A menos de seis meses de las elecciones generales de Nicaragua, en las que Daniel Ortega busca ampliar en cinco años el mandato que recuperó en 2007, las autoridades han despojado de legalidad a dos partidos opositores, han perseguido a precandidatos disidentes, y atacado al periodismo independiente, en lo que algunos llaman «la lógica del poder o la muerte».
Tras 15 años de gobierno, Ortega enfrenta un proceso electoral no tan favorable para captar votos, con enemistades acumuladas en diversos sectores, desde sus antiguos aliados empresarios, obreros y parte de la sociedad civil, hasta conocidos adversarios, los campesinos e indígenas, o los antiguamente indiferentes, como es el caso de los jóvenes y estudiantes, además del sector profesional.
A eso se suman denuncias de organismos defensores de los derechos humanos sobre desapariciones forzosas o detenciones arbitrarias contra quienes rechazan a Ortega, el acoso público y las amenazas de grupos sandinistas contra opositores, así como los asesinatos por razones políticas.
Las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o de la Unión Europea a Ortega, de garantizar elecciones creíbles para obtener resultados legítimos, no han sido efectivas.
Al contrario, en los últimos meses se establecieron leyes restrictivas, que inhiben candidaturas a cargos públicos, cortan el financiamiento externo o la libertad de información, y cuando estas no han sido violadas, se han aplicado de hecho.
«La arremetida del régimen Ortega Murillo de los últimos días, demuestra que no se puede esperar que se produzca un cambio en la lógica del ‘poder o la muerte’», advirtió el sociólogo Oscar René Vargas, en un análisis compartido con Efe.
EL ALTO COSTO DE PERDER
Según Vargas, «en la mente del dictador, el costo de perder el poder es demasiado grande, hay muchos intereses de por medio».
En juego estarían los intereses de la nueva clase rica sandinista, o los de empresarios que se beneficiaron del «modelo público privado» de Ortega, pero también los de aquellos que «tienen señalamientos de crímenes de lesa humanidad», recordó el experto.
Esto significa que, en caso de perder las elecciones, Ortega podría enfrentar juicios que lo llevarían de vuelta a prisión, ya que la mayoría de aspirantes a la Presidencia ha ofrecido justicia a las víctimas.
«Su lógica es que no importa el costo a pagar, ya que el costo de perder el poder es superior, por eso su lógica sigue siendo el poder o la muerte», sostuvo Vargas.
Así, el exguerrillero sandinista aparentemente está dispuesto a arriesgar a que su círculo cercano sufra más sanciones económicas de diferentes países, tal como ocurre desde 2018, indicó el analista.
Más de 20 familiares, allegados y empresas de Ortega, han sido objeto de condenas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o la Unión Europea, por «serias violaciones a los derechos humanos» o por corrupción.
UNA POLÍTICA SANDINISTA
La «lógica del poder o la muerte» de Ortega, quien ya gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, es conocida en Estados Unidos como «la política de cárcel, exilio o muerte», y fue advertida en vida por el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Tomás Borge (1930-1912).
«Todo puede pasar aquí (en Nicaragua), menos que el Frente Sandinista pierda el poder (…). Yo le decía a Daniel Ortega: podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder, y hagamos lo que tengamos que hacer», dijo Borge.
Datos avalados por la CIDH indican que desde las masivas protestas contra Ortega en 2018 miles de nicaragüenses han ido a prisión, mientras 112 de ellos continúan encerrados como «presos políticos» y otros 10 ya lo estaban antes de ese año, otros 103.000 huyeron al exilio, y 320 fueron asesinados.
Algunos organismos locales, como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informaron de 684 muertos hasta 2020. Ortega ha reconocido 200 víctimas mortales, y alega haberse defendido de un supuesto «golpe de Estado fallido».
Los comicios de Nicaragua están previstos para el 7 de noviembre. Mientras eso ocurre, algunos nicaragüenses comparten en sus redes una escena de la película «El Dictador» (2012), en la que general Haffaz Aladeen (Sacha Baron Cohen), corre sobre la pista con una pistola que usa para eliminar a sus contrincantes, a la vez que los jueces salen a su encuentro para declararlo ganador.
*EFE/Wilder Pérez R.
