CIDH: No hay condiciones para elecciones en el Caribe, serán un "retroceso" en los derechos de los pueblos indígenas y afianzarán el poder del régimen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adviritó este viernes a la comunidad internacional que Nicaragua se prepara para elegir autoridades regionales en el Caribe en un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes.

No hay condiciones, subraya la CIDH, y el proceso electoral en marcha solo garantizará "afianzar la concentración del poder" que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues ya se ha hecho con el control de total de los gobiernos municipales.

En los comicios convocados para el 3 de marzo se elegirán 90 miembros de Consejos Regionales, repartidos a la mitad en el norte y sur del Caribe nicaragüense.

La CIDH alerta de la "agudización de una estrategia represiva" del orteguismo para limitar la participación de los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al orteguismo en los comicios convocados para el 3 de marzo de 2024, comenzando por la exclusión del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), ilegalizado y confiscado en octubre pasado.

Entre los casos más graves también menciona la desaparición forzada de sus principales líderes: Brooklyn Rivera Nancy Elizabeth Henríquez; ambos beneficiarios de medidas cautelares. El organismo urge al Estado de Nicaragua que informe sobre el paradero de ambos en cumplimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

No es el primer organismo de derechos humanos que se pronuncia en defensa de la integridad de Rivera y Henríquez, pero sí es común que todos sean ingnorados.

UN ATENTADO A LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El organismo también reporta el cierre y la confiscación de radios comunitarias, la persecución permanente contra líderes y lideresas indígenas para criminalizarles y retirarles del espacio político; y los ataques sistemáticos de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar y desplazar a las comunidades de sus territorios.

"Este conjunto de acciones atenta gravemente contra la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica, coloca en riesgo su supervivencia cultural y étnica, y busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo en esa zona del país, a partir de la cooptación de sus instituciones y la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente", alerta la CIDH.

El último punto que señala la CIDH, el control absoluto del poder, es algo que el régimen Ortega-Murillo ha acelerado desde 2018, cuando comenzó su deriva autoritaria y lanzó su estrategia de aniquilación de cualquier tipo competencia política y disidencia.

En 2021, para garantizar el cuarto periodo consecutivo de Ortega en la Presidencia, la Policía y el Poder Judicial se prestaron para llevar a la cárcel a todos los aspirantes a hacerle competencia; mientras el Consejo Supremo Electoral se encargó de inhibir e ilegalizar a los partidos políticos que se perfilaban como vehículos electorales de la oposición. Luego, para las municipales de 2022, el oficialista FSLN se midió en las urnas con partidos colaboracionistas y consiguió hacerse del control total de los gobiernos locales.

En el comunicado, la CIDH llamó a Nicaragua a cesar la represión contra las comunidades indígenas y afrodescendientes y sus líderes y a "garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan participar en condiciones de igualdad, tanto en las elecciones como en la toma de decisiones sobre asuntos que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización".