Así ha cambiado la narrativa del régimen sobre las sanciones: de “condecoraciones” a “agresiones”

Desde el 27 de noviembre de 2018 cuando Estados Unidos, bajo la Administración de Donald Trump, sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor presidencial Néstor Moncada Lau acusándolos de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos en medio de la represión estatal, decenas de funcionarios e instituciones estatales han sido sancionadas por la comunidad internacional.

En un primer momento las rechazaron, después para tratar de miniminzar el impacto político y económico sobre las personas sancionadas empezaron a llamarles “reconocimiento”, “condecoración” y “medallas” a las sanciones.

En junio de 2019, durante una sesión parlamentaria, el también sancionado presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras se refirió al respecto y dijo tomarlas como un “reconocimiento”.

“Para mí es un reconocimiento, una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mi es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses”, dijo Porras después de ser designado por la Oficina del Control de Activos de Estados Unidos.

LEA: La Siboif sale al rescate ante una catástrofe bancaria con ley que protege a los sancionados

Mostrándose fuerte y desafiante, fue el propio dictador Daniel Ortega el que arremetió contra Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea: “piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Nicaragua ha pasado momentos más difíciles, mucho más duros”, recalcó durante un acto público en junio de 2021.

En septiembre de ese mismo año, el entonces canciller Denis Moncada rechazó y exigió el cese de las sanciones ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

“Las ilegales medidas coercitivas unilaterales deben cesar de inmediato, para garantizar estabilidad, paz y el desarrollo de las familias, pueblos y naciones”, enfatizó Moncada.

La narrativa cambió, reconocieron que las sanciones les duelen

Dos años después, la narrativa cambió. La dictadura reconoció que las sanciones le duelen.

LEA: La dictadura acusa de "bloqueo ilegal" al SICA por rechazo a Denis Moncada y amenaza con "medidas"

“Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones, no nos definen ni nos amedrentan, discapacitan, doblegan ni nos llegan a vendernos o rendirnos, no conocemos la palabra rendición”, admitió Moncada, en el plenario de la ONU el 26 de septiembre de 2023.

Como si se tratara de un vaivén, en junio de este 2024, Laureano Ortega Murillo, el hijo de los dictadores nicaragüenses, que también ha sido sancionado, volvió a referirse al tema y las consideró “medallas”.

“Nosotros en muchos sentidos las consideramos incluso medallas porque cada vez que nos sancionan vemos que estamos haciendo algo bien si no no lo harían”, dijo Laureano en junio pasado, en una entrevista con la cadena de noticias Russia Today (RT).

Modifican leyes para sortear sanciones

El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayerdiz asegura que a la dictadura le duelen las sanciones y que muestra de ello son sus desesperadas reformas y nuevas leyes con las que busca sortearlas.

LEA: Orden de "cordobizar" la economía genera desconfianza y podría llevar al cierre de cuentas para “guardar dólares en casa”

“Claro que sí, le duelen las sanciones al régimen, si no le doliera tanto no hubieran incluido en la Constitución, en el texto como está ahora, que la soberanía protege a los funcionarios del estado de las sanciones exteriores, que son una forma de violar la soberanía, entonces utilizan a la soberanía como un escudo, pero en realidad es un pretexto para no dar cuenta de las graves violaciones de derechos humanos”, señala Ramírez-Ayerdiz.

Esta semana se aprobó en la Asamblea Nacional la denominada Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas (Ley 1224), que obliga a los bancos a prestar servicios a los sancionados aunque eso implique ir en contra de las normativas internacionales, según explica el economista y opositor Juan Sebastián Chamorro.

“Obviamente que sí le duelen las sanciones al régimen y por eso es que hacen esta ley porque quiere a fuerza de ley, con amenaza de cárcel por traición a la patria, obligar a los bancos y a todas las institución públicas y privadas que sean reguladas de que tienen que prestarle servicios o bienes a los sancionados”, manifestó Chamorro.