En el imaginario está que el periodismo nicaragüense no necesita más mártires, sino hombres y mujeres que desde cualquier trinchera o país sigan denunciando los atropellos del tirano Ortega. 

Ortega, a punta de represión, ha asaltado medios de comunicación, encarcelado a periodistas y obligado al exilio a más de un centenar de profesionales de la información. No obstante, no ha logrado asaltar la verdad, pese a que controla más de una decena de medios propagandísticos, manejados por sus hijos, que a diario cuentan una falsa realidad sobre Nicaragua. “Hemos estado en primera fila, nos ha tocado duro”, reflexiona la periodista Lucía Pineda Ubau.

Periodistas de diferentes regiones del país fueron llamados por la Fiscalía por el caso de lavado de dinero abierto en contra de la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, a partir del mes de mayo. La Fiscalía no ha presentado prueba creíbles.
El periodista Álvaro Navarro después de salir de la Fiscalía. Fue implicado en el caso de lavado de dinero en contra de Cristiana Chamorro y por temor a ser encarcelado decidió exiliarse en Costa Rica.
Decenas de Policías asaltaron la redacción de La Prensa en agosto de 2021, después que el diario publicó su última edición impresa. Ortega acusó al rotativo de mentir. El medio se vio obligado a despedir a más de 100 trabajadores.
A lo largo de 2021, los periodistas sufrieron represión por parte de la Policía Orteguista que asedió la mayoría, por no decir todas, las conferencias de prensa de la oposición.
El periodista Wilfredo Miranda, de la revista digital Divergentes a su llegada a la Fiscalía. Más de 50 periodistas fueron llamados, entre ellos cinco colaboradores de DESPACHO 505.
En Nicaragua ejercer el periodismo es altamente peligroso, según organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Los periodistas siguen informando, pese a la represión constante de la dictadura.
  1. II. UN DURO GOLPE CONTRA EL DECANO DEL PERIODISMO 

Antonio*, periodista de La Prensa, nunca había sentido los pies tan pesados como el pasado 13 de agosto de 2021 cuando un número impreciso de policías asaltaron la Redacción del diario, el más antiguo de Nicaragua. Ese día estaba afuera de la sede tomando fotografías cuando de pronto vio aparecer patrullas policiales. Un policía lo amenazó desde lejos y no tuvo más opción que correr y esconderse en un negocio cercano al matutino. 

“Sentía que los pies me pesaban porque yo sabía que estaba corriendo hacia un lugar donde no podía escapar. Todo ese lapso hasta las  4:00 de la tarde fue un suplicio, estuve viendo desde afuera cómo se tomaban las instalaciones. Nadie podía hacer algo. Sentí impotencia, rabia, tristeza, dolor”, recuerda el periodista que ha laborado en ese medio desde mediados de la década del 2000. 

Play

Leticia Gaitán

Periodista de 100% Noticias

Leticia


Los periodistas de ese rotativo eran conscientes de que, tras las confiscaciones de Confidencial y 100% Noticias, en cualquier momento el régimen podía orientar a sus fuerzas represivas asaltar el periódico, como pasó con la dictadura de Anastasio Somoza y la dictadura sandinista que lideró el mismo Daniel Ortega en la década de 1980. En esa redacción de Managua se vivía zozobra y más cuando llegaban patrullas a intimidar a los periodistas. 

Desde 2018, La Prensa resistió varios golpes del régimen. La Dirección General de Aduana (DGA) impuso un bloqueo a la materia prima, pese a que había pagado los impuestos de ley, y por lo que estuvo sin circular hasta el 21 de junio cuando liberaron los insumos por intervención de la Nunciatura. Sus periodistas también fueron agredidos y asaltados en los días más álgidos de las protestas ciudadanas de 2018, pero el 13 de agosto de 2021 ocurrió lo que muchos temían. 

“En este año 2021, el 29 de julio, La Prensa pierde a su director Jaime Chamorro Cardenal, y días después, el 13 de agosto, la Policía Orteguista allana el periódico.  Fue como si estuvieran esperando que don Jaime falleciera”, comenta Antonio. El asalto a La Prensa se dio un día después de que publicara la que sería su última edición impresa porque nuevamente el régimen había bloqueado el papel. 

Esa tarde, la Policía irrumpió en la Redacción y cortó la energía y el acceso a internet. Además incomunicó a todos los periodistas y trabajadores que habían sido citados a una reunión, ya que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2018, todo el personal estaba teletrabajando. Posteriormente, la Policía y la Fiscalía oficializaron el allanamiento y acusaron al medio de comunicación de “lavado de dinero” y “defraudación aduanera”. El acto fue un duro golpe para el periodismo porque La Prensa, con 95 años, es un referente de la libertad de prensa y el único medio tradicional que había logrado sortear los embates del régimen.

“Alerta Nicaragua: Debe haber una firme condena internacional frente a este nuevo abuso de la dictadura Ortega — Murillo”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al conocerse el asalto. Mientras tanto Amnistía Internacional condenó ese nuevo intento del régimen de sofocar la libertad de prensa en el país. La noticia motivó condenas de la Secretaría General de la OEA, Estados Unidos, y la Unión Europea, esta última dijo que la persecución al matutino fue el último ataque a la libertad de expresión y la sociedad pluralista.

La Prensa por décadas ha sido un contrapoder para los gobiernos de turno. Lo fue con Somoza al punto que el dictador bombardeó sus instalaciones y asesinó a su director Pedro Joaquín Chamorro. Y Ortega no solo la asfixió sino que encarceló a su gerente Juan Lorenzo Holmann por el delito de lavado de dinero que a la fecha tampoco ha podido comprobar.  

A los días, Ortega justificó en cadena de radio y televisión el asalto armado del matutino, asegurando que La Prensa mintió al decir que se había quedado sin papel. “Ahí llegó la Fiscalía, la Policía y encontraron cantidades de papel. Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, eso es un delito”, expresó Ortega durante el acto del 41 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

La confiscación de facto de La Prensa dejó sin trabajo a más de 100 personas, informó el diario. “Nuestras instalaciones, donde operan la rotativa, la imprenta comercial, la redacción y las oficinas administrativas permanecen tomadas, y no hay señales de que la dictadura tenga ánimos de regresarlas a sus legítimos dueños”, dijo en un comunicado casi un mes después de la toma, el 16 de septiembre. 

Según fuentes internas del rotativo, el despido del personal de este 2021 fue mayor al registrado entre 2019 y 2020, años en que el régimen retuvo la materia prima durante 500 días, y que obligó a la reducción de la versión impresa del periódico. Pese al recorte y el congelamiento de las cuentas, la corta planilla laboral ha asumido el reto de seguir informando desde la página web. Así la república de papel de Pedro Joaquín Chamorro se convirtió en una república digital. 

Los periodistas del medio destacan que La Prensa ha logrado sobrevivir a cualquier desastre natural o político del último siglo, por lo tanto confían en que por su web contarán la caída del régimen de Daniel Ortega, aunque no lo ven probable en un horizonte cercano. Avizoran días difíciles en 2022, año en que Ortega asumirá un nuevo período al frente del país, revestido de legitimidad. 

La Prensa ha visto caer dictaduras y verá caer a los Ortega – Murillo, eso nos ha dicho la historia, los dictadores pasan, pero La Prensa no”, expresa otro periodista de ese medio, que también prefiere que se omita su nombre por seguridad. 



  1. III. PERIODISTAS OBLIGADOS A INFORMAR EN CLANDESTINIDAD 

Un día de junio los periodistas de un medio de comunicación digital de Nicaragua plantearon a los editores que, por seguridad, no querían firmar las notas que escribían. La Dirección accedió. La medida se fue planteando en las demás plataformas de noticias y casi en simultáneo, los nombres de los periodistas dejaron de aparecer en los artículos, mientras un buen número decidió renunciar a sus puestos para no exponer a sus familias y resguardar sus vidas. 

