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Policía prohíbe marchar a empresarios y los señala de delincuentes

La Policía sostiene que Cosep, AmCham y Funides cometieron actos delictivos al «promover y financiar tranques».

La Policía sostiene que Cosep, AmCham y Funides cometieron actos delictivos al «promover y financiar tranques».

La Policía prohibió a los empresarios marchar este jueves  en Managua alegando que “fueron parte del intento de golpe de estado contra el gobierno de Nicaragua”.

El empresariado nicaragüense agremiado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); la Fundación Nicaragüense  para el Desarrollo Económico y Social (Funides); y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham)  había solicitado a la Policía autorización para marchar este jueves 24 de enero en Managua.

Jaime Venegas, inspector general de la Policía, leyó un comunicado de la institución en el que señala que los solicitantes del permiso “cometieron actos delictivos y promovieron y financiaron  los tranques durante el intento de golpe de Estado en Nicaragua», por tanto les niega el permiso para realizar la marcha.

Según la Policía, Cosep, AmCham y Funides  “fueron partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado que trajo como consecuencia la pérdida de valiosas vidas humanas, tortura, lesiones y sangre derramada entre hermanos nicaragüenses, delitos tipificados en el Código Penal”.

“Los solicitantes actuaron delictivamente contra la Constitución Policía de Nicaragua pretendiendo cambios institucionales a través de la violencia y el terror. Fueron promotores, incitadores y responsables de la realización de tranques en el país donde se torturó, violó y asesinó a nicaragüenses”, agrega el comunicado de la institución.

La Policía argumenta que la Ley 849, Ley de las Cámaras y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua establece que estas “se abstendrán de realizar acciones políticas, partidarias o religiosas”.

SECTOR PRIVADO SE AMPARA EN LA CONSTITUCIÓN

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El sector privado que sostiene que  en correspondencia con la Constitución y las leyes del país tienen como fines en sus estatutos “desarrollar todo tipo de actividades que tienden a fomentar la seguridad y el bienestar económico, social y físico de los nicaragüenses”.

Los empresarios informaron el pasado martes que habían solicitado el permiso «en correspondencia con los derechos que nos concede la Carta Magna» que garantiza el derecho a la libre concentración, movilización y manifestación.

Despacho 505 conoció que este jueves representantes del sector privado brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer su posición al respecto.

LEA: Empresarios solicitan permiso para marchar en Managua

MARCHAS CONTRA EL RÉGIMEN SON CONSIDERADAS ILEGALES

Las marchas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua fueron declaradas “ilegales” por la Policía desde el 29 de septiembre del año pasado.

El pasado 23 de noviembre la Policía negó el permiso a marchar que había solicitado la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que pretendía movilizarse en Managua el 25 de noviembre para el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.

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La institución sostiene que “no autoriza ni autorizará manifestaciones públicas a personas e instituciones que participaron y están siendo investigadas por sus acciones en el fallido intento golpe de Estado”.

POLICÍA, LA INSTITUCIÓN MÁS REPRESORA

La Policía aún no reconoce su responsabilidad durante la represión a las protestas iniciadas en abril, que según organismos de derechos humanos ha dejado entre 325 y 500 muertos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue expulsado del país en diciembre pasado, concluyó en su informe final que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió crímenes de lesa humanidad.

“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, precisa el informe .

El informe agrega que la institución que más represión ha cometido es la Policía, a la que señalan de utilizar armas de guerra para disolver las protestas, y sugieren una investigación a fondo del aparato estatal.


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