Una red de nicaragüenses en Zaragoza “monopolizó” el cuido de enfermos y ancianos en hospitales. A las mujeres le proponían el trabajo a cambio de un porcentaje de la paga y las amenazaban con denunciarlas para su expulsión del país si no aceptaban.
Tres de los siete nicaragüenses apresados en España por pertenecer a una red de explotación laboral de inmigrantes se enfrentan a una pena de hasta ocho años de prisión. Este miércoles los señalados de aprovecharse principalmente de mujeres jóvenes y pobres fueron llevados a los tribunales de Zaragoza, Comunidad de Aragón, entre ellos madre e hijo señalados como los líderes del “negocio” ilícito.
Según la acusación de la Fiscalía, Margarita Blanca B. A. y su hijo Paul Alejandro R. B. con el apoyo de Cándida Rosa N. lograron “monopolizar” el cuido de enfermos y ancianos en hospitales públicos de Zaragoza y ofrecían “oportunidades laborales” a mujeres jóvenes en condición de pobreza a las que luego esclavizaban bajo amenazas.
Al menos 203 extranjeros, la mayoría de Nicaragua, figuran entre las víctimas de esta red de explotación laboral.
LEA MÁS: Nicaragüenses reclutaban mujeres para esclavizarlas en España
MONOPOLIZABAN PARA EXPLOTAR
La parte acusadora identificó a Paul Alejandro y Cándida Rosa como las personas que desde 2012 lograron monopolizar el servicio de cuido de enfermos en los hospitales y de acompañantes de ancianos, lo que ampliaba su red de acción. También se aprovechaban de aquellos extranjeros en condición irregular: les proponían trabajo como cuidadores de enfermos a cambio de un porcentaje de la paga pactada y bajo la amenaza de denunciarlos ante las autoridades para su expulsión del país si no aceptaban sus condiciones.
El trabajo consistía en turnos de entre 10 y 12 horas diarias de cuido de enfermos por 20 o 25 euros, de los cuales entre 5 y 10 quedaban a la red.
LEA MÁS: Nicaragüenses superan a sirios y ocupan el tercer puesto entre solicitantes de asilo en España
Entre las pruebas contra la banda se presentó una libreta encontrada en la vivienda de uno de los acusados, que contiene registros de la actividad laboral en los hospitales y en la que aparecen 203 trabajadores ilegales y unos ingresos mensuales de unos 2,600 euros.
Carlos Castillo, abogado defensor de Margarita Blanca B. y Paul Alejandro R, rechazó la validez de la prueba ofrecida argumentando que no se ha llevado a cabo ninguna pericial caligráfica que demuestre su autoría.
Entre las víctimas se encuentran figuran ciudadanos de Ecuador y El Salvador que se encuentran en España sin permiso de residencia y trabajo, “lo que les pone en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por los acusados para imponerles condiciones de trabajo abusivas”, destaca la acusación.
Quienes trabajan sin permiso de trabajo en España no reciben beneficios de la Seguridad Social y no cuentan con protección de prevención de riesgos laborales.
El Ministerio Público solicitó al juez que los tres sean castigados con dos condenas de cuatro años de cárcel por explotación laboral y por favorecer la inmigración ilegal.
REINCIDENTES
En la audiencia celebrada este miércoles, la Fiscalía ventiló que en el año 2015 Margarita Blanca B. había sido juzgada y absuelta por la Audiencia Provincial de Zaragoza por cargos similares, luego de presentarse enfrentamientos por acaparar el cuido de enfermos en los hospitales.
LEA MÁS: Nicas en Madrid lanzan “El himno challenge” contra Ortega
De acuerdo con la información disponible sobre el caso, las autoridades daban seguimiento a las operaciones de la red desde abril de 2017, cuando conocieron de pleitos “por territorio” en los hospitales de Zaragoza entre nicaragüenses dedicados a acompañar y cuidar enfermos y ancianos.
A Margarita Blanca el Ministerio Público la describió como la jefa: organizaba el trabajo, asignaba las plazas, establecía tarifas para los clientes y las comisiones que exigiría a los trabajadores.
OTRO CASO
Recientemente las autoridades españolas desarticularon una red que con el trabajo de 50 víctimas a las que introdujeron a España para trabajar como empleadas domésticas, habría obtenido réditos superiores a 750,000 euros, reveló la Guardia Civil cuando ejecutó la Operación Ayote para desarticular la red.
A estas personas les ofrecían boleto, trabajo y dinero de bolsillo para pasar los controles migratorios en España, las sometían amenazándolas con hacerles daño a sus familiares en Nicaragua si llegaban a denunciar los hechos.
Los traficantes solicitaban ayuda humanitaria para los inmigrantes y luego se las vendían a precios elevados, llegándoles a cobrar por un analgésico entre 20 y 30 euros.