La dictadura sigue encarcelando a opositores en Nicaragua: hay 121 presos políticos y sus familias están en la mira 

Los familiares de presos políticos están siendo víctimas de destierro y confiscación de facto de bienes y propiedades.

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  • February 16, 2024
  • 06:22 AM

La cantidad de presos políticos aumentó a 121 en Nicaragua en enero de 2024, aún después del destierro a Roma de 17 religiosos, incluido monseñor Rolando Álvarez. La dictadura de Daniel Ortega sigue encarcelando a opositores y ahora se ensaña con sus familiares, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.  

De los 121 presos políticos, 111 fueron detenidos en el contexto de la represión de abril de 2018 y otros 10 fueron detenidos antes. 92 son hombres y 19 son mujeres. La mayoría guarda prisión en la cárcel La Modelo. 

En la lista hay al menos 20 personas detenidas en el pasado y que posteriormente fueron puestas en libertad, pero que hoy nuevamente forman parte de la lista oficial de presos políticos. 

En enero se registraron seis detenciones arbitrarias por posibles motivos de persecución política. “El régimen continúa aplicando medidas represivas en contra de familiares de personas presas políticas y de excarcelados políticos. Entre estas medidas se encuentra la negación de ingreso al país y confiscación de bienes y propiedades”, denunció el Mecanismo en un informe.

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LA REPRESIÓN CONTRA FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS 

Se siguen reportando casos de ciudadanos nicaragüenses a los que, sin justificación alguna, las autoridades de Migración y Extranjería le impiden la entrada al país.  

“Entre las víctimas de esta drástica medida se encuentran principalmente familiares de personas que anteriormente fueron encarceladas por motivos políticos y posteriormente desterradas, quienes han alzado la voz en defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”, detalla el informe.  

Otras tácticas empleadas para intimidar y amedrentar a la población, especialmente a los familiares de ex presos políticos, incluyen el hostigamiento en sus hogares, la imposición de firmas diarias en estaciones policiales, la denegación del acceso a servicios públicos y la confiscación ilegal de sus bienes y propiedades.

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