La dictadura orteguista acumula 183 sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea
En cinco años y medio también han sido sanciones cinco instituciones del Estado, dos de ellas debieron ser independientes del dictador según la ley. Entre los castigados también se cuentan a cuatro de sus hijos y ocho de sus empresas.


- July 20, 2023
- 03:09 AM
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De los muchos récords negativos que Daniel Ortega y su régimen acumula, destacan las sanciones impuestas a 183 funcionarios públicos en los últimos cinco años y medio, de 16 que lleva en el poder de manera continua desde que volvió al Ejecutivo en 2007.
Ninguna administración, ni la del liberal Arnoldo Alemán (1997-2002), el Gobierno más corrupto que llegó a tener el país desde la instalación de la democracia en 1990, llegó a números tan vergonzosos, señala un analista que pide hablar bajo identidad reservada por temor a la persecución de su familia que se encuentra en el país.
Incluso a Alemán, a su esposa María Fernanda y a su hija María Dolores Alemán, el Departamento de Estado de Estados Unidos, les prohibió el ingreso a ese país por apropiación indebida de millones de dólares del erario nicaragüense. Irónicamente, María Fernanda, fue desterrada por el dictador Ortega hacia ese país en febrero de este año junto a 221 presos políticos que mantenía en las cárceles.
Durante la administración de Arnoldo Alemán los desvisados no superaron a los 15 funcionarios.
En el tema de las sanciones, Ortega y su régimen han arrasado con la institucionalidad del país de un modo que tampoco lo hizo otro, tanto que hasta este momento, tres instituciones del Estado que dependen del Ejecutivo; Eniminas, Telcor y la Policía y dos que deberían ser independientes; la Fiscalía y el Consejo Supremo Electoral, también han sufrido sanciones porque las utiliza para mantenerse en el poder.
LA “LISTA NEGRA” EN LA ERA BOLAÑOS
El 14 de julio de 2005 el diario La Prensa publicó que una supuesta filtración de una lista falsa de 89 personajes públicos a quienes Estados Unidos habría revocado la visa para ingresar a ese país por temas relacionados a corrupción y terrorismo. La cifra era un récord y un escándalo que resultó una pifia.
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En aquella época, gobernaba Enrique Bolaños, el expresidente liberal que falleció en junio de 2021, y tuvo que enfrentar las rabietas de los líderes de su partido encabezado por Alemán y los intentos de sabotaje del mismo Daniel Ortega que hasta llegó a amenazarlo con inhabilitarlo, acortarle el período y hasta darle un golpe de Estado,para ocupar su lugar.
Le costaba conformarse con ser diputado. Era poco para él, tanto que en los 16 años que recibió la diputación como premio de consuelo por perder tres elecciones continuas, fue un diputado al quien solo le importó la inmunidad del cargo para protegerse de sus desmanes como líder de una oposición que se tomaba las calles y amenazaba con incendiar el país. Los suplentes de turno, que llegaron a ser tres diferentes, ocuparon el curul durante esos años.
En ese contexto fue lo de la “lista negra de los supuestos desvisados”. Fue “un gran susto” para los políticos nicaragüenses, tanto los que apoyaban a Bolaños contra Alemán y Ortega, como para los que se le oponían.

“Por esa época el desvisado preocupaba por un asunto de valores morales, de vergüenza, cosa que los funcionarios de este régimen no parecen conocer por su fanatismo”, señala uno de aquellos 89 funcionarios que ahora vive en el exilio y que recurrió a los tribunales contra La Prensa para exigir una retractación.
“Era grave una presunción de corrupción y terrorismo, por eso se exigió explicaciones, no era para dañar al medio, aclaro. Ahora, los funcionarios de este régimen se burlan y hasta les dicen condecoraciones. ¿Cómo un señalamiento de países tan serios se ve así? Es que han perdido el sentido común”, critica.
Y es que cuando en junio de 2019, el eterno diputado sandinista Gustavo Porras se contó entre los sancionados, dijo en una sesión de la Asamblea Orteguista que se sentía orgulloso por las sanciones. “Es una condecoración”, llegó a decir en una intervención de dos minutos y 20 segundos.
Lo que no dijo, es que era por esas sanciones, que ese poder del Estado se vio obligado a reformar su ley orgánica para quitarle a él funciones administrativas y siguiera en esa misma silla. “Quedó condecorado y decorativo”, señala un exdiputado de oposición.
UN GOLPE TRAS OTRO
Ortega ha tenido posiciones variantes para referirse a las sanciones según el clima político de su discurso. Se ha burlado de ellas y las desafía, pero otras veces se lamenta y las califica de injustas. Hasta ha llegado a pedir pruebas.
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Olvida que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo hace responsable de la muerte de 355 ciudadanos tras el levantamiento social de 2018. Y en marzo de este año, el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas, (ONU), lo acusó de cometer crímenes de lesa humanidad.

Estados Unidos, los países de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá son los países que más han castigado al régimen de Ortega con sanciones y han explicado que las motivan los señalamientos de cometer graves violaciones a los derechos humanos y socavar la democracia en Nicaragua.
Desde la crisis política que el régimen resolvió con bota militar y armamento de guerra hasta enero de 2022, 46 funcionarios públicos habían sido sancionados. A la cabeza de las primeras sanciones se enlistó a Rosario Murillo y cuatro de sus hijos; Rafael, Camila, Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo.
Las sanciones incluyeron a jefes policiales, ministros, alcaldes, jueces, magistrados, testaferros de la familia Ortega-Murillo y asesores “a la sombra” de los dictadores. Al finalizar ese 2022, en diciembre, la lista se había ampliado a 74 sancionados.
La deriva autoritaria de Ortega también causó sanciones a cinco instituciones del Estado, una lista que encabezó la Policía. Le siguió Telcor, la Fiscalía, el Consejo Supremo Electoral y Eniminas. El régimen utilizó a la Policía para reprimir las manifestaciones y le sumó sus fuerzas paramilitares para la masacres que precedieron al levantamiento social de abril y que en el país se conocieron como “Operación Limpieza”.
El temporal de sanciones han caído también sobre las empresas de la familia Ortega-Murillo: la Caja Rural Nacional (Caruna), Albanisa, Bancorp, el consorcio Zanzibar, la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP), la empresa de vigilancia El Goliat, Difuso y Mundo Digital. Las compañías reciben millones por servicios contratados por el Estado y son dirigidas por los hijos de Ortega y Murillo y otros prestanombres.
CASI TODO UN ESTADO SANCIONADO
El 14 de junio de 2022, el régimen recibió otro golpe a su aparato represor. Daniel Ortega apenas se recuperaba del desaire de ser el primer excluido en la Cumbre de las Américas, que ese año tuvo como anfitrión Estados Unidos. En ese contexto, el Departamento de Estado anunció la cancelación de 93 visas a funcionarios sandinistas por “socavar la democracia tras la ilegítima reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021”.
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Entre los afectados se contaron jueces, fiscales, funcionaros de la Asamblea Nacional que domina Ortega y funcionarios del Ministerio de Gobernación, instituciones claves del engranaje represivo del dictador. Al sumar esos 93 desvisados con los 74 funcionarios públicos anteriores, los sancionados llegaron a 167 castigados.

Pero no terminaría ahí. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en abril de este año a tres magistrados judiciales más: Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, por desterrar y despojar de sus nacionalidades a 222 nicaragüenses al declararlos traidores a la patria. Así los sancionados llegaron a los 169.
Este 19 de julio, el régimen recibió la sanción a 13 funcionarios más entre los que debutó la Procuradora del dictador Ortega, Wendy Morales. Los 13 funcionarios que sumó a diputados, jueces y fiscales, fueron incluidos por Departamento de Estado a la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos y elevó a 183 los sancionados del régimen
Entre esa cantidad se cuentan al menos cuatro alcaldes, cinco jefes policiales incluyendo el director de la institución, poco más de 20 funcionarios con rango de ministros, 99 funcionarios judiciales entre magistrados, jueces y fiscales, la Fiscal General y la Procuradora, Murillo y cuatro de sus hijos y al menos dos testaferros de su familia. Un récord lamentable para la historia política de este país.