Ser periodista es una profesión de alto riesgo en Nicaragua desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007. Y a partir de abril de 2018 lo ha sido más. 

En febrero de este 2021, la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua se declaró en “alerta permanente ante el aumento del riesgo” que enfrenta el ejercicio periodístico, y en noviembre de este año Natalie Southwick, directora del programa para América Latina y el Caribe del Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) dijo que Nicaragua no es un espacio seguro para periodistas. 

Para los defensores de derechos humanos, los periodistas, después de los 167 presos políticos que mantiene el régimen en sus celdas, son el grupo poblacional a los que más se han vulnerado sus derechos en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país. “La represión de la libertad de expresión como derecho de la sociedad, más allá del periodismo, se ha venido estrechando este 2021”, lamenta Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nuncas Más. 

En 2021 la organización defensora identificó siete tipos de represiones que atentan contra la integridad física y psicológica del periodismo y nueve tipos de represiones que criminalizan y judicializan a hombres y mujeres que ejercen el oficio contracorriente de la dictadura.

En su informe, el Colectivo identifica que los periodistas independientes sufrieron, agresiones físicas, discursos de odio,  campañas de descrédito, criminalización y judicialización, daño patrimonial, violaciones a la libre movilización, circulación y residencia, así como “obstáculos para el ejercicio periodístico, persecución fiscal y aduanera, desplazamiento forzado”, entre otras acciones, de las que también han sido víctimas sus familiares.

“Las denuncias de violaciones a los derechos de los periodistas no se hacen públicas por el tema de seguridad, en un país democrático la gente no calla los abusos del poder. En el contexto de represión que vive Nicaragua, lo que menos  quiere la gente es denunciar, porque sabe que una vez que las denuncias se hagan públicas, el hostigamiento y la represión se intensifican”, plantea Carrión. 

El organismo defensor también identificó “amenazas de investigación, aplicación de la Ley de Ciberdelitos, interrogatorios intensivos, repetitivos e intimidatorios, generalmente realizados por el Ministerio Público, privación arbitraria de la libertad y fabricación de expedientes judiciales incriminatorios” contra periodistas.

En 2021 al menos seis comunicadores  enfrentaron juicios. Además, la dictadura llegó a extremos de restringir su salida del país. El caso más sonado fue el del Jefe de Prensa del noticiero Acción 10, Mauricio Madrigal, a quien a finales de septiembre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) impidió que tomara un vuelo a Estados Unidos al confiscarle el pasaporte. Esa acción  quedó registrada en los más de 2,500 ataques a la libertad de prensa que ha recogido el Informe de violaciones a la libertad de prensa publicado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y retomado por el diario La Prensa.

Para la presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, los periodistas son los que cualitativamente se han llevado la peor parte por la represión orteguista, solo después de los presos políticos. “Es en contra del periodismo en quien se ha ensañado el régimen, les tiene miedo porque son los que pueden hacer la denuncia pública de lo que vive la gente, pero también es el gremio que se ha autodefendido con la denuncia, con información bien documentada sobre las violaciones de los derechos humano”, destaca la defensora. 

Play

Francisco Torres Tapia

Jefe de Prensa de Radio Darío

Francisco


Es por esos ataques constantes que en Nicaragua se ha vuelto a hablar de un periodismo clandestino como cuando Somoza gobernaba  a Nicaragua a sangre y fuego. 

En el interior del país, la situación se agrava porque los periodistas están más expuestos a ataques de la Policía Orteguista y simpatizantes del FSLN. “Nosotros tenemos la posibilidad de informar lo que sigue ocurriendo en Nicaragua de forma clandestina”, comenta Julio López de Onda Local, cuyos programas de radio se producen desde Costa Rica, pero se emiten a través de otras radios locales, como Radio Camoapa, Radio Voz y Radio La Costeñísima.

Este año, Radio Corporación decidió sacar del aire el programa radial de Confidencial y Onda Local por temor a que la dictadura cerrara esa emisora que dirige el excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, a quien también la Fiscalía citó por el caso abierto en contra de Cristiana Chamorro. “Los periodistas que siguen en Nicaragua lo hacen desde el anonimato y hacen periodismo conservando nuestras alianzas con actores locales que siguen proporcionando información relevante de lo que está ocurriendo en el país”, agrega López. 

Pero los ataques en Nicaragua no solo vienen de la Policía y los simpatizantes de la dictadura en regiones del interior, también los operadores de la propaganda lanzan discursos de odio desde diferentes programas radiales y televisivos. En junio, el propagandista William Grigsby calificó de sicario al periodista de DESPACHO 505 Uriel Velásquez, porque desmintió un artículo que publicó la radio La Primerísima en el que se afirmaba que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) entregó 800,000 euros a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para “cultivar a la oposición antisandinista”.

“Que alguien diga en micrófono abierto que soy un sicario es grave. Afortunadamente estoy seguro en España, pero mi familia no. Debo decir que sentí temor, pero luego decidí afrontar los riesgos”, cuenta Velásquez desde Madrid, España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez le ha otorgado una residencia con el estatus de asilado político. En 2018, Velásquez fue detenido por unas horas por la Policía Orteguista y en varias ocasiones quedó expuesto a la represión del régimen, por eso decidió huir.

Retomando los discursos de odio, Grigsby junto con el comentarista Moisés Absalón Pastora lanzan desde sus programas,  mensajes virulentos en contra de los periodistas. Grigsby ha atacado a la directora del medio Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, a quien acusó -sin pruebas- de haber recibido pagos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para hacer una supuesta campaña en su contra. Ortiz nuevamente tuvo que exiliarse en Costa Rica este 2021.

El periodista Uriel Velásquez menciona que el estado de terror que impera en Nicaragua ha obligado a la autocensura. Los periodistas han decidido dejar de publicar comentarios o análisis en las redes sociales para evitar que la Policía toque las puertas de sus casas y se los lleven detenidos. El ejemplo más claro de que el régimen no acepta la crítica es Miguel Mendoza, a quien la Fiscalía acusó de conspiración presentando como pruebas los retuits que hizo a la cuenta de la congresista republicana María Elvira Salazar. 

Pero las acciones del régimen y los discursos de odio de Ortega, Murillo y sus operadores no han logrado desmoralizar a los periodistas. “El reto ahora es cómo contar la realidad desde adentro. Los que estamos dando la cara son los que estamos fuera”, asegura la periodista Lucía Pineda Ubau. 

Hacer periodismo clandestino es una forma de resguardar al oficio, aunque muchos creen que el régimen mantiene oídos y ojos por todo el país por lo que resulta ingenuo pensar que Ortega no sabe quién es quién en los medios. 

La verdad a la que se aferran los medios y los periodistas es que Ortega ha podido doblegar a dirigentes opositores, partidos políticos, pero a los periodistas no. “No nos ha podido callar, aquí hay dos instituciones que el régimen no ha podido callar y son los medios de comunicación y la iglesia Católica”, puntualiza Pineda Ubau.



  1. IV. UN PERIODISMO IMPARABLE QUE SE REINVENTA 

El año 2018 fue claro/oscuro para el periodismo independiente de Nicaragua. El régimen confiscó dos medios de comunicación, pero en respuesta surgieron más de 10 plataformas digitales que asumieron el reto de informar lo que pasaba en Nicaragua, superando la barrera de las fronteras y husos horarios que impone el exilio.

Algunas iniciativas nacieron desde el exilio, una de ellas es Nicaragua Actual, la plataforma de vídeo que se ha convertido en una de las más seguidas del país y que está a cargo del periodista Gerall Chávez.

Play

Maryórit Guevara

Directora de La Lupa

Maryorit


En 2019, los periodistas dejaron los medios tradicionales en los que laboraban y empezaron a hablar de SEO, de WordPress, de podcast, y otros términos que para algunos eran nuevos. “La web ha favorecido el surgimiento de más medios, impensable si lo que la dictadura buscaba era silenciarnos”, comenta un comunicador de una plataforma de noticias que funciona en redes sociales.

Las redes sociales se han convertido en un aliado para los nuevos medios, pero no son suficientes debido a que menos del 20% de la población tiene acceso a internet. Nada es despreciable en un país donde el cerco informativo se fue cerrando, por eso los medios de comunicación se unen para derrotar la censura que impone el régimen, muestra de eso fue la unión las plataformas digitales de DESPACHO 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual, La Lupa y República 18 para las votaciones generales en las que Ortega se reeligió. 

Ante la negativa del régimen de acreditar a periodistas nacionales e internacionales, los medios decidieron crear una alianza que derivó en una cadena que abarcó todas las redes sociales y así llevar a cabo una transmisión ininterrumpida de las votaciones con periodistas por todo el país. Ese esfuerzo de periodismo colaborativo permitió dejar en evidencia la alta abstención ciudadana del proceso y otras anomalías.  

“Resistir estos años de exilio ha sido un desafío, ha sido una forma de reinventarse, de explorar nuevas oportunidades para seguir derrotando la censura”, dice el periodista Gerall Chávez, emocionado de la audiencia que su medio ha creado. Sin embargo, plantea que la sostenibilidad es uno de los grandes desafíos de los medios porque no basta con monetizar a través de la web y redes sociales, por lo tanto explora otros canales para difundir noticias y obtener ingresos.

“No ha sido fácil sostener estos proyectos periodísticos que requieren recursos, pero la audiencia ha respondido. Con la monetización se puede sostener, pero no es suficiente”, agrega Chávez. Otros medios con más recursos, como Confidencial, aprovechan las redes para expandir sus audiencias que tras el cierre de su espacio en radio La Corporación continúo su proyecto Confidencial Radio a través de Spotify, YouTube y la herramienta Space de Twitter.

Al respecto, un experto en temas de comunicación destaca la reinvención de los periodistas y los medios. “Aquí ha habido dos factores, el primero que los periodistas querían seguir haciendo periodismo, y el segundo que las plataformas se idearon también para subsistir y muchas hoy dan empleo a otros periodistas, pero la mayoría siguen operando gracias a las donaciones de organizaciones que defienden y promueven la libertad de prensa”, dice. 

Es por ello que considera que los periodistas necesitan conocimientos en Administración de Empresas, Marketing y otras áreas que no están cubiertas por la falta de recursos. “No me preguntés cómo, pero los medios que surgieron lo están haciendo bien, no son como empresas de medios que ya estaban establecidas como Confidencial y La Prensa que tenían personal y áreas. Estos periodistas que innovaron sus propios medios han empezado desde cero, sin recursos muchos de ellos”, valora el especialista a quien no identificamos por seguridad.

El periodista Chávez menciona que mantendrán el proyecto de Nicaragua Actual a cualquier costo. “Vamos a seguir informando pese al robo, a la confiscación, a las detenciones. Tenemos que informar que Nicaragua vive una de las dictaduras más sangrientas de América Latina”, asevera. El “a pesar de todo” es una expresión de valentía como la del periodista Carlos Fernando Chamorro quien tiene orden de captura en su contra y a sus hermanos Cristiana y Pedro Joaquín como presos políticos del régimen Ortega-Murillo.

En mayo de 2021, el régimen ejecutó otra confiscación a su medio que estaba operando en unas oficinas del edificio Invercasa, en Managua. Ese día la Policía Orteguista detuvo a un camarógrafo y robó equipos de producción, pero a pesar de eso, siguió informando en sus plataformas desde Costa Rica. Este 2021 Confidencial cumplió 25 años. 

Los periodistas no dudan en refrendar su compromiso de informar y resistir a las más violentas embestidas. La verdad, sentencian, es un capital no confiscable. 



***

El periodismo independiente fue elegido Personaje del Año por el Comité Editorial de DESPACHO 5O5, compuesto por expertos en diferentes disciplinas e independientes a los criterios de la Edición General. *Algunos nombres fueron cambiados u omitidos para resguardar la vida de los periodistas. *Fotografías: Cortesía