La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de la independiente radio La Costeñísima en Bluefields, denunció este lunes ser víctima de agresión física, asedio y violación a su derecho de libertad de movilización por parte de agentes de la Policía Orteguista.  

A las 5:00 a.m. al menos cinco agentes policiales, incluyendo dos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), llegaron a la casa de la periodista para impedirle la salida a su trabajo en la radio este 19 de abril, cuando se conmemora el tercer aniversario de la Rebelión de Abril contra el régimen de Daniel Ortega.  

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El pasado sábado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la intensificación, en los últimos días, de ataques estatales a personas trabajadoras de la prensa. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), dijo tener información sobre asedio, amenazas y requisas arbitrarias e ilegales a periodistas independientes.  

“La CIDH recuerda al Estado que debe propiciar un entorno de trabajo seguro para la prensa, garantizando la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, mediante difusión de información e ideas de interés público”, señaló el organismo.  

OPOSITORES SIN PODER SALIR DE CASA 

La agresión a la periodista se da en un contexto en el que decenas de opositores y activistas han denunciado ser víctimas de actos represivos similares.  

Desde el pasado viernes, cuando la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó a dos días de “duelo nacional” este 18 y 19 de abril, el régimen ha intensificado la persecución y asedio a líderes opositores en todo el país.  

La UNAB ha contabilizado que al menos 40 de sus miembros tienen “casa por cárcel” porque la Policía Orteguista les impide la libre movilización.  

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El régimen mantiene un fuerte despliegue policial en rotondas, calles, carreteras y sitios de posibles concentraciones de opositores. 

“Están aterrorizados tenemos. El recuerdo de esa fecha para Ortega es letal en un año electoral porque se le atribuyen crímenes de lesa humanidad. El despliegue de sus fuerzas busca imponer el miedo en la población”, señala Ivania Álvarez, activista y miembro de la UNAB. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre abril y julio de 2018 al menos 328 personas fueron asesinadas durante las protestas. Organismos locales reportaron hasta 684 desde ese año hasta mediados de 2020, mientras que Ortega, quien busca ser reelegido en las elecciones de noviembre próximo, ha admitido 200. 

Sin embargo, los asesinatos siguen impunes. Ortega atribuye las muertes a un “intento fallido de golpe de estado” en su contra y en junio de 2019 impuso una cuestionada Ley de Amnistía dejando de lado las demandas de justicia de centenares de familias víctimas.  

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