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    Reporte 505

    Organizaciones piden frenar ataques a la libertad de expresión

    Organizaciones que defienden la libertad de expresión demandaron que el Ministerio Público cese las judicializaciones contra los comunicadores.

    El periódico dejó de circular el jueves debido a la retención de su materia prima en Aduana.

    Seis organizaciones que protegen la libertad de expresión en el mundo, instaron a la comunidad internacional a defender la libertad de expresión en Nicaragua, ante la «escalada represiva y de persecución sistemática» que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra los medios de comunicación independiente y las voces disidentes.

    La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (Amarc ALC), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Instituto Internacional sobre la raza, igualdad y derechos humanos; PEN Internacional, Voces del Sur y la red IFEX -ALC, emitieron un comunicado conjunto donde piden a la comunidad internacional incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que condenen las violaciones a los derechos y piden que hagan «un llamado a restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Igualmente, instamos a las autoridades nicaragüenses a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión».

    El último acto contra la libertad de expresión, lo ejecutó el régimen el pasado 13 de agosto, con el allanamiento a las instalaciones del diario La Prensa y el encarcelamiento un día después de su gerente general Juan Lorenzo Holmann Chamorro. Al rotativo, el más antiguo de Nicaragua, y a su gerente le abrieron una investigación por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

    Un día antes, La Prensa había anunciado que dejaba de circular su versión impresa debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) le tenía retenido el papel y otros insumos que el rotativo necesita para su impresión. «Lo ocurrido con La Prensa en los últimos días se suma a una serie de ataques y acciones intimidatorias cometidas por el Estado nicaragüense en contra de la prensa y de voces críticas», señala el comunicado.

    Un experto en temas de libertad de prensa, que pidió omitir su nombre por temor a represalias de parte del régimen, indicó que el comunicado es «fuerte» contra Ortega y lleno de apoyo a la prensa independiente de Nicaragua ante la escalada represiva que se ha desatado el régimen de mayo a agosto de este año.

    «Muy lleno de fortaleza (el comunicado) porque están emplazando al Estado de Nicaragua a cumplir con los compromisos internacionales que deben de garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales porque informar y estar informado es un derecho constitucional que ningún régimen me lo puede coartar», declaró el experto.

    LEA TAMBIÉN: Corte IDH convoca al Estado de Nicaragua a una audiencia por negarse a liberar a presos políticos

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    PIDEN QUE REGRESE A NICARAGUA LA CIDH Y LA ONU

    Las seis organizaciones firmantes del comunicado, demandaron a que la comunidad internacional exhorte a Ortega a que garantice la seguridad y protección a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, «incluyendo aquellos que han sido acusados, detenidos o llamados a comparecer ante las autoridades judiciales; así como a monitorear las próximas acciones que pueda emprender el Estado para la criminalización de quienes reclaman ejercer sus derechos cívicos».

    Instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que le soliciten a Ortega una visita al país «para constatar la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión luego del recrudecimiento de los hechos suscitados entre mayo y agosto del 2021».

    Agregaron que desde mayo, cuando anunciaron una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), por el presunto delito de lavado de dinero, el Ministerio Público ha llamado a más de 30 periodistas para una «entrevista», donde algunos comunicadores han sido amenazados con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos como consecuencia de sus publicaciones, «siendo esto un claro ejemplo del uso del aparato judicial para amedrentar a la prensa y las voces críticas».

    Por eso demandaron que el Ministerio Público cese las agresiones, judicializaciones con los periodistas; que la DGA libere el papel y los insumos para que La Prensa retome su edición impresa, así como la liberación de todos los presos políticos. Y emplazaron al régimen a cumplir los compromisos internacionales para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística.

